Nuestro país es importador neto de granos básicos: aproximadamente el 85 por ciento del arroz que consumimos el año pasado se importó, lo mismo ocurrió con el 70 por ciento del trigo harinable y con el 10 por ciento del frijol. Aunque en maíz blanco somos autosuficientes, el 80 por ciento del amarillo se importa también. Es decir, parte importante de la mesa del pueblo mexicano depende de la disponibilidad de esos productos en el mercado mundial, con el agravante de que en la última década se registraron grandes fluctuaciones en sus precios internacionales y que esta dependencia se traduce en hambre para buena parte de nuestro pueblo.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció un programa de precios de garantía que, a decir suyo, permitirá a México alcanzar la autosuficiencia alimentaria. El programa está destinado a los dos millones de productores medianos, quienes poseen entre cinco y 20 hectáreas de tierras de cultivo. La política de precios de garantía implica la transferencia de recursos de un sector de la población al de los productores medianos, para que éstos sean recompensados por encima de lo que producen. Para los santones del mercado, ésta es una aberración de principio. Sin embargo, si se emplea con inteligencia, puede ser útil para lograr en corto plazo determinados propósitos.

Los problemas de la producción agrícola difieren entre cultivos y regiones; para solucionarlos habrá que diseñar estrategias caso a caso. Pero en general, la agricultura mexicana se realiza en condiciones de producción muy atrasadas. Por ejemplo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) solo el 21 por ciento de las unidades productivas cuentan con sistema de riego y en la mitad de estos casos la irrigación se hace mediante canales de tierra; solo el 23 por ciento utilizan sembradoras; el 14 por ciento, cosechadoras; y la mitad de los tractores empleados tienen más de 15 años de vida. Los resultados de estas condiciones de producción son bajas en productividad y rentabilidad.

La producción de frijol y arroz en México sirve para ejemplificar lo anterior. La superficie sembrada con frijol por los productores medianos representa el 26 por ciento del total y de ella obtienen el 20 por ciento de la producción de total en México; esta cifra denota por sí misma el rezago en materia de productividad de este sector; hablando en términos de productividad promedio, en México se obtienen 700 kilogramos (kg.) por hectárea (ha.), mientras que en los campos de Estados Unidos el promedio de productividad es de dos mil kg/ha. En el caso del arroz, los agricultores medianos utilizan el 22 por ciento de la superficie total sembrada y producen también el 22 por ciento del arroz mexicano; pero su productividad, comparada con la del campo estadounidense, es contrastante; pues la mexicana es de seis toneladas por ha. y la de los países vecinos de nueve por ha.

Por sí misma, la política de los precios de garantía del gobierno de AMLO no modificará la capacidad productiva real del campo mexicano; tampoco abatirá la dependencia hacia el exterior y solo perpetuará los sistemas de producción atrasados de los agricultores medianos. Esta política no es más que otro programa de asistencialismo social para paliar la pobreza de estos campesinos, a quienes el modelo económico no deja otra salida que mantenerse en la misma situación en el largo plazo. La seguridad alimentaria es básica para la existencia de los pueblos y, sobre todo, para que mantengan su soberanía. México necesita una política eficaz que eleve su producción agropecuaria y no un paliativo que solo busca ganar votos.