México es uno de los países más inseguros para el ejercicio periodístico, como lo evidencian el asesinato de cinco reporteros en lo que va del año y la constante hostilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra la prensa, actitud que además de alentar el clima de violencia contra ésta, vulnera la democracia, consideran especialistas consultados por buzos.

Jacinto Romero Flores fue el periodista asesinado más reciente en lo que va de 2021. Tenía 61 años, era locutor de la radiodifusora Ori Estereo 99.3, en Veracruz y tenía una larga trayectoria como reportero. Fue baleado la mañana del 19 de agosto en el municipio de Ixtaczoquitlán, muy cerca de su domicilio, ubicado en la comunidad de Potrerillo.

Días antes, Romero Flores había denunciado, a través de la organización defensora de la libertad de expresión Reporteros sin Fronteras (RSF), que había recibido amenazas. Cuando se difundió su asesinato, RSF publicó en su cuenta de Twitter: “@RSF_esp condena el asesinato del periodista Jacinto Romero Flores, locutor de Oriestereo FM, ocurrido hoy en Ixtaczoquitlán, Veracruz. Había denuncias de amenazas previas. Pedimos investigación inmediata de los hechos y protección a su familia”.

Su hijo Germán Romero aclaró a la prensa que su padre era una persona tranquila y exigió justicia a las autoridades para esclarecer el caso: “Sabemos que no estaba metido en problemas, era un luchador social. Lamentablemente, hoy, a mi papá lo asesinaron en un estado donde se han asesinado muchos periodistas. Mi papá se suma a esta cifra. Sabemos que recibió amenazas; no sabemos de quién, ni cuándo; era hermético. No me pregunten más porque no sé. Pido el apoyo de sus compañeros para que hagan llegar este mensaje al presidente AMLO y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez”.

Y advirtió: “(El caso) no puede quedar impune, no puede ser un caso más de los que se habla en redes sociales y en noticieros y se les da carpetazo”. Nadie lo escuchó, la investigación sigue en proceso y hasta ahora no hay un solo detenido por este crimen y el homicidio sigue impune.

El asesinato de Jacinto se suma a otras cuatro víctimas del gremio periodístico este año y a los 43 homicidios cometidos contra periodistas en lo que va de la administración de AMLO. El pasado 21 de julio le arrebataron la vida a Ricardo López Domínguez, quien dirigía el sitio de noticias InfoGuaymas, en Sonora. El homicidio de Gustavo Sánchez Cabrera, periodista de Oaxaca, se registró el 17 de junio. El comunicador Saúl Tijerina Rentería fue asesinado el 22 de junio en Coahuila. Y a Benjamín Morales Hernández lo mataron el tres de mayo, en Sonora.

Hasta ahora no hay ningún detenido por estos delitos. De hecho, el 99 por ciento de los homicidios cometidos contra activistas defensores de derechos humanos, comunicadores y reporteros permanece impune; pues de los 43 registrados por la Secretaría de Gobernación (Segob) en la administración de AMLO, solo en dos casos se ha dictado sentencia.

Aunado a ello, en el informe Primer semestre de 2021: la violencia contra la prensa prevalece, al igual que la inacción del Estado, la organización de derechos humanos Artículo 19° aseguró que, en la primera mitad del año, se registraron 362 agresiones contra reporteros y periodistas, lo que equivale a una agresión cada 12 horas.

Asegura que la violencia contra la prensa es generalizada en el país y en prácticamente todos los estados se han documentado ataques contra periodistas y medios. Entre las agresiones más recurrentes destacan intimidaciones y hostigamientos, seguidos de amenazas, ataques físicos y el uso ilegítimo del poder público.

Actitud que alienta las agresiones

En entrevista con buzos, Itzia Miravete, coordinadora de Prevención en Artículo 19°, aseguró que la actitud del Presidente alienta a los titulares de otras dependencias federales, gobiernos estatales y locales a agredir o amenazar a reporteros y analistas. “Estigmatizar a la prensa por parte del Presidente aumenta el riesgo de realizar la labor periodística”.

Daniela Pastrana, periodista especializada en derechos humanos y movimientos sociales, concuerda con esta posición: “La actitud que ha tenido el Presidente impacta en los políticos de los estados. Las palabras del Presidente las interpretan otros políticos como atacar a todo tipo de periodistas y sobre todo a los independientes, que son los que les dan más lata. La interpretación que hacen los políticos locales de lo que dice el Presidente es como permiso para atacar al que tienen enfrente, a los periodistas independientes”, dijo a buzos.

La también integrante del consejo directivo de la organización Periodistas de a Pie, explicó que la afectación no es la misma para los periodistas de la Ciudad de México (CDMX), pues en la capital, los reporteros tienen mucha mayor exposición, lo que no ocurre con los comunicadores ni periodistas que trabajan en el interior de la República, sobre todo los independientes, quienes corren mayores riesgos.

Es el caso de Jacinto Romero Flores, a quien el portal de periodistas Pie de Página describió como “un tipo bonachón y de la vieja guardia, amante de los gatos y los perros, promotor del buen trato a los médicos que atienden el Covid-19 (como se muestra en sus redes). Jacinto escribía columnas que en ocasiones pecaban por el uso de adjetivos, pero también era un gestor de sillas de ruedas y hasta de medicinas. Un reportero de otra época”.

Tres lustros de indefensión

Desde hace quince años, México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Este año está posicionado en el lugar 143 de los 180 países más inseguros para la prensa, de acuerdo con la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa que elabora la organización RSF. Incluso ha registrado igual número de agresiones a periodistas que en los países donde había guerra, como Siria (2016) y muchas más que las habidas en Irak y Afganistán.

El especialista en medios de comunicación e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Trejo Delarbre, explicó que hay dos fuentes de agresión a los periodistas: una es el crimen organizado y otra el Estado mexicano. “Éste es un asunto complejo, pues son diferentes las agresiones a periodistas, por un lado, están las agresiones en los estados con más influencia del narcotráfico, donde el Estado mexicano tiene una insuficiente capacidad de coerción sobre la delincuencia organizada; por el otro, las agresiones que son las que diario o casi a diario propicia el Presidente de la República en contra de medios que no comparten su punto de vista”.

Trejo Delarbre reveló a buzos que las agresiones provenientes del crimen organizado se han incrementado desde hace casi 20 años, por lo que no es un asunto nuevo. Según RSF, en los últimos 10 años, 73 periodistas han sido asesinados en el país.

“Sin embargo, es preocupante el hecho de que los mecanismos de los cuales dispone el Estado mexicano, particularmente el Programa de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos —que depende de la Segob— tengan menos apoyo que en gobiernos anteriores, que no haya revisado su estructura, como han requerido las organizaciones de periodistas e incluso organismos internacionales, y se encuentre en una situación tan precaria por falta de recursos”, denunció el investigador.

Que no haya recursos ni infraestructura para que el Estado garantice la libertad de prensa y el libre ejercicio periodístico es una preocupación constante en el gremio, pues en vez de proveer a los comunicadores de mayores y mejores herramientas para realizar su trabajo, el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) ha limitado los recursos para este fin, de acuerdo con su política de austeridad.

El primero de octubre de 2020, la Cámara de Diputados, a propuesta del Presidente de la República, eliminó 109 fideicomisos con la justificación de que se trataba de una hazaña histórica contra la corrupción, medida con la que su gobierno obtendría 68 mil 400 millones de pesos (mdp) que serían reasignados para atender la pandemia, temas de salud y economía. Entre esos fondos se hallaban los del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (FPPDDHP).

Ésa fue la cereza del pastel; pues, desde 2018, las organizaciones sociales habían reclamado al gobierno de AMLO la reducción del presupuesto para proteger a periodistas en riesgo de agresión física. El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) tuvo, de 2018 a 2019, un incremento en los gastos para la atención a víctimas; mientras que la dotación de recursos al Fondo ha disminuido en 2019, 2020 y 2021”, reclamó en su momento Ángel Ruiz Tovar, investigador del Programa de Derechos Humanos de Fundar.

Aun así, la eliminación de los fideicomisos siguió su curso; para acallar los reclamos de la prensa, el Gobierno Federal activó el mecanismo para la FPPDDHP que está adscrito a la Segob; este programa protege actualmente a mil 506 personas: 495 periodistas y mil 11 defensores de derechos humanos.

Gustavo Sánchez Cabrera, director de la web de información Noticias Minuto a Minuto y del canal de televisión Panorama Pacífico TV, fue uno de los periodistas amenazados por el crimen organizado que solicitó la protección del mecanismo de la Segob. No se la otorgaron. El 17 de junio de 2021 fue asesinado por un grupo de hombres armados que le dispararon mientras viajaba en motocicleta con su hijo, cerca del municipio de Morro Mazatán, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

“Todo este escenario de violencia por parte del crimen organizado ocurre en un contexto de desinterés del Gobierno Federal por la libertad de expresión, por la situación de los medios y por el papel que éstos desempeñan en la democracia para propiciar la información y la deliberación de la sociedad. Todo esto falla cuando a los periodistas se les persigue por el crimen, por un lado, y se les descalifica por el Presidente, por el otro”, afirmó Trejo Delarbre.

La hostilidad del Presidente

Como parte de la propaganda previa a su III Informe de Gobierno en septiembre pasado, el Presidente difundió un spot en el que declaró que había cumplido su compromiso de respetar la libertad de prensa: “Dijimos que íbamos a respetar la libertad de expresión y cumplimos. Ningún periodista es perseguido, censurado; hasta se insulta al Presidente, pero no hay represión”.

Sin embargo, desde el inicio de su administración, el mandatario ha denostado la labor periodística de los medios y los reporteros recurriendo al uso de figuras, denominaciones y calificativos para desprestigiarlos, como “pasquín inmundo, hampa del periodismo, chayoteros, prensa fifí, boletín del conservadurismo, sabelotodos, hipócritas, doble cara, prensa vendida, prensa alquilada, manipuladores, prensa opositora, muerden la mano de quien les soltó el bozal, el pinocho de la semana” (buzos 944).

Por ello, la afirmación presidencial de que su gobierno garantiza la libre expresión y el derecho a la información generó escozor en la prensa del país y fue calificada de falsa. Pero la hostilidad del Presidente hacia la prensa ha ido más allá de las descalificaciones en sus conferencias mañaneras.

El 30 de junio pasado, AMLO inauguró la sección de la rueda de prensa en Palacio Nacional con el nombre Quién es quién en las mentiras de la semana, la cual está destinada a “desmentir y también a desautorizar” a la prensa y a los periodistas que no son afines a su gobierno.

“Es una burla, es un ejercicio infantil que sirve para denostar a periodistas; no hay seriedad metodológica, no hay acuciosidad analítica, es un remedo de escrutinio de los medios que, por un lado, está dificultando la precisión de los auténticos ejercicios de evaluación de los medios y, sobre todo, está utilizando el Gobierno Federal y la Presidencia de la República para descalificar a los medios”, denunció el investigador de la UNAM.

Y continuó: “El gobierno no tiene por qué señalar falsedades en los medios; tiene la obligación de aclarar lo que tenga que decir ante las noticias de los medios; pero el hecho de que el Gobierno de la República se erija como fiscal de los medios está implicando, por un lado, la extralimitación de sus funciones, y por el otro, un uso partidario, faccioso, parcial de la tribuna de Palacio Nacional para perseguir a la prensa”.

Por su parte, Itzia Miravete reveló a buzos que “cuando el Presidente estigmatiza a la prensa o cualquier crítica, en un país de los más peligrosos para ser periodista, aumenta los riesgos de sufrir otras agresiones o violencia”.

Para Daniela Pastrana los que más se ven afectados por este discurso presidencial son los reporteros y comunicadores del interior de la República y no tanto los de la capital. “El problema es que el discurso del Presidente sí le da el permiso a los políticos de los estados, o así lo entienden e interpretan, de reprimir, atacar y criminalizar a periodistas locales que están haciendo ruido. Sí tiene un impacto negativo. Según los análisis que hemos hecho, hay casos preocupantes en este sentido en Chihuahua, Guanajuato y Jalisco; lo vemos con preocupación para los colegas que están dentro de la alianza, dentro de la red, como actitudes muy criminalizantes de parte de autoridades locales”.

Las entidades federativas donde se registran más agresiones contra quienes ejercen el derecho a informar fueron la CDMX, con 64 agresiones; Tamaulipas y Quintana Roo, con 23 cada una; Puebla, con 22; Guerrero, con 21; y Baja California, con 19, según el estudio Primer semestre de 2021: la violencia contra la prensa prevalece, al igual que la inacción del Estado.

Artículo 19° asegura además que los agentes del Estado son quienes más agreden a la prensa. De las 362 agresiones registradas en la primera mitad de 2021, el 37 por ciento fue realizado por el Estado. La mayor incidencia proviene de funcionarios públicos civiles, a quienes se les atribuyeron 83 ataques, seguidos de elementos de las fuerzas de seguridad civil, con 46, y de las fuerzas armadas (Ejército, Marina y Guardia Nacional), con cinco.

“Este escenario indica que, en este tercer año de gobierno de AMLO, la violencia contra la prensa sigue sin mostrar alguna señal de revertirse, y el Estado mexicano sigue sin cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, libertad de expresión y acceso a la información”, indica el citado análisis.

Para Trejo Delarbre, la hostilidad del Presidente hacia la prensa va más allá de dañar a reporteros y analistas, porque además lesiona a la sociedad al no permitirle que se informe objetivamente para tomar decisiones. “El Presidente de la República, al hacer víctimas a periodistas y medios de comunicación de su hostilidad frecuente, al dirigir dicterios con acusaciones que no prueba, al ridiculizar a algunos periodistas, al organizar conferencias de prensa tan amañadas, está dañando la libertad de prensa, está impidiendo que la sociedad mexicana se informe de manera completa, a lo que tiene derecho; está obstaculizando, distorsionando y enrareciendo el debate público; está dañando a la democracia y, de alguna manera, está incumpliendo con su responsabilidad y con la ley”.