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Puebla: opacidad y corrupción en los programas para el campo
El mal funcionamiento se atribuye a las prácticas de corrupción detectadas en algunos de sus operadores, como lo ha evidenciado el análisis contable desde hace ya varios años.
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El programa Producción para el Bienestar del Gobierno Federal morenista ha profundizado la crisis de subdesarrollo agrícola en la que se halla postrado el campo mexicano desde hace más de cinco décadas.

Esta conclusión proviene de un experto en agronomía, de varios de los presuntos “beneficiarios” y del análisis contable y socioeconómico de instituciones de Estado, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

Entre las causas de su fracaso se citan el deficiente funcionamiento operativo, la insuficiencia de los apoyos a campesinos propietarios de menos de cinco hectáreas (entre seis mil 200 y 24 mil pesos anuales) y su administración político-electorera por cuenta de las dependencias federales que participan en la selección de los beneficiarios. 

El programa Producción para el Bienestar fue creado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el objetivo superar el rezago productivo que principalmente afecta a minifundistas y pequeños propietarios que cultivan frijol, maíz, trigo, avena y arroz, así como otros 25 productos de igual o menor demanda.

Entre éstos se encuentran la caña de azúcar, café, cacao, sorgo, garbanzo, haba, lenteja, calabaza, nopal, miel, cebada, soya, amaranto, chía, ajonjolí, cacahuate, cártamo, chihua (pipián), girasol, arvejón, linaza, colza o canola y leche.

Tales productos figuran en el padrón de Producción para el Bienestar y en el de la Dirección General de Apoyos Productivos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), además de que cada uno de los beneficiarios tiene su CURP recientemente validada por el Registro Nacional de Población (Renapo). 

El mal funcionamiento se atribuye a las prácticas de corrupción detectadas en algunos de sus operadores, como lo ha evidenciado el análisis contable desde hace ya varios años.

La ASF detectó irregularidades por 2.6 millones de pesos (mdp) en Producción para el Bienestar y el de Fertilizantes, programas controlados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno Federal de 2022, el mayor monto por aclarar está en el Programa de Fertilizantes, por 2.1 mdp. En su reporte 2022-0-08100-19-0245-2023, la ASF advirtió que la Sader “otorgó” fertilizantes por ese monto a 237 productores que no fueron localizados en el Padrón de Productores para la Producción del Bienestar. La ASF promovió seis acciones de responsabilidad administrativa sancionatoria, un pliego de observaciones y nueve recomendaciones a la dependencia.

En la entrega de apoyos del programa de Producción para el Bienestar a pequeños y medianos productores de granos, café y caña de azúcar, la ASF detectó montos no aclarados por más de medio millón de pesos que estaban destinados a personas que no se localizaron o que fallecieron antes de recibir el apoyo.

Condicionamiento electoral 

En 2023, la ASF precisó, en un informe, que el funcionamiento del programa Producción para el Bienestar presentaba cuatro riesgos de corrupción que “podrían” afectar su operación.

El primer riesgo lo comportaba su incumplimiento normativo de los beneficiarios, ya que éstos no están obligados a cumplir con los objetivos del programa y no se han definido sanciones para tal falla.

El segundo riesgo consistía en la posibilidad de que el personal encargado de atender en ventanillas a los productores condicionara la entrega de las órdenes de pago a cambio de favorecer a candidatos de Morena en procesos electorales.

El tercer riesgo se hallaba en el uso de este mismo condicionamiento, pero a manos del personal de las Representaciones Estatales de la Sader en los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y el de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader).

El cuarto riesgo se encontraba en la posible actuación inadecuada del personal que tiene acceso al sistema, en el que están recolectados los datos de los beneficiarios y sus predios.

La ASF puntualizó también que se duplican las entregas de apoyos de otros programas federales y reportó los nombres de 12 mil 902 beneficiarios de Producción para el Bienestar que también reciben apoyo del programa Precios de Garantía.

Inclusive destacó que mil 647 beneficiarios de ambos programas estaban incluidos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; es decir, que en el caso de algunas personas, la entrega de apoyos se triplica. 

En sus conclusiones, el informe de la ASF revela que Producción para el Bienestar tiene deficiencias en su diseño e implementación, por lo que existe el riesgo de que sus objetivos no se cumplan y que los recursos financieros no se administren con eficiencia y transparencia.

Falta tecnología en el programa

Samuel Rivera López, investigador de la división de ciencias técnicas administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), durante una visita efectuada a Huitzilan de Serdán, Puebla, compartió varias de las anomalías advertidas en los programas de apoyo al campo del sexenio morenista.

El investigador ha realizado numerosas visitas a este municipio para brindar asesorías, e impartir talleres y pláticas a los productores de café sobre educación financiera para que aumenten la rentabilidad en la comercialización de este cultivo.

Rivera agregó que entre los muchos factores adversos que la producción cafetalera enfrenta hoy debido a la crisis económica se encuentra el de la baja rentabilidad; por ello primeramente sugirió evitar su venta en “cereza” a intermediarios y buscar la posibilidad de incrementar su valor.

Recordó, asimismo, que hay varias plagas acechando el rendimiento de los cafetales; y que como las parcelas de muchos agricultores son muy pequeñas, lo más recomendable es diseñar una estrategia para que su producción sea lo suficientemente rentable. 

Una salida viable sería la creación de alguna “asociación de cultivos o alguna otra especie que pueda generar valor adicional y que al mismo tiempo pueda ayudar a fertilizar el suelo. De primera idea pienso en el frijol, ya sea de vara o de suelo”, explicó.

Con respecto a los anteriores programas gubernamentales de apoyo a los cafeticultores destacó a Procafé, que entregaba a los pequeños productores paquetes tecnológicos que contenían herramientas, plantas producidas en viveros acreditados y con material genético certificado, fertilizantes, líquidos contra plagas y capacitación técnica brindada por especialistas.

Pero éste y otros programas de apoyos económicos y en especie desaparecieron con la llegada de Morena al Gobierno Federal.

“Actualmente existe el programa Producción para el Bienestar, que absorbió todos los demás programas dirigidos a los productores de café, maíz, frijol, etc. Tienen también el programa Sembrando Vida; pero ése es más limitado, pues va dirigido a los productores que poseen más de 2.5 hectáreas de cultivo, y aquí (en Huitzilan) no es el caso. Aquí hay muchos productores pequeños que quedaron excluidos del programa y que en teoría son captados por Producción para el Bienestar; sin embargo, es deficiente”, lamentó el investigador.

A estas deficiencias se suma la politización o malversación, prácticas por las que los apoyos no llegan “a los campesinos que realmente los necesitan. El problema está en buscar la sinergia entre las diferentes dependencias para que los apoyos lleguen a los productores que lo requieren.

“Se necesita empezar a trabajar temas de colaboración de productores para que implementemos tecnologías en masa para que la producción sea mayor y al mismo tiempo sea más y mejor rentable. El cooperativismo debe ser fundamental para que el productor de Huitzilan pueda desarrollarse y tener más beneficios”, planteó.

Además, con respecto a la efectividad del programa Producción para el Bienestar, aclaró: “lo cierto es que no es un programa eficaz, uno que sirva realmente, porque es un apoyo anual de seis mil pesos que en temas de producción es prácticamente nada. Lamentablemente es lo que tenemos. Y, pues, no es algo que ayude a todos. Existe mucha malversación de los recursos.

“Otro de los programas que tienen es el de los fertilizantes que también, en teoría, está destinado a todos los productores; pero en la realidad no es así. Está concentrado en unos pocos y no está llegando a los que realmente lo necesitan”, añadió.

“No construyen, sino destruyen”

En noviembre de 2023, la ASF detectó irregularidades por 5.1 mdp en el programa emblemático de la actual Secretaría del Trabajo denominado Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF). 

En la segunda entrega de su fiscalización a la Cuenta Pública del Gobierno Federal de 2022, la ASF reportó pérdidas y deficiencias en la entrega de las tarjetas bancarias destinadas a muchos becarios.

Pero además de tales carencias, el programa no tiene capacidad para abarcar a toda la comunidad juvenil que solicita apoyos y, en palabra de generaciones mayores, el JCF no ha propiciado un mejor desempeño laboral en los jóvenes y únicamente ha motivado su ausencia en los centros de trabajo.

“Para mí, se está destruyendo. Si antes ganábamos 150 y aunque ganábamos seis o siete pesos, pero nos enseñaban a trabajar. Y como no había estos apoyos, pues la gente sí trabajaba, aprendía a trabajar. Ahora, se imagina, les están dando siete mil 500 cada mes. ¿Nosotros qué tenemos? Nada, más que nuestro trabajo”, declaró don Antonio Bonilla Vázquez.

El campesino huitzilteco señaló que, para la juventud, este programa representa una puerta hacia los vicios: “Tengo siete mil 500 pesos, me traigo mi vicio; no me acuerdo de nada y al siguiente mes otra vez me llegan mis siete mil 500. ¿Y qué nos está pasando? Hoy, por ese programa no tenemos gente para trabajar; no tenemos gente para cortar nuestro café, porque los que no estamos en esos programas no podemos pagarles eso.

“Me dicen: si me pagas 300 pesos al día voy. Y digo: ¿Cómo te voy a pagar eso si mi café está a seis pesos, pues mejor se lo regalo… estamos enflojeciendo a nuestra gente y hay quienes se aprovechan de eso. Familias que meten a dos o tres gentes y les cobran la mayor parte. Está mal ese programa, está enflojeciendo a la juventud y metiéndola en vicios”, denunció.

El programa JCF, supuestamente, tiene el objetivo de capacitar a los jóvenes con edades de 18 a 29 años que no estudian ni se emplean en centros de trabajo de los sectores privado y público. Las becas equivalen al monto de un salario mínimo mensual (siete mil 500 pesos) y se otorgan hasta por 12 meses.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) afirma que el número de becarios asciende a 2.6 millones de jóvenes; pero su administración es igual de opaca que otros programas sociales del gobierno morenista. Recientemente se detectó que 242 servidores públicos registrados en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estados (ISSSTE) eran también becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Los programas sociales del Gobierno Federal morenista son deficientes y propician actos de corrupción. A más de cinco años de su operación no han logrado reducir las carencias sociales de sus beneficiarios en los ámbitos de la educación y capacitación laboral, y menos en la producción agropecuaria.

En vez de llevar al país al “segundo piso de la transformación”, como declaran a cada momento los pregoneros de Morena, lo han perfilado hacia una crisis económica, social y política mayor.

 

Año electoral: más recursos…

Para este 2024, año en que se desarrollará el mayor proceso electoral en la historia de México, el Gobierno Federal destinó 741 mil 450.5 mdp a 15 programas sociales considerados como prioritarios.

El Presupuesto de Egresos de la Federación de este año (PEF 2024) asignó a la Secretaría del Bienestar, la dependencia que administra la mayor parte de los programas sociales, 543 mil 933 mdp, monto 25.2 por ciento mayor al gasto de 2023.

Entre sus programas sociales prioritarios destaca Sembrando Vida, cuyo gasto pasó de 37 mil 136.5 en 2023 a 38 mil 928.6 mdp en 2024, alza equivalente al 4.8 por ciento.

En cinco años, el gobierno morenista ha incrementado en 30 por ciento su gasto en programas sociales; pero no ha logrado disminuir el número de personas que viven en pobreza extrema.

Esto se debe, de acuerdo con especialistas en política pública, a que los programas sociales tienen un objetivo político-electoral y no están diseñados para ayudar a que los mexicanos más vulnerables salgan de la pobreza y la miseria extrema. Según el Coneval, en el país hay 46.8 millones de personas que viven en pobreza, cifra equivalente al 36.3 por ciento de la población total.

El gobierno morenista difunde que sus programas sociales “atienden” principalmente a los sectores más necesitados (niños, estudiantes, campesinos pobres, adultos mayores, entre otros); pero no se ha ocupado de los mexicanos situados en pobreza extrema, cuyo número creció de 8.7 millones a finales de 2018 a 9.1 millones en 2023.

¿Se deberá esta omisión a que la mayoría de estos mexicanos vive en las calles, en áreas rurales o no tiene domicilio fijo y, por tal motivo, no vota?

Con respecto a este asunto los especialistas en política social se limitan a plantear con objetividad que, durante este sexenio, menos personas con altos niveles de pobreza acceden a los programas sociales y que ello está relacionado con el cambio en la entrega de las transferencias monetarias.

Y a estas fallas se suman, por supuesto, la falta de transparencia en la operación de los programas y su control político-electoral por cuenta de los burócratas de todos los niveles del Gobierno Federal, empezando por el Presidente de la República.

Por otro lado, Dalia Toledo, directora de la organización Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos, experta en políticas públicas y desarrollo social, ha advertido que el alto costo de los programas sociales y el de obras como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas han puesto al país en una situación de alto riesgo financiero; porque entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el último lugar en recaudación fiscal.

“La realidad muestra que hay retos importantes todavía para alcanzar un México más justo, equitativo, con finanzas públicas sanas y menos corrupción”, subrayó la experta.


Escrito por Silvanna Mortera

poi


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