El título del informe más reciente de la Oxfam sobre América Latina, ¿Quién paga la cuenta del Covid-19?, es particularmente atractivo y sugerente porque nos inclina hacia una respuesta que en principio consideramos acertada, pero que no nos atrevemos a definir de manera contundente.

Sí, adivinó usted: la cuenta la pagamos los ciudadanos de a pie… y la pagamos porque, aunque la pandemia provocó estragos en todas las clases sociales, su mayor impacto fue contra las familias de los trabajadores con menores ingresos salariales y porque, asimismo, muchos gobiernos –incluido el de México– aplicaron la estrategia “inmunidad de rebaño”, que consiste en dejar que la población se contagie para que sobrevivan los más aptos y mueran los que deban morir. ¿Invertir dinero en salvar el máximo número de personas? ¡Imposible!

Por ello, en México –donde la clase trabajadora tiene muy bajos ingresos salariales, está desnutrida, asediada por enfermedades generadas por la pobreza y no dispone de un sistema salud como el de Dinamarca– el trágico juego de la ruleta rusa provocó el fallecimiento de casi un millón de personas.

En contraste con los estratos sociales más bajos, que gastaron sus reducidos ingresos en alimentos, medicinas y servicios de comunicación elementales, los sectores privilegiados y sus grandes firmas, actuando cual buitres sobre sus presas, obtuvieron la máxima ganancia y se olvidaron en absoluto de cualquier responsabilidad social. El informe de Oxfam revela que empresas trasnacionales como Visa, Microsoft, Pfizer, Intel, entre otras (25 de las cuales son estadounidenses) aumentaron sus ganancias en más del 30 por ciento.

Hasta ahora, nadie ha explicado cómo surgió el Covid-19; pero cuando vemos los resultados de la contingencia sanitaria y cuáles fueron los países que más perdieron, resulta inevitable voltear la vista hacia las naciones donde surgieron y operan las corporaciones trasnacionales. Antes del Covid-19, la brecha de la desigualdad ya era extrema; pero ahora se ha vuelto tan profunda que podemos denominarla “asesina”, porque en muchas naciones dejó a la mayoría de los habitantes en una situación de franca sobrevivencia.

En México, así como en las economías de América Latina y el Caribe, la estructura empresarial es muy vulnerable ante cualquier situación disruptiva. Esto se debe, en primer lugar, a que la mayoría de las empresas son micro, pequeñas y medianas y, además, mayoritariamente informales (changarros); en segundo lugar, a que la mayor parte de estos negocios no han logrado reponerse del periodo más intenso y largo de la contingencia sanitaria.

Por si lo anterior fuera poco, el gobierno de México no habilitó ninguna estrategia de apoyo económico a estos empresarios para ayudarles a enfrentar el confinamiento, evitar que desaparecieran o cerraran sus negocios, y que el empleo se mantuviera. En su lugar, el Gobierno Federal, al grito de “sálvese quien pueda”, permitió que la pandemia arrasara con muchos de ellos.

Los resultados están a la vista: ahora hay una intensa movilización poblacional hacia los estados del norte del país y Estados Unidos. Las personas emigran en busca de empleos que les permitan llevar una vida decorosa. Pero como en el vecino territorio norteño las cosas tampoco están mejor, tendrán que buscar trabajos como una aguja en un pajar. Y un mercado interno deprimido como el actual resulta idóneo para que el crimen organizado compita y genere la violencia exacerbada que hoy asuela gran parte del país.

En su estudio, Oxfam también propone que se debe pasar la cuenta de la crisis sanitaria al grupo de los privilegiados; y que la mejor forma de hacerlos pagar puede efectuarse mediante la aplicación de un impuesto extraordinario y progresivo a las grandes fortunas, cuyos montos deben destinarse a mejorar la alimentación, los sistemas de salud y servicios educativos para las masas trabajadoras.

Estas acciones tendrían que beneficiar no solo a las clases oprimidas, sino también a las clases medias y a las élites; porque si no se realiza, se pondría en riesgo la estabilidad social. Bien harían los gobiernos Federal y estatales en considerar tales sugerencias, porque no tocan ni con el pétalo de una rosa a los ricos, como es el caso del estado de Puebla, donde se exprime a los ciudadanos con impuestos injustificados como el de la verificación vehicular, con el pretexto de proteger al medio ambiente. Pero, como dicen en mi pueblo, no les vaya a salir el tiro por la culata.