Dos escenas permiten intuir de qué está hecho el izquierdismo antineoliberal del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): en una, éste comparte el pan y la sal con el multimillonario Carlos Slim y, en otra, un grupo de campesinos de Chihuahua denuncia que el río Moris fue contaminado con residuos tóxicos vertidos por la mina El Concheño, de la que es dueño el mismo “empresario con dimensión social”, según la descripción de su amigo de Palacio Nacional.

El primer cuadro escénico se montó hace varias semanas en el rancho La Chingada del Presidente, ubicado en Palenque, Chiapas. De una parte de su amena charla con el concesionario del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) –la más reciente y conocida es la construcción de un tramo del Tren Maya– el mandatario reveló esto durante su mañanera del pasado 19 de abril: “Platicamos con Carlos Slim. Es un empresario con dimensión social. Carlos Slim es muy institucional, respetuoso, cree en el país y está invirtiendo en México”.

En la segunda escena, pobladores de los municipios Moris y Ocampo denunciaron, en el palacio de gobierno de Chihuahua, ante el gobernador Javier Corral, que los residuos tóxicos que la mina de Carlos Slim soltó en el río Moris provocaron la muerte de múltiples especies animales –peces y anfibios– porque supuestamente las sustancias venenosas son lixiviados de metales pesados y cianuro. Hasta ahora, las comunidades más afectadas son Nabosaigame, El Perdedero y Aliso Cuate.

La reportera chihuahuense Patricia Mayorga Ordóñez quien, por su trayectoria, recibió en Nueva York el Premio Internacional a la Libertad de Prensa de manos de la actriz Meryl Streep, escribió sobre este problema lo siguiente: “Desde hace meses, en plena pandemia, habitantes de varias comunidades de Ocampo, denunciaron a la minera El Concheño, propiedad de Grupo Carso, por la contaminación del agua que provoca en la región. Eso afecta, dicen, no solo el consumo doméstico, sino al río Moris y a los arroyos que van hasta la cascada de Basaseachi”.

Esto sucede porque la Sierra Tarahumara es tomada como botín por las empresas mineras que una vez que se apropian del territorio, arrasan con bosques y todo lo que les viene en gana; excavan; cambian el curso de los arroyos que estorban sus actividades y vierten en aguas, vientos y suelos –sea en polvo, vapor, lixiviados o partículas– todas las sustancias venenosas que usan para extraer y refinar sus productos minerales, la mayoría destinados al mercado internacional.

Una vez que agotan las vetas de la riqueza subterránea nacional, simplemente recogen sus bártulos, despiden a los mineros y, sin decir adiós, se largan a otros sitios de México o del mundo donde continuarán con su labor predatoria contra el medio ambiente y la salud física de los pueblos colindantes a las minas.

AMLO ignoró a las víctimas

Las empresas mineras Pinos Altos y Candameña están contaminando la cascada de Basaseachi con descargas de aguas negras, aceites y cianuro en el río del mismo nombre. Estos desechos industriales afectan no solo la salud de los pobladores, sino que además merma la de por sí precaria producción agrícola de la Sierra Tarahumara, cuyos cultivos son de autoconsumo o sobrevivencia.

Estos pobladores hicieron la denuncia al Presidente, pero en los hechos los ignoró; porque los indígenas le entregaron, el 29 de septiembre de 2019, en Bocoyna, el expediente con las quejas. Ese día, la Caravana del Hambre interceptó al mandatario para informarle que sus famosos programas de apoyo al campo no llegan a la Sierra, como ocurre hasta la fecha.

O sea que el Presidente “más justiciero y defensor de los pobres” no ha tenido tiempo para atender los problemas de pobreza, marginación y hambre de uno de los pueblos indígenas “más pobres entre los pobres” de México.

En un informe emitido por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, publicado en abril de 2017, se denuncia que, en el país, se tienen identificadas seis zonas donde la sobreexplotación del agua es generada principalmente por actividades mineras circundantes o que la transportan de estas áreas acuíferas a sus campos de trabajo.

Las mineras contaminantes abundan: de acuerdo con un informe del Instituto Fraser, el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Y, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, al menos 17 mineras de esta misma nacionalidad han dañado la ecología y la salud de comunidades mexicanas.

Incluso se les relaciona con acciones de violencia en algunas áreas donde operan. Hay tres casos de asesinato y amenazas contra campesinos: en el Ejido Huizopa, en Chihuahua, cuyos miembros protestaron ante la mina de oro Dolores, de la empresa canadiense Minefinders, porque extrae ilegalmente minerales a cielo abierto en tres mil 458 hectáreas, pese a que la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) solo le dio permiso para explotar 500.

En la comunidad La Perla, del municipio de Camargo, hay una denuncia popular explícita contra la Minera del Norte, cuya empresa, en 2017, mandó acribillar a un grupo de trabajadores que organizó un paro de labores con mineros del yacimiento de Hércules, Coahuila, en demanda del pago de utilidades.

En el estado de Chihuahua operan hoy 15 grandes mineras: Agnico Eagle, DiaBras Mexicana, Grupo Coanzamex, Peñoles, Minera Plata Real, entre otras. Según los datos del Clúster Minero, estas empresas producen cinco minerales: plata, oro, cobre, plomo y zinc; el primero es el de mayor extracción. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la entidad produce 55 mil 371 toneladas de plata; siete mil 201 de zinc; dos mil 332 de plomo, 690 de cobre y 565 toneladas de oro.

Los derechos humanos, sanitarios y socioeconómicos de los indígenas en la Sierra Tarahumara, de las comunidades rurales y de los municipios son “pisoteados” impunemente. No se conoce un solo caso en que las autoridades estatales y federales hayan sancionado a alguna de estas empresas. Aunque hay una excepción, digna de ser documentada. El triunfo, aunque pequeño, fue significativo y meritorio para las clases laborales.

 A mediados de marzo de este año, y tras varios días de paro y negociaciones, los más de 100 trabajadores de la mina El Concheño lograron acuerdos con la empresa Minera Real de Ángeles para que les restablecieran sus prestaciones y su derecho de antigüedad, que de un día para otro se les había eliminado porque la empresa cambió la razón social y debían “recontratarse” como si fueran empleados nuevos.

Esta maniobra patronal generó la inconformidad de los trabajadores, quienes se dirigieron al Congreso del Estado, donde se les asignó un grupo de abogados que los asesoró y les dictó lo que debían hacer.

Otro ejemplo de irresponsabilidad y abuso impune de la clase patronal minera pudo observarse en el colapso del bordo de tierra que servía para contener el líquido de la presa de jales de la mina La Cieneguita, de la empresa Río Tinto en el municipio de Urique, ocurrido el cuatro de junio de 2018. El accidente produjo una catástrofe social y ambiental porque el derrame de los jales arrastró maquinaria, vehículos y a 11 trabajadores.

Los cuerpos de los mineros fueron encontrados destrozados y carcomidos en medio del líquido blancuzco que contenía espesas concentraciones de ácidos, metales pesados y supuestamente cianuro. Las autoridades pusieron “el grito en el cielo” hasta que el derrame llegó a la presa Huites, en territorio de Sinaloa, donde el río Urique cambia de nombre a río Fuerte, que da el nombre al principal valle agrícola de México.

La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), máxima autoridad ecológica en México, emitió un dictamen que nadie creyó porque el análisis químico que practicó “reveló” que en el derrame no había cianuro. El gobierno de Chihuahua, que tiene su propio organismo de regulación ambiental, no hizo nada, ni siquiera tuvo la curiosidad por saber si la empresa minera canadiense había incurrido en alguna responsabilidad ambiental.

El Congreso del Estado, que debió promover una investigación exhaustiva del desastre ambiental y pérdida masiva de vidas por la negligencia industrial, se ocupaba, durante esos días, en asuntos tan intrascendentes como el de analizar una iniciativa legal para “prohibir y erradicar” del territorio de Chihuahua los popotes de plástico, que son muy “nocivos para el medio ambiente”.

Pero “no pasa nadaˮ

Un informe de la Cámara Minera de México (CMM) advierte que en Chihuahua hay 16 operaciones a cielo abierto. En Yepachi, municipio de Madera, la mina canadiense Panamerican Silver Corp opera desde 2009. En los municipios de Urique y Ocampo, la canadiense Goldcorp explota las minas de El Sauzal desde 2004. En Urique se encuentra el yacimiento Cieneguita, de la empresa Río Tinto (de capital inglés y australiano). Minera Frisco, de Carlos Slim Helú, opera dos minas a tajo abierto en el municipio de Ocampo: El Concheño y Ocampo.

En las comunidades aledañas a la mina El Concheño, en Ocampo, el agua utilizada para el consumo diario no solo está contaminada, sino que es escasa. La periodista Patricia Mayorga ha presentado varias denuncias de este hecho, pero nadie le ha atendido. Hoy, indica Jesús Lozano, habitante de la comunidad de Basaseachi, en los hogares no pueden lavarse ropa ni trastes, menos utilizar el agua para cocinar, ni siquiera hervida. Poco antes de la pandemia de Covid-19, los estudiantes tomaban agua de los bebederos de las escuelas, pero eso les acarreó vómitos y diarreas.

 Entrevistado por buzos Lozano expresó su queja por la falta de atención de las autoridades correspondientes: “Conagua dijo que el agua no tenía nada; incluso vinieron, pero primero fueron a la Presidencia Municipal. La comunidad quiso hacer una huelga en la compañía minera, pero las autoridades disolvieron la protesta y hasta ahora no han hecho nada. Ha habido reuniones con los presidentes seccionales, pero poca gente se avienta al ruedo”, denunció.

Hay, como colofón, una buena noticia: la lucha de los afectados sí puede prosperar: en febrero pasado un tribunal federal ordenó suspender provisionalmente el proyecto de la mina de cobre a cielo abierto en el poblado de Samalayuca, municipio de Juárez, que impulsan ejidatarios de Ojo de la Casa, una empresa minera de Chihuahua y una compañía canadiense.

La decisión judicial se desprendió de un amparo promovido el año pasado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), con ejidatarios opositores y defensores del medio ambiente, quienes aseguran que el proyecto minero afecta un área natural protegida de 63 mil hectáreas, contigua a los Médanos de Samalayuca.