El 92% de las denuncias por despojo no reciben atención directa de las autoridades y sólo el 2% culmina con la recuperación del inmueble.
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                    La madrugada del 24 de septiembre, un ataque armado ocurrió en el domicilio de la periodista y fundadora del portal de noticias Código Rojo, Silvia Peraza Azueta, en la isla de Cozumel, Quintana Roo.
A través de sus redes sociales, Peraza reportó el incidente en su cuenta de Facebook. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la casa recibió al menos tres impactos de bala.
Más tarde, la periodista se presentó en el Ministerio Público para denunciar amenazas de muerte, las cuales describió como “fuertes”.
Peraza declaró que recibió un mensaje de un número foráneo que exigía la eliminación de una nota relacionada con una denuncia sobre supuesta negligencia del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Algunos de los mensajes intimidantes contenían advertencias como: “Amiga, bájame esa publicación del IMSS. Usted sabe de qué empresa le estoy hablando y lo sabe por el dinero que recibía junto con su amiga, así que bájeme eso ya, si no, ya sabe… Somos de la empresa CDS, tenemos muy bien los datos de los depósitos de la quincena que se hacía llegar”.
Cabe recordar que las siglas CDS están asociadas a un grupo criminal con orígenes en el estado de Sinaloa. La periodista también negó tener algún nexo o haber recibido dinero de este grupo del crimen organizado.
 
                            El 92% de las denuncias por despojo no reciben atención directa de las autoridades y sólo el 2% culmina con la recuperación del inmueble.
 
                            Acumula 37 denuncias ante la FGR por presuntas irregularidades durante su gestión en Tabasco.
 
                            Este sería el comunicador número 14 asesinado en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
 
                            El Movimiento Antorchista denuncia la desaparición de Honorio Piña Mina, integrante de su Comité Estatal, y advierte posibles móviles políticos detrás del secuestro.
 
                            Al menos 34 personas de la Facultad de Química recibieron amenazas vía correo electrónico
 
                            Adelantaron que los trabajos para el retiro de los desechos “enfrentarán obstáculos significativos” debido a la falta de maquinaria pesada.
 
                            Entre las irregularidades destaca una supuesta reducción del 28% en homicidios dolosos y un aumento del 29% en asesinatos culposos en Colima.
 
                            La madre del menor pidió ayuda por síntomas graves y la única respuesta que recibió fueron empujones e insultos por parte de una doctora.
 
                            Hasta el momento, la UNAM no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el paro ni sobre las denuncias de amenazas en sus planteles.
 
                            Las autoridades indicaron que el homicidio calificado conlleva penas de 20 a 50 años de prisión en la capital del país.
 
                            Tras la revisión de ambos planteles, las autoridades concluyeron que se trató de falsas alarmas.
 
                            Las autoridades de la máxima casa de estudios mantienen un diálogo con la comunidad.
 
                            También sospechan de un caso en humanos.
 
                            Según los cálculos de los trabajadores, cada mes, se recaudan más de 10 millones de pesos.
 
                            El alcalde denunció que la penetración del crimen organizado en Uruapan tiene más de 25 años.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.