Cuando las cúpulas del poder político y económico de Estados Unidos ( EE. UU.) resuelven a quién alojar en la Casa Blanca de cara al próximo cuatrienio, a tres mil 315 kilómetros, los venezolanos mantienen, en el Palacio de Miraflores, al gobierno bolivariano, sobre el que seguirá el asedio del imperialismo yanqui.

Venezuela está asentada sobre una de las mayores reservas mundiales de petróleo, lo que la convierte en sitio fundamental para la política energética estadounidense y buena parte del sistema económico internacional. Tal importancia geopolítica fue ocultada en la elección del 28 de julio, por interés de La Casa Blanca, el Departamento de Defensa, la Agencia de Seguridad Nacional, la banca internacional y trasnacionales energéticas.

Ávido de petróleo y gas para nutrir su maquinaria de guerra e industria, Occidente –liderado por  EE. UU. y la Unión Europea (UE)– se niega a prescindir de la fuente energética, de la que gozó en Venezuela durante varias décadas hasta que, hace 25 años, la Revolución Bolivariana le impuso el justo pago de regalías.

Salvo el presidente Nicolás Maduro, ninguno de los nueve candidatos a la presidencia ofreció un programa integral contra el neocolonialismo, ni denunció las sanciones que EE. UU. ha impuesto a la industria petrolera de Venezuela, justo cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumentó el 6.34 por ciento al precio internacional del barril de crudo.

En estas circunstancias, México tiene ante sí la oportunidad de desarrollar su sector energético y, en alianza congruente con Venezuela, alentar una nueva etapa en el proceso de integración de América Latina.

Muerte por sanciones

El 18 de diciembre de 2014, el Congreso estadounidense aprobó la Ley 113–278, impulsora de sanciones sobre el gobierno bolivariano para presionarlo a que cambie su política interna y externa. Promovida por el expresidente gringo Barack Obama, la legislación tenía el objetivo de malograr la economía venezolana e impedir el proceso de integración latinoamericana.

Un estudio del doctor Yamile Andrea Montenegro afirma que, con la interrupción del flujo económico, financiero y comercial, la sociedad venezolana enfrentó una altísima inflación (56.3 por ciento), su divisa se devaluó, hubo desabasto de productos básicos y aumentó la violencia.

 EE. UU. y la oposición venezolana denunciaron una supuesta persecución a periodistas extranjeros y el “cierre” de medios de comunicación, por lo que Obama ejerció sus poderes especiales. Su sucesor, Donald Trump, emitió nuevas sanciones en el primer día de su gestión; y un año después prohibió toda transacción con la moneda digital venezolana.

En abril de 2020, un navío desembarcó e intentó fallidamente promover una insurrección armada en la costa venezolana; pasó desapercibido porque, durante ese periodo, el mundo veía riesgoso que Trump buscara su reelección. El magnate no escatimó amagos contra el pueblo venezolano; previamente, en febrero de 2019, había sugerido en Miami una intervención militar con esta fanfarrona declaración: “Todas las opciones están sobre la mesa”.

Su consejero en seguridad nacional, John Bolton, quien tiempo después declaró en su contra durante un juicio, respaldó esa estrategia de máxima presión sobre los venezolanos. Esta saña les ocasionó pérdidas multimillonarias. En 2023, Nicolás Maduro informó que el sector petrolero perdió 232 mil millones de dólares (mdd), que podrían haber ido a salarios, compra de insumos y a programas sociales.

Los analistas del Centro para la Investigación Económica y Política (CIEP), Mark Wiesbrot y Jeffrey Sachs, publicaron, en un ensayo, que las sanciones impuestas por Trump eran responsables de decenas de muertes desde agosto de 2017.

“Han privado a la población de medicamentos que salvan vidas, de equipos médicos, alimentos y otros bienes esenciales que se importan, lo que es ilegal, según el derecho de EE. UU., los tratados firmados y el derecho internacional”, escribió Wiesbrot.

La organización independiente Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) reveló que el objetivo de esas sanciones consistía en agudizar la crisis económica en Venezuela para alentar la inconformidad y la oposición contra el gobierno.

Campaña híbrida

La del 28 de julio fue la sexta elección presidencial de este milenio en Venezuela (2000, 2006, 2012, 2013, 2018 y 2024); además de los actores políticos internos, el gobierno y la oposición, participó un tercero: el gobierno estadounidense.

Fue por esto que, el 17 de octubre de 2023, dos delegaciones con ideas políticas opuestas, salvaron los mil 77 kilómetros que separan a Venezuela de la isla caribeña de Barbados y firmaron compromisos para garantizar la celebración de los comicios.

A dos mil 72 kilómetros, el tercer actor observó complacido la aceptación de sus aliados bajo sus términos; a cambio, ofreció a Caracas levantar las medidas coercitivas. El día 22, la oposición inició sus elecciones primarias para designar candidato; cuatro días después, el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, fracturó ese bloque al postularse como candidato.

Como siempre, EE. UU. incumplió el pacto, al imponer a María Corina Machado, fiel a su interés político, explica el analista Bassem Tajeldine. La dirigente de Vente Venezuela se perfilaba como la mejor opción del frente opositor; pero en enero, el Tribunal Supremo la inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos.

A contrarreloj, y urgida por ocultar su violento pasado, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) postuló como candidato al casi desconocido exdiplomático Edmundo González, quien insistió en que no fue chavista, sino un simple embajador de Venezuela en Argentina y Argelia.

El 20 de abril, un medio de prensa exhibió este título: “El nuevo candidato de la oposición venezolana ya dobla en intención de voto a Maduro” y publicó encuestas sin respaldo. Otro diario editorializó: “¿Cómo será el deseo de cambio y transformación de los venezolanos que 80 por ciento sueña con la salida de Nicolás Maduro?”.

Los críticos, adversarios y enemigos de la revolución bolivariana se integran en un sector muy heterogéneo. Por 26 años, la mayoría se unió en torno a tres figuras: el exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles; el exgobernador del estado de Lara, Henri Falcón y la lideresa parlamentaria e ingeniera industrial María Corina Machado. Ninguno venció en las urnas a Hugo Chávez ni ha vencido a Nicolás Maduro.

Machado hizo la campaña del candidato suplente, González Urrutia, quien anunció: “No pienso estar recorriendo el país”. Con ello, la fogueada Machado confirmó que de ganar la elección y honrar su oferta de una “transición pacífica”, tendría a un personero en Miraflores.

El cuatro de julio se inició la campaña presidencial entre acusaciones no probadas de que habría “violencia” gubernamental y en un ambiente de incertidumbre. La guerra híbrida en curso puso énfasis en la difícil situación económica, sin referirse a las causas.

Ningún medio informativo –las élites venezolanas y extranjeras son propietarias de la mayoría– ha detallado los efectos negativos de las medidas económicas coercitivas estadounidenses sobre la población de Venezuela. Durante más de una década, mujeres y hombres de todas las edades de Venezuela han padecido los vetos imperialistas a la comercialización del crudo, a los viajes de funcionarios al exterior y la congelación de activos financieros.

En la campaña tampoco se recordó a Juan Guaidó, impuesto como “presidente interino” por EE. UU. Con esta designación, Washington se robó tres refinerías venezolanas asentadas en Louisiana, Texas e Illinois, para ponerlas a “disposición” de Guaidó; y, entre otras tropelías, secuestró las reservas en oro de Venezuela guardadas en la banca británica.

En resumen: el imperialismo yanqui sigue obstinado en impedir que 28 millones de venezolanos ejerzan su derecho al desarrollo integral.

Para quitar toda simpatía a la política exterior del gobierno de Maduro, la oposición recurrió a múltiples tácticas, como la falacia de que Venezuela es rehén de China, Rusia e Irán. Este discurso, creado por los estrategas de think tanks estadounidenses, es alentado por las empresas multinacionales norteamericanas en otros países.

El expresidente de la Asamblea Nacional y opositor al actual gobierno, Julio Borges, declaró a la prensa que Venezuela “es fuente de inseguridad hemisférica e incluso europea”. Sin embargo, lejos de perfilar el voto mayoritario en favor de la alianza opositora, este discurso acentuó la inseguridad de las élites con respecto al rol “defensivo” esperado de  EE. UU. y su temor a un nuevo triunfo de Maduro.

En ello habrían sido determinantes dos sucesos: el atentado fallido contra el candidato presidencial republicano en  EE. UU., Donald Trump, y el abandono de su proyecto de reelección del presidente Joseph Biden, quien delegó la candidatura a la vicepresidenta Kamala Harris.

La manipulación se agudizó a 13 días de los comicios. La prensa repitió cifras de una encuesta de Datanálisis, de la que supuestamente se desprendía que el candidato González Urrutia “podría” derrotar a Maduro con una diferencia de entre el 18 y el 25 por ciento. Analistas y expertos citados por la prensa extranjera recogían también opiniones favorables al exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, y al gobernador del estado de Zulia, Manuel Rosales.

En el fondo de esta estrategia permanecían en la oscuridad los otros aspirantes a gobernar Venezuela: el exdirector de la Defensoría del Pueblo, Antonio Escarri; el exalcalde de Caracas y por tercera vez candidato Claudio Fermín y Daniel Ceballos, exdiputado y Premio Sajarov (por la Libre Expresión) célebre en 2015 por incitar a la violencia durante protestas antigubernamentales.

En la misma lista se hallan también el independiente Benjamín Rausseo, conocido por su personaje cómico Conde del Guácharo; el exdiputado y concejal José Brito; el dos veces gobernador de Monagas, Luis Martínez, y el pastor y empresario agropecuario Javier Bertucci.

Esta oferta múltiple de posiciones políticas causó euforia; y desde el comienzo de la campaña electoral, la prensa descartó la abstención y pronosticó mayor presencia ciudadana en las urnas. Un sondeo aplicado en marzo reveló que el 60.9 por ciento de los electores acudiría a las urnas.

Escenario incierto

Pese a tal despliegue de esfuerzos, en Washington no se concretó la convicción de que triunfaría electoralmente la oposición violenta, a la que ha alentado durante más de tres lustros. Por ello, Biden abrió una instancia de diálogo virtual con el gobierno venezolano, a la que acudió el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el Consejero de Seguridad Nacional de  EE. UU., Dan Erikson.

Dos asuntos dominaron la agenda: los intereses económicos de Venezuela y el rol de Washington para “‘proteger” los derechos de los opositores durante el proceso electoral. Ambos disuadieron la añeja “preocupación” de la potencia militar por los problemas de estabilidad, gobernabilidad y seguridad.

Es claro que cuando la oposición venezolana advierte que se abre un mundo multipolar, se siente ante un escenario futuro incierto. El  EE. UU. de ahora ya no es tan poderoso ni influyente como en el pasado, cuando sus multinacionales, empresas agroindustriales, entidades financieras y agencias del Departamento de Estado (USAID y NED), entre otras, operaban libremente en el país.

Ahora ya no se muestra el fluido y vigoroso intercambio entre funcionarios de ambos gobiernos, o entre directivos de la petrolera estatal PDVSA y los altos ejecutivos de compañías estadounidenses. Hoy, Washington vive el “efecto boomerang” por la hostil estrategia que ha sostenido contra Caracas desde los gobiernos de Bush–hijo, Obama, Trump y el propio Biden.

Una vez concluido el proceso electoral, no se descarta que la rivalidad escale nuevamente. Las fuerzas opositoras más radicales en Venezuela optan por mantener abierto ese frente para recibir los fondos y publicidad que las han nutrido durante dos décadas. Las grandes empresas trasnacionales energéticas persistirán en socavar todo intento de Venezuela por ejercer su soberanía sobre sus hidrocarburos.

A días de la elección, analistas en Washington, como Kristina Mani, planteaban que un nuevo triunfo de Maduro debería ser analizado por el ejército venezolano y que éste no debería apoyar tan fácilmente a su gobierno. Esas deducciones indican que los estrategas de la superpotencia no entienden que “el pueblo entró a Miraflores” para ya jamás ser presa del águila imperial nuevamente.

Revolución de 25 años

El dos de febrero de 1999, al iniciar su gobierno, Hugo Chávez sentenció: “El pueblo entró a Miraflores”. Durante cinco lustros, el Estado nacional de la “revolución bolivariana”, la ‘revolución plebeya”, se ha defendido del acecho imperial y ha sacado del letargo de la desesperanza y la desconfianza institucional a los sectores populares, los ha organizado, dirigido y les ha dado un sentido de pertenencia y autoestima.

Como advierte Isabel Rauber, la fortaleza de este movimiento fue “el atrevimiento de Chávez por hacerse cargo, ponerse el país al hombro, sin haber tenido al principio muy claro hacia dónde iba, aunque sabía que sí quería implantar la justicia social”.

Con las Misiones Sociales incluyó a millones en el sistema de salud, alimentación y asignó a la educación más del seis por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) –el porcentaje recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)– con lo que Venezuela superó el analfabetismo.

Otras fortalezas de la revolución bolivariana son la recuperación del petróleo para los venezolanos y el impulso a la integración regional mediante la creación de instituciones como la Unión de Naciones de América del Sur (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Petrocaribe, TeleSUR y La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), recuerda Atilio Borón.

Solamente en su inicio, la Gran Misión Vivienda construyó más de cinco millones de techos dignos; y la Gran Misión Barrio Nuevo rehabilitó más de 1.5 millones de casas; la seguridad social garantizó pensiones a todos los jubilados (4.09 millones), dio acceso a la tecnología informática con software libre y sistemas operativos GNU/Linux, así como a la telefonía en zonas marginadas.

En ese cuarto de siglo, mientras se desarrollaba ese proyecto anti–hegemónico, los venezolanos atestiguaron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York (11–S): la “Cruzada antiterrorista”’, la invasión a Afganistán y la crisis de El Corralito, en Argentina.

Tras el fallecimiento del presidente Chávez, en 2013, Venezuela ha sobrevivido a varios intentos de asesinato contra Maduro y otros dirigentes; así como a la pandemia de Covid-19, con su estela de muerte y parálisis económica. Pero no todo ha sido dolor en ese cuarto de siglo; y a la región de América Latina vuelven gobiernos progresistas en el marco de un nuevo orden multipolar.