Los pescadores de la región del Istmo de Tehuantepec suman dos décadas en crisis socioeconómica que se ha acentuado durante los mandatos de Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En ese periodo, Salina Cruz, el principal productor marítimo de Oaxaca, ya no figura en la lista de los puertos pesqueros más importantes del Pacífico mexicano; y de las 120 embarcaciones que tenía, ahora solo le quedan 50 naves, de las cuales únicamente 35 están en condiciones de zarpar.

Entre los factores que han deteriorado a la pesquería oaxaqueña destacan el cobro excesivo de impuestos por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la falta de apoyos gubernamentales, pese a que la actividad pesquera es una fuente importante de ingresos para miles de familias.

Los puertos pesqueros más productivos del país se hallan en los estados del noroeste, Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit; seguidos por los del Pacífico sur, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; en el Caribe y el Golfo de México operan pesquerías de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

En 2019, el sector pesquero de Oaxaca daba trabajo a más 12 mil pescadores de San Mateo del Mar, Huilotepec, Álvaro Obregón, Playa Vicente, Juchitán, Unión Hidalgo, San Dionisio del Mar y Santa María Xadani, aunque sus ingresos apenas alcanzaban para cubrir sus necesidades de alimentación y otras básicas.

En Oaxaca, la falta de apoyo de los gobiernos estatal y federal ha dejado a la deriva a miles de estos trabajadores y colocado a la entidad en el lugar 17 de la producción pesquera y acuícola, a diferencia de estados como Baja California Sur y Sinaloa, donde estos productores sí reciben apoyo de los gobiernos locales.

En la actual administración federal, tanto los compromisos del Presidente como las del gobernador Murat Hinojosa han quedado en el aire; y la crisis de producción y empleo ha agudizado la situación de los pescadores de la costa sur de Oaxaca, especialmente los del Istmo de Tehuantepec.

La reducción del presupuesto federal al sector pesquero, la cancelación de programas como Bienpesca; los impuestos aplicados a partir de 2019 a los pesqueros, sin importar si producían o no; la escasez de lluvias y de agua en ríos y lagunas, provocada por las sequías y la contaminación del mar, generada por la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Salina Cruz.

A estos problemas hay que agregar los efectos catastróficos del sismo de 2017 que dejó a miles de istmeños sin hogar y los de los de la pandemia de Covid-19, que inició en 2020 y aún afecta tanto su salud como la economía.

Pemex contamina el Istmo

El año 2017 resultó crítico para los habitantes del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca, pero especialmente para los pescadores; porque el 14 y el 15 de junio hubo un incendio en la refinería Antonio Dovalí Jaime de Pemex, cuyo impacto ambiental se dejó sentir en la costa de Salina Cruz.

La producción pesquera fue la más afectada, porque los consumidores ya no compran alimentos marinos por temor a que estén contaminados; y a finales de ese mismo mes, las ventas cayeron hasta en un 50 por ciento.

En entrevista con buzos, Alejandro Gómez, pescador de Salina Cruz, recordó con detalle esa jornada: “a las nueve de la mañana escuchamos la primera explosión y más tarde volvimos a escuchar otra. Lo peor de todo es que al otro día seguían trabajando en la refinería como si nada. Contaminaron mucho el mar, ya no vendíamos nada y ninguna autoridad se acercó para ayudarnos; ni siquiera la empresa (Pemex) se preocupó por nosotros los pescadores”.

Pero los daños provocados por la paraestatal petrolera en la región no comenzaron hace cinco años, sino hace medio siglo. Fue en 1973 cuando Pemex empezó a construir las instalaciones de la refinería de Salina Cruz, y entraron en operación en 1976.

Desde entonces la producción petrolera ha contaminado el aire, el suelo y el mar, a donde vierte todos sus desechos de manera irresponsable. La Sociedad Cooperativa de Pescadores Ribereños de la agencia municipal de Salinas de Marqués, afirma que los daños al mar son irreversibles y denuncia que Pemex jamás se ha preocupado por indemnizar a los pobladores en la proporción debida.

“Hace más de 40 años que empezaron a destruir el mar y nos dan solo miserias. No quieren hacerse responsables del daño que le hacen al mar. Hace como 10 años que comenzamos a ver la situación más difícil, ya casi no hay pulpos, cabrillas u otros peces; se han ido por culpa de la contaminación. Ahora es más difícil salir al mar y regresar con una buena pesca”, añadió Alejandro Gómez.

Pero no solo los habitantes de Salina Cruz exigen que Pemex se responsabilice de los daños ocasionados: Osiel López Jacinto, agente municipal de la bahía La Ventosa, denunció en 2021 que la empresa descarga aguas residuales de la refinería Antonio Dovalí en el mar, provocando grave afectación ambiental y económica a la comunidad; ya que gran parte de la población se dedica a la pesca.

La contaminación provocada por Pemex en la producción pesquera del Istmo ha tenido varias repercusiones, además del rechazo hacia sus pescados y mariscos; pues numerosos pescadores se han visto obligados a migrar a otras áreas de trabajo como la construcción, el comercio informal y tareas relacionadas con el campo.

A estos problemas se sumó el terremoto del siete de septiembre de 2017, que tuvo una magnitud de 8.2 grados, ha sido el más fuerte en 100 años y afectó los hogares de los 41 municipios del Istmo de Tehuantepec.

El movimiento telúrico provocó escasez de agua en lagunas y, en 2018, Oaxaca cayó al penúltimo lugar en producción pesquera, quedando solo por encima de Quintana Roo, según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Hoy la situación está peor

En septiembre de 2017, el gobernador del estado, Murat Hinojosa, y el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Mario Aguilar Sánchez, recorrieron las comunidades pesqueras de los municipios de Juchitán y San Dionisio del Mar; al término de esa jornada, el segundo anunció que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) aportaría recursos financieros para reconstrucción de casas y reactivar la economía local; así como para hacer crecer en casi el 150 por ciento el programa Propesca –creado durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto– ya que pasaría de 500 a mil 400 beneficiarios.

Sin embargo, luego de varios meses de espera, miles de pescadores del Istmo ya no pudieron ingresar a ese programa. Pero su futuro no sería mejor con el ascenso de AMLO a la Presidencia de la República en diciembre de 2018; pues a partir de entonces, el sector pesquero se ha visto afectado gravemente con la supresión de algunos programas que lo beneficiaban.

La primera acción del actual Gobierno Federal contra la pesquería nacional fue el recorte de 205 millones de pesos (mdp) entre 2018 y 2020 al programa de vigilancia, lo que provocó que 263 municipios costeros (entre ellos Juchitán y Salina Cruz) padezcan la pesca ilegal en periodos de veda.

Luego de esta decisión vino un recorte de 81.1 mdp a los gastos administrativos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CNAP), que pasó de 655.1 mdp en 2020 a 584.3 mdp en 2021. Esta disminución afectó las acciones de inspección y vigilancia de la CNAP, con lo que aumentó el saqueo devastador de la pesca ilegal.

Desde que AMLO inició su gobierno, la reducción del presupuesto del sector pesquero ha sido de dos mil 512 mdp, pues de los tres mil 551 mdp que tuvo en ese año, bajó a mil 700 en 2019; en 2020 llegó a mil 200 mdp y en 2021 cayó a mil 39 mdp.

En los primeros meses de 2019, un grupo de jóvenes identificados como técnicos de la Conapesca recorrió los municipios de la Costa y el Istmo de Tehuantepec para ofrecer a los pescadores tanques de gasolina portátiles y, entre otros motivos, sustituir sus equipos de pesca; pero ninguno de estos ofrecimientos de ayuda se concretó.

A partir de 2019, el sector pesquero de altamar denunció el acoso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del SAT, que los obligaba a pagar impuestos sin importar si habían tenido producción y les impuso multas por incumplimiento de pago.

Pero además eliminó el estímulo fiscal del 100 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el que los pescadores se habían visto beneficiados desde 2016 en la compra de diésel y gasolina; y 24 cooperativas pesqueras del istmo fueron excluidas del programa Bienpesca.

Únicamente en el municipio de Juchitán, alrededor de dos mil 500 pescadores quedaron fuera de este programa, que consistía en un apoyo de siete mil 200 pesos anuales; aunque solo equivalía a 600 pesos mensuales, les servía para costear al menos unos litros de gasolina.

Ignacio Pérez Cervantes, propietario de varias embarcaciones en Salina Cruz, reveló a buzos que “la situación de la pesca es muy grave. Hace como 30 años que no pasábamos por una crisis así. No entendemos realmente al gobierno: promete ayudar, pero nos saca de los programas; dice impulsar al sector pesquero, pero nos quiere cobrar impuestos de pescas que no logramos obtener”.

Pérez Cervantes dice que la situación es tan grave que mejor ha optado por inhabilitar sus embarcaciones, ya que resulta muy costoso sacarlas al mar.

Humberto Becerra, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CNIP), aseveró que los altos costos del diésel y la gasolina están provocando que la pesca ribereña y de alta mar prolongue indefinidamente la crisis que enfrenta desde hace varios lustros.

El dirigente empresarial también se quejó del recorte que el Gobierno Federal aplicó al presupuesto de la Conapesca en 2019, el 70 por ciento del cual se destinaba a la vigilancia contra la pesquería ilegal en 263 municipios costeros del país, entre ellos los puertos de Salina Cruz, San Dionisio del Mar y Santa María Xadani.

Anselmo López Villalobos, dirigente de la industria pesquera de alta mar en Oaxaca, ha dicho en varias ocasiones que es muy preocupante la drástica disminución de productos marinos –pescados y mariscos– debido al alza en los combustibles, ya que para un viaje de 30 días se necesitan alrededor de 900 mil pesos.

Incluso comentó que con los gastos en alimentación, reparaciones y equipos de pesca, los costos de producción de un viaje de pesquería en altamar alcanza costos tan elevados y nada rentables porque la pesca obtenida apenas equivale a 600 mil pesos.

Ésta es la causa por la que muchos pescadores de San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, San Francisco del Mar y San Pedro Tanatepec organizan manifestaciones de protesta y bloquean las carreteras de la región para demandar su inclusión en programas de apoyos como Bienpesca, la adquisición de permisos, la dotación de lanchas, redes y motores.

En respuesta a algunas protestas realizadas en 2019 y 2020, el Gobierno Federal entregó tarjetas para comprar 40 mil litros de gasolina; pero solo estuvieron habilitadas cinco días y dicha cantidad estuvo fuera del alcance de los pequeños pescadores, entre quienes tal solución fue tomada como una burla, porque carecían de dinero y la capacidad para almacenar el combustible.

Otro de los factores que más preocupa a los habitantes del Istmo de Tehuantepec es el cambio climático, que ha provocado escasez de lluvias, la disminución del nivel del agua en las lagunas Superior e Inferior del Golfo de Tehuantepec y El Marqués, incluso inundaciones como las ocurridas en 2021.

También ha aumentado la presencia de plagas en la región lacustre donde, en lugar de peces, los pescadores encuentran toneladas de medusas conocidas como “bala de cañón”, lo que a muchos de ellos les impide trabajar porque no tienen botes para pescar en altamar y deben dedicarse al comercio informal o a actividades relacionadas con el campo.

Es así como la prolongada crisis pesquera –inicialmente causada por la refinería de petróleo y agudizada en el pasado reciente por la reducción presupuestal, la supresión de programas de apoyos, el acoso fiscal del SAT y el cambio climático– está matando la economía regional en Istmo de Tehuantepec.

Es por ello que los pescadores de Oaxaca exigen al Gobierno Federal que atienda sus problemas de producción y empleo; y que haga algo para remediar la dramática situación que viven miles de familias, la mayoría de cuyos integrantes están migrando a otras entidades del país o a Estados Unidos.

Para los pescadores oaxaqueños, la modernización del Tren Transístmico o Corredor Interoceánico es menos urgente y acaso un capricho más del Presidente y las grandes compañías comerciales y turísticas que se beneficiarán con tal proyecto.