Hace poco, el Presidente de la República dijo que los críticos (que forman legión) de su política de “abrazos, no balazos”, se “ríen” porque no conocen ni entienden los profundos argumentos y razones que la sustentan. Por eso no creen que es el mejor camino para “serenar” y pacificar al país. Es un enfoque totalmente nuevo, aseguró. Nadie duda que el Presidente tenga argumentos y razones ocultos, y quizá tampoco sean discutibles el desconocimiento y la incomprensión consecuente, pero de aquí no se deduce, como implícitamente sostiene él, que tales principios misteriosos e insondables sean verdades indiscutibles per se, irrecusables y, por tanto, que todos debamos someternos a ellos y creer ciegamente en su infalibilidad.

El sentido común dice que, para saber quién tiene la razón, si el Presidente o sus críticos, lo mejor es someter la tesis que ya se aplica de facto a la prueba de los hechos, es decir, hacer el recuento honrado de sus resultados comprobados y aceptar el veredicto, positivo o negativo, que de ellos resulte. Y si el veredicto es negativo, corregir el rumbo. La tesis contraria quedará automáticamente descartada (o comprobada) por el principio de tercero excluido.

Afortunadamente, sobra material para hacer el intento. Yo presento aquí una pequeña colección de ese material a partir de las elecciones del 6 de junio. El día 23 de este mes, eme/equis difundió que “Diversas instancias federales han dejado correr información de que las campañas de Rubén Rocha Moya, Alfredo Ramírez Bedolla y Ricardo Gallardo Cardona fueron apoyadas con recursos provenientes del narcotráfico”. Y más abajo: “Los partidos de la Alianza por México (PAN, PRI y PRD) han denunciado el secuestro de más de un millar de sus representantes electorales, sometimiento de cuerpos policíacos municipales enteros por parte de la mafia, robo de más de un centenar de urnas en solo una ciudad y amenazas a los candidatos que decidan impugnar”. Al final del primer apartado se dice: “Las manifestaciones condescendientes del presidente de la República hacia personajes ligados al grupo delictivo del Cártel de Sinaloa, dotan de un cariz aún más oscuro al proceso electoral del 6 de junio en esas regiones”. Las negritas son del original.

Joaquín López-Dóriga, en Milenio del 24 de junio, informó que, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, acusó que “Morena es un narcopartido, que la elección del 6 de junio en Michoacán debe anularse porque representa el regreso del crimen organizado al Palacio de Gobierno, que el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, representa los intereses de esa delincuencia y que Morena ganó 13 de los 14 municipios que controla (sic) el narcotráfico”. Las cursivas en el original. Agrego por mi cuenta que, al principio, nadie tomó en serio la denuncia y acusaron a Aureoles de montar un show para evitar la cárcel por corrupción en su gobierno. Pero el gobernador michoacano ha persistido. Por “instrucciones indirectas” del Presidente, presentó su queja ante la Fiscalía General de la República e insiste en que tiene pruebas fehacientes que debe conocer el Presidente “…porque es necesario que el titular del Ejecutivo se entere y sepa lo que sucedió y el riesgo en que está el país de conducirse de manera peligrosa hacia un narcoestado…” (César Vázquez en Milenio, cinco de julio).

Ricardo Alexander Márquez/Disonancias, Excélsior del 26 de junio: “El narcoestado mexicano”: “Seguimos negando la realidad. No fue suficiente ver cómo desmantelaba a la policía federal, o dejaba doblegar a su gobierno por Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo. Tampoco que dijera que su estrategia consistía en abrazos, no balazos, mientras todos los días 100 mexicanos son asesinados de maneras inimaginables. Ni siquiera que le agradeciera al crimen organizado por «portarse bien» durante las elecciones del pasado 6 de junio, mientras criticaba a quien no votó por su «proyecto»”. “No solo es un desastre, sino que lo que está sucediendo es criminal (…) Ya no nos escandaliza ver (…) ejércitos privados retando al Estado mexicano o que sicarios vayan cazando a ciudadanos inocentes, como (…) en Reynosa. Incluso los cuerpos desmembrados ya son cosa de todos los días…”. Y más adelante: “… en el mejor de los casos, podemos afirmar que lo que sucede con el gobierno actual es simple incapacidad, aunque tal vez se trata de algo mucho más grave”. ¿El narcoestado mexicano es ya una realidad y no una amenaza cercana?

Sigamos. El 1º de julio, 3er. aniversario de la victoria electoral de AMLO, Héctor Aguilar Camín escribió en Milenio: “Masacres IV: la guerra de Zacatecas”: “En la madrugada del 22 de junio aparecieron colgados en el puente Arroyo de las Sirenas, de Zacatecas, los cuerpos de dos policías del vecino estado de San Luis. En la misma madrugada, vecinos de la colonia Las Flores reportaron disparos en una casa. La policía encontró (…) a cuatro mujeres y un hombre acribillados y a cinco niñas ilesas que habían presenciado la masacre. Dos días después un tiroteo entre bandas dejó 14 muertos en Valparaíso, Zacatecas”. La explicación, según el columnista (que cita un trabajo de Héctor de Mauleón) es la guerra entre bandas mayores y menores que se disputan ese estado.

Ese mismo día, Salvador García Soto, renombrado columnista de El Universal, resumió así los frutos de la pacificación del Presidente: “…el 2018 en que ganaba AMLO, el país contabilizaba 34 mil 202 personas asesinadas y en lo que va de esta administración, los dos años y medio de gobierno, la suma de homicidios violentos es de casi 89 mil personas asesinadas, 2,282 en el mes de diciembre de 2018, 36,661 en 2019, 34 mil 515 en 2020 y casi 15 mil asesinatos violentos en lo que va de 2021, de acuerdo a cifras del Inegi y del SNSP. Esto daría un promedio de 98 mexicanos asesinados cada día desde que empezó este gobierno.”

Y hablando de un caso específico de aplicación del “abrazos, no balazos”, Raymundo Riva Palacio refiere que “El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una mesa de negociación en Aguililla para ponerle fin al bloqueo y a los enfrentamientos, y la respuesta fue un ataque directo a instalaciones del Ejército por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, y una afrenta en la cárcel de Buenavista Tomatlán, donde miembros de Carteles Unidos están queriendo rescatar a Miguel Ángel Treviño, el Z-40, el legendario jefe de Los Zetas. Ante el abrazo, balazos”. (El Financiero, 15 de julio. Las cursivas en el original).

Todos son frutos irrenunciables del “abrazos, no balazos”, la propuesta pacificadora del Presidente. Lo totalmente nuevo consiste, dice, en la idea de que la violencia y el crimen nacen de la pobreza, la injusticia y la marginación; de ahí que el remedio sea acabar con esas lacras mediante los programas sociales; “Sembrando Vida” para los campesinos; becas, estudio y empleo para los jóvenes y sus grandes proyectos de inversión: el Tren Maya, el Aeropuerto en Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas en Tabasco. Pero resulta que los programas sociales no eliminan la pobreza. El Dr. Carlos M. Urzúa, exsecretario de Hacienda, dice: “En marzo de 2021 (…) el porcentaje de hogares que manifestaron no tener preocupación por obtener suficientes alimentos fue tan solo el 27%. Es decir, apenas un poco más de un cuarto de los hogares mexicanos reportaron tener seguridad alimentaria (…) Del 45% de los hogares que reportaron en 2018 tener seguridad alimentaria ahora solo queda ese 27%”. Y más abajo: “…se estima que el porcentaje de personas en situación de pobreza puede haber llegado en marzo de 2021 a 54%, 12 puntos porcentuales arriba de los niveles observados en 2018 (un aumento de 14.6 millones de personas)”. (El Universal, cinco de julio. El Dr. Urzúa cita un estudio de la Universidad Iberoamericana hecho con apoyo de la Unicef).

Rubén Migueles en El Universal del 1 de julio dice: “Pronostican récord de 67 millones de pobres”. “En 2018, la población en pobreza ascendió a 52.4 millones de personas, sin embargo, para mayo de 2020, el consejo (Coneval) advertía que sin políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio, la cantidad de personas en situación de pobreza por ingreso podía aumentar hasta 9.8 millones…”; y luego añade: “De acuerdo con las estimaciones más recientes, la población en pobreza había llegado a 67 millones en marzo de 2021, es decir, 14.6 millones más que en 2018…”. La pobreza extrema casi se duplicó: pasó de 9.3 a 18.3 millones, según la misma nota. Y hay datos más pesimistas sobre esto mismo.

Las noticias más recientes sobre los resultados de la estrategia presidencial tampoco son alentadoras. En gira por Guerrero este fin de semana, le llovieron quejas por la impuntualidad con que llega la “ayuda” o porque de plano no llega. Es decir, que sus programas sociales no se aplican con el profesionalismo requerido siquiera para comprar conciencias. Manuel Espino, en El Universal del 18 de julio, dice que, según la Secretaría de Marina (Semar), ahora el narco opera como cooperativas pesqueras en los mares mexicanos. Milenio de la misma fecha dijo: “Incrementa tasa de homicidios dolosos en México”. Nuevo León, Zacatecas, Baja California y Chihuahua albergan los municipios más violentos.

Crecen las denuncias por la inactividad total del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Los tres se mantienen de brazos caídos ante las acciones más violentas del crimen organizado, aunque ocurran frente a sus ojos. La razón es que tienen órdenes del Presidente de no intervenir, no atacar a los delincuentes ni defenderse, aunque la agresión vaya en su contra. Se sabe que sus jefes tienen vedado informar de una sola baja letal, del bando que sea, en las reuniones de seguridad con el Presidente cada madrugada. Finalmente, Forbes México dijo el 16 de julio: “EU detuvo más de un millón de migrantes en la frontera con México desde octubre”; y Pablo Hiriart aclaró las cosas en El Financiero del 19 de julio: “En el año fiscal 2019-2020 fueron detenidos y deportados (…) 106 mil migrantes mexicanos. Pero en lo que va de octubre de 2020 a junio de 2021, han sido detenidos o deportados 479 mil 376 mexicanos. Casi medio millón”. Más abajo dice: “Los números actuales, tan elevados, corresponden a mexicanos que se arriesgan en el río, en el desierto o se apretujan en el cajón de un tráiler, con tal de irse. ¿Por qué, cuando según el gobierno están felices, felices, felices? Por el crecimiento de la pobreza y la violencia en México”.

Éstos son algunos de los hechos que he podido recopilar. ¿Qué se desprende de ellos? Que, independientemente de lo profunda que sea la filosofía presidencial, su política pacificadora es un fracaso total y debe corregirse a la mayor brevedad. En su discurso de noviembre de 2018, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana entonces en ciernes, dijo que crimen y violencia no se combaten con las armas. Para salvar la parte de verdad que hay en esa afirmación, debió decir: no solo con las armas. Es hora de recordar a la opinión pública que ésta ha sido, precisamente, la posición que ha defendido el Antorchismo Nacional desde hace 46 años: no solo con armas, sino también con justicia social plena, hemos sostenido siempre, aunque nadie nos haga caso. Según esto, lo único nuevo de la “teoría” de AMLO es haber suprimido el “solo”, con lo cual transformó la tesis en una redonda y peligrosa falsedad. “La prueba del budín es que se le come”, dijo Engels, y el “abrazos, no balazos” no pasa la prueba del budín ni con chochos. Vale.