Tras independizarse de España, Nicaragua quedó en la mira de Estados Unidos (EE. UU.) cuyos capitalistas subyugaban el agro regional de Centroamérica mediante las llamadas “guerras bananeras”. Con su habitual despliegue de marines y tropas, la potencia imperial controló ese país. Hoy, en su guerra de baja intensidad, mediante el uso de mercenarios y pseudo-demócratas, Washington busca aislar a Nicaragua y obligarlo a volver a su esfera de influencia. Pero el mundo ya no es unipolar y la historia se escribe con visión multipolar. México debe sumarse a esta posición dialéctica y acompañar a los gobiernos progresistas.

La multifacética hostilidad antiprogresista contra el gobierno y el pueblo de Nicaragua busca la renuncia del presidente Daniel Ortega. Se ha desplegado una estrategia que oscila entre intentos de subversión interna y el bloqueo comercial y financiero.

Hoy aumenta la presión para suspender a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su secretario general, Luis Almagro, ha convocado al Consejo Permanente de esta institución para aplicarle el artículo 20 de la Carta Democrática Iberoamericana. En sus 70 años de historia, ese organismo solo ha suspendido a dos Estados: Cuba y Honduras. En 2018 inició ese proceso contra Venezuela.

En abril de 2018 llegó a su auge la persistente campaña para desestabilizar al gobierno del presidente Ortega y se habló de un intento de golpe de Estado. Escaló la virulencia de las protestas opositoras tras la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y para agosto aquéllas sumaban ya varias muertes.

Para retornar a la gobernabilidad y apaciguar los ánimos, el presidente Ortega invitó a la Conferencia Episcopal de Nicaragua como testigo y mediador del diálogo. Ese gesto fue saboteado y el acoso en su contra aumentó.

Entonces emergió un “plan cóndor comunicacional” –así lo llama el analista Fernando Buen Abad– en el que los medios de comunicación operan como armas de guerra ideológicas con base en esta fórmula: acusan de dictadores a gobernantes no gratos a EE. UU. e insisten en que “alguien debe hacer algo”.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG), financiadas desde el exterior, maniobraron también para socavar el sistema político nicaragüense, al infiltrar su ideología neoliberal entre jóvenes, sindicalistas, transportistas y otros sectores estratégicos. A ellas se sumó la ultraconservadora iglesia católica nicaragüense cuyo cardenal, Leopoldo Brenes, sostiene que el gobierno debe “evaluar” las observaciones de la OEA.

El 22 de diciembre se inició la construcción del Gran Canal Interoceánico (GCI), que tendrá una extensión de 298 kilómetros y en cinco años se convertirá en la ruta más corta entre Asia y los puertos de América y Europa. Una vía hacia el desarrollo de Nicaragua y todo un giro geopolítico. “Los invito a guardar en la memoria este gran momento que seguramente quedará escrito en la memoria”, decía Wang Jing, presidente de la firma china HKND concesionaria del proyecto.

El canal, cuyo costo se estima en 50 mil millones de dólares, asumirá el cinco por ciento del transporte comercial mundial y dará servicio a los barcos más grandes del mundo. Duplicará el producto interno bruto (PIB) de Nicaragua y generará más de 250 mil empleos, pues incluye un aeropuerto, dos puertos marítimos (uno en el Pacífico y otro en el Atlántico), varias carreteras, una zona de libre comercio y áreas turísticas.

Ante las críticas, el gobierno nicaragüense afirma que el desarrollo comercial y la inversión por el canal reducirán los índices de hambre y pobreza. Se protegerán las reservas biológicas, aumentará la reforestación y se reorganizará el manejo de cuencas hidrográficas para mejorar la calidad del Lago de Nicaragua.

Sin embargo, para la hegemonía estadounidense y el capital corporativo esta obra es un desafío.