Ya he dicho que la guerra sucia en contra de Antorcha no es nueva, sino algo que nació junto con ella por su carácter de organización de auténtica raigambre popular. La guerra de medios actual, pues, solo tiene de nuevo una sola cosa: a diferencia del pasado, en que la mano presidencial no se hacía evidente, ahora parece que expresamente se busca que los destinatarios sepan claramente quién les envía el mensaje. Doy dos ejemplos.

Primero. En su edición del 10 de febrero, la revista Proceso lanza, por tercera ocasión en poco tiempo, una acusación “documentada” sobre la supuesta corrupción de los líderes antorchistas quienes, junto a otras organizaciones “priistas”, habrían recibido “ríos de dinero” de Sedesol, cuando su titular era el actual diputado federal, licenciado Luis Miranda Nava. El columnista Mathieu Tourliere asegura que, según documentos de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional de Sedesol, formulados durante la gestión de Miranda Nava, desde esa área se repartieron “por debajo de la mesa” (sic), decenas de millones (así, sin precisar cantidad) a organizaciones sociales a través del Programa de Empleo Temporal (PET), de Opciones Productivas y del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).

Es probable que el acucioso “investigador” de Proceso y yo no entendamos lo mismo en lo que leemos; o que no hablemos la misma lengua (su nombre y apellido no me suenan muy castizos); aun así, tengo que decir que, a mi entender, la médula de su acusación, aquello de que todo se hizo “por debajo de la mesa”, no está en los documentos que cita ni se deduce legítimamente de su contenido. Lo primero, porque implicaría que Miranda Nava y sus funcionarios se autoacusan voluntariamente de connivencia con organizaciones corruptas; lo segundo, porque los programas mencionados eran perfectamente legales, sometidos a normatividad, con objetivos bien definidos y con un presupuesto destinado a la consecución de tales objetivos. Cualquier ciudadano o grupo tenía derecho a solicitar acceso a sus beneficios, y Sedesol podía aceptar o rechazar la solicitud según cumpliera o no con la norma. Por tanto, eso de que se repartieron “ríos de dinero” “por debajo de la mesa” es de la absoluta cosecha del reportero, su aportación personal a la campaña de Proceso contra los antorchistas.

Haré gracia a los lectores de las sobadas y manidas mentiras de que Antorcha es una organización dirigida por mí y mi familia “en forma clientelar y violenta”; y al reportero la de recordarle que, si de clientelismo político hablamos, debería volver su lupa hacia los programas de entrega de dinero a los pobres, que maneja Morena y solo Morena. Eso es clientelismo, y no a escala microscópica como el que nos imputa, sino a lo grande, con todo el poder y todo el dinero del Estado. Tampoco diré nada sobre la vieja canallada de que “algunos políticos utilizan a sus integrantes (de Antorcha) como «grupo de choque»”, o que Miranda Nava “acordó otorgarle predios (a los antorchistas) en las inmediaciones” de lo que sería el nuevo aeropuerto en Texcoco. Todo esto son mentiras, basura mediática que Mathieu Tourliere, convertido en pepenador, recolectó en los tiraderos de calumnias prefabricadas por encargo. Pasemos a ver qué tan grandes son los “ríos de dinero” de que habla Tourliere.

“Con Miranda Nava –dice– Antorcha Campesina pactó 100 millones de pesos del INAES, 174 millones del PET y 100 millones de Opciones Productivas”. En total, pues, el
“río de dinero” ascendió a 374 millones. Debo recordarle al reportero de Proceso que, solo para la CNTE, aliada de Morena, y solo en estos días, el Gobierno actual ha autorizado mil millones de pesos para satisfacer sus demandas, es decir, casi tres veces lo presuntamente pactado con Antorcha. ¿Es esto corrupción? Es pregunta. Pero esto no es todo. Tourliere dice textualmente que el dinero se “pactó” con Antorcha, pero no que se le entregó. Y esto no es un simple descuido. En efecto, Antorcha nunca recibió un solo peso. Fuimos sus gestores, sí, porque para eso nacimos y en eso trabajamos desde hace 45 años, pero el dinero fue entregado a asociaciones civiles debidamente acreditadas ante Sedesol y a los ayuntamientos legítimos de Chimalhuacán, Ixtapaluca y otros en el país. Yo afirmo, además, que esos recursos se aplicaron íntegros al objetivo para el que fueron solicitados, y desafío al reportero de Proceso a que demuestre lo contrario. De paso, solicito públicamente, con el debido comedimiento, al diputado Luis Miranda Nava, que dé su versión de los hechos como una generosa contribución a la salud pública del país.

Proceso poco se ha ocupado de nosotros en el pasado, siempre, eso sí, para atacarnos y dar noticias falsas o distorsionadas en nuestra contra. Es inusitado, pues, que ahora lleve ya tres reportajes seguidos con el fin de ponernos en la picota. ¿Cómo se explica esto? ¿Quién está moviendo la cuna? Es del dominio público que el socio mayoritario y más influyente en la línea editorial de esa revista es el abogado Julio Scherer Ibarra, que, por extraña coincidencia, es consejero jurídico del actual Presidente de la República. Ítem más, Genaro Villamil, reportero estrella de Proceso por muchos años, acaba de ser nombrado titular del Sistema Público de Radio y Televisión del Gobierno del licenciado López Obrador. La imparcialidad y veracidad de Proceso y de Mathieu Tourliere, por tanto, quedan fundadamente en entredicho ante la conciencia ciudadana.

Segundo. Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y actual jefe de inteligencia financiera de Hacienda, acaba de publicar un libro titulado Sin filias ni fobias en el que nos concede el honor de un breve capítulo. El objetivo aparente es denunciar y documentar que Antorcha ha cometido delitos electorales y quejarse de que el gobierno anterior no lo dejó llevar a la cárcel a más de 400 antorchistas probadamente culpables. Sin embargo, antes de tocar ese punto, hace una serie de acusaciones verdaderamente estremecedoras sobre nosotros. He aquí un ramillete escogido por mí: “La extorsión política es su especialidad”; “se afilió al PRI para servirle como grupo de presión”; “sus dividendos (¿?) aumentaron, también su capacidad de chantaje”; “sus líderes no reparan en usar recursos (¡¡??) y manipular a sus bases para bloquear calles y reventar negociaciones” (¿??); “desde 1988 han servido como un eficaz instrumento (¿) del priismo más tradicional, más rancio y más vil, del Estado de México”; “los líderes deciden dónde se instalan las escuelas, quiénes son los maestros y qué se dice en el aula”; “también posee y administra (??¡¡) legisladores, alcaldes, regidores, maestros. Podría decirse que sus afiliados forman una estructura paralela al Estado, un Estado dentro de otro Estado”. Aclaro que los signos de interrogación y admiración son míos, y los uso para expresar mi admiración o mi desconcierto por el estilo sibilino, por la gramática enrevesada o por el absurdo aparente de la frase, que me impide entender su contenido.

Pues bien, aparte de la sorpresa y el desconcierto, nada más puedo agregar. Las citas son textuales y no están descontextualizadas: así están escritas, formando un rosario de injurias secas como pedradas a la cabeza, sin atenuantes ni intento alguno de demostración. A una afirmación pura y simple solo se puede oponer otra afirmación pura y simple: el autor miente de modo flagrante y miente desde el título mismo de su libro. ¿Se puede llamar Sin filias ni fobias un texto cargado de odio y de visceralismo feroz e inmotivado? No. Se trata de un título engañoso, de  una máscara hecha de palabras para despistar a los lectores y obligarlos a tomar los frutos de la intemperancia y de la mentira como verdades de buena ley. Significa, además, un doble abuso: el abuso que se hace de información oficial para torcer el brazo a los encargados de impartir justicia, y el abuso de usar el alto cargo que se ostenta para acusar sin pruebas y condenar al acusado sin estar facultado legalmente para hacerlo.

Ambos ataques tienen en común el proceder de personajes del primer círculo del Presidente. No es mucho suponer que cuentan con su respaldo, a lo cual abona la propia campaña presidencial en nuestra contra. Pero falta lo peor. En una de sus conferencias mañaneras, el presidente López Obrador dijo que ha ordenado investigar las gasolineras de “Antorcha Mundial” para asegurarse de que no venden combustible robado, y que dicha investigación estará a cargo de la unidad de inteligencia financiera de Hacienda cuyo titular es, precisamente, Santiago Nieto. En rigor, tal investigación es totalmente superflua, como lo sabe perfectamente Pemex, ya que la empresa monitorea en tiempo real, minuto a minuto y con tecnología digital, el combustible que entrega a cada estación de servicio y el volumen vendido por ésta. Nadie puede vender ni un litro más de lo que Pemex le surte sin que la empresa se dé cuenta. Así es, al menos, en todas las gasolineras de Antorcha.

Hay, pues, atropello de la ley al ordenar investigarnos sin motivo justificado; pero más grave e ilegal aún es confiar tal investigación a quien ha hecho profesión pública de fe antiantorchista, como Santiago Nieto. Eso lo incapacita radicalmente, según el principio de derecho acatado en el mundo entero para juzgar nuestro caso con profesionalismo e imparcialidad. Sus conclusiones están ya formuladas en su libro; podemos anticipar su sentido desde ahora y desde ahora decimos que son falsas, viciadas y nulas de origen y que no las aceptaremos de ningún modo. Las denunciaremos ante los tribunales competentes con todos los recursos a nuestro alcance. De ser necesario, llevaremos el caso a las instancias internacionales. No nos dejaremos abusar impunemente. Llamamos al México laborioso, humanista y sensato a no perder de vista nuestro caso y a brindarnos su solidaridad fraterna y su apoyo decidido en caso necesario. La defensa del antorchismo es la defensa de los derechos legítimos de todos. Somos lo mismo, somos uno solo y como tal debemos defendernos recíprocamente.