A pesar de que los médicos, enfermeros y trabajadores de limpieza de los hospitales privados, al igual que los del sector público, conforman la primera línea de batalla contra la pandemia de Covid-19, el gobierno morenista insiste en no vacunarlos, alegando que no lo merecen porque mercantilizan sus servicios y que no atienden a estos pacientes.

Dicha afirmación es totalmente falsa porque este personal, a diferencia de cualquier otro grupo social, se halla en un alto nivel de riesgo de contagio; porque ya sea en una farmacia o en una clínica, debe atender a enfermos o a portadores asintomáticos del virus. En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se dice precisamente que la cercanía representa el principal factor de contagio de Covid-19.

La crisis que enfrenta ahora el sistema nacional de salud se debe a que desde hace cuatro décadas, los recursos públicos que se le destinaban fueron cada vez menores, pese a que su cobertura aumentaba. Por ejemplo, el Seguro Popular –hoy desaparecido por decreto presidencial– afiliaba a 62 millones de personas, pero su gasto público per capita era ínfimo y cada año disminuía. Entre los países que integran la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el Estado con menos gasto público dedicado a la atención médica.

Las condiciones laborales del personal médico del sector público tampoco son buenas. Cuando se creó el Seguro Popular hubo un incremento en el gasto, pero fue destinado a la infraestructura y al equipo médico y no para mejorar los salarios ni las condiciones de los trabajadores, ya que la mayoría fueron contratados como eventuales. En el actual Gobierno Federal no ha variado esta situación y 95 mil de sus trabajadores siguen sin recibir sus plazas de trabajo regularizadas.

El gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) mantiene el orden neoliberal del sector salud con el argumento de que aplica la austeridad republicana, sin preocuparse por atender bien a las familias mexicanas y a los trabajadores de la salud. Su empeoramiento han sido suelo fértil para que florezca el sector privado. El 50 por ciento del gasto público destinado a servicios de salud en México está en las instituciones privadas, sean hospitales o farmacias-consultorio.

Estas últimas se han expandido en los últimos 20 años debido a que son una opción barata para la población más pobre que no tiene acceso efectivo a los servicios públicos de salud. Lo que han descuidado éstos es cubierto por los médicos de las farmacias-consultorio, quienes trabajan dos turnos, en sus consultas tienen mala protección contra el Covid-19 y sus condiciones laborales también informales. Muchos no se han empleado en el servicio público a pesar de que éste carece de personal.

La decisión de no vacunar al personal médico que trabaja en el sector privado revela, además de falta de sensibilidad social, un total desconocimiento de la realidad nacional; pues aquél ejecuta lo que el Estado ha descuidado en más de cuatro décadas y porque es igual de necesario que el del sector público.