Desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al gobierno de México, cada 10 horas un periodista sufre una agresión y los comunicadores son víctimas de ataques y descalificaciones de los funcionarios gubernamentales del más alto nivel quienes, envalentonados por la postura de su jefe, censuran, desacreditan, amenazan y hasta persiguen a quienes los denuncian o critican.

Pasquín inmundo, hampa del periodismo, “chayoteros”, prensa “fifí”, boletín del conservadurismo, sabelotodos, hipócritas, doble cara, prensa vendida, prensa alquilada, manipuladores, prensa opositora, muerden la mano de quien les soltó el bozal… éstos son los calificativos que usa con mayor frecuencia el Presidente para referirse a los reporteros o articulistas de la prensa nacional desde que está al frente de la actual administración federal.

Desde que llegó al Palacio Nacional, las relaciones de AMLO con los periodistas y los medios de comunicación no han hecho más que empeorar. La última arenga tuvo lugar el pasado 11 de septiembre, en su conferencia mañanera, cuando llamó “pasquín inmundo” al periódico Reforma luego de que éste publicara, en primera plana, una nota sobre Macuspana, Tabasco, su pueblo natal.

La nota afirmaba que el “terruño” del Presidente fue señalado por desvíos, faltantes, y pagos injustificados con recursos federales, desde 2019 hasta la fecha, de acuerdo con una auditoría del Congreso de Tabasco. La información decía que ésa era la razón por la que había renunciado el alcalde de Macuspana, Roberto Villalpando Arias, y los nueve integrantes del Cabildo, entre los que se encontraba la cuñada de AMLO, Concepción Falcón.

Cuando una de las reporteras asistentes a la mañanera de aquel viernes preguntó al Presidente sobre el tema, López Obrador aseguró que la nota se debía a que el Reforma es un “pasquín inmundo de los de mero arriba, porque este periódico es protector, patrocinador de Carlos Salinas de Gortari”; para luego rematar: “es el caso clásico del hampa del periodismo, según la máxima de que la calumnia cuando no mancha, tizna”.

Sin embargo, el cuestionamiento sobre el por qué de la renuncia de todo el cabildo y el edil de Macuspana, nunca fue respondido. El jefe de prensa de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, tomó la palabra solo para reafirmar que la razón de la renuncia no era el desfalco de recursos federales, como afirmaba Reforma. “¿Entonces por qué renunció todo el cabildo?”, volvieron a cuestionar varios reporteros, a lo que AMLO respondió: “Ah, porque el Reforma es el boletín del conservadurismo y del salinismo como política”.

No es el único caso de agresión hacia la prensa que el Presidente ha protagonizado, y la lista de descalificaciones con las que cotidianamente se refiere al gremio periodístico es amplia. Por ejemplo, ha acusado a los comunicadores críticos de su gobierno de recibir “chayotes”, ser prensa “fifí”, vendida y que “muerden la mano de quien les soltó el bozal”, en abierta comparación con perros que traicionan a su dueño.

Antes del periódico Reforma, las revistas Nexos y Letras libres sufrieron la furia del titular del Poder Ejecutivo federal. El 28 de agosto, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Nexos para recibir contratos por publicidad oficial y solicitó el pago de una multa de 999 mil pesos porque supuestamente presentó documentación falsa para ganar un contrato en el gobierno sexenal pasado.

Dos semanas después, el nueve de septiembre, en su conferencia mañanera, AMLO proyectó en la televisión nacional los contratos públicos recibidos por sendas publicaciones; acusó a Enrique Krauze, director de Letras Libres, de recibir subsidios por 90 millones de pesos en pago de publicidad y ocho mil suscripciones. Aseguró que Nexos, que dirige Héctor Aguilar Camín, recibió 87 millones de pesos (mdp) por este concepto, aunque sus ingresos generales alcanzaron 140 millones por otros servicios, como siete mil suscripciones y contratos de capacitación. Por el momento, ambas publicaciones están vetadas en la lista de medios que contratan publicidad oficial.

Estos acontecimientos fueron la antesala de una denuncia difundida en varios medios de comunicación; pero sobre todo, en redes sociales. El desplegado titulado: “En defensa de la libertad de expresión; esto tiene que parar”, fue firmado por 650 intelectuales, académicos, periodistas mexicanos, quienes denunciaron que la libertad de expresión está bajo asedio en México.

No han sido los únicos. La coalición Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Seguridad de los Periodistas, que reúne a 17 organizaciones, asegura que la actitud del Presidente frente a la prensa crítica es irresponsable y pone en peligro, incluso mortal, a los integrantes del gremio periodístico. Desde el pasado dos de noviembre de 2019, la coalición se reunió con Jesús Cuevas para externarle sus preocupaciones ante los dichos del titular del Ejecutivo Federal, pero éste negó que su jefe hubiera actuado de esa manera.

Para el exministro del Poder Judicial de la Federación, José Ramón Cossío Díaz, cuando el presidente López Obrador se confronta con los medios de comunicación, académicos o líderes de opinión para descalificar y atacarlos, atenta contra la libertad de expresión.

En un artículo publicado en el diario El Universal, Cossío Díaz aseguró: “En ocasiones, el Presidente confronta a la noticia y, en otras, al periodista o al medio de comunicación. Cuando se confronta la noticia, la afirmación o el hecho, me parece un ejercicio legítimo. No tiene el Presidente ni nadie por qué estar de acuerdo con los datos, los reportes o la interpretación de la opinión de columnistas y articulistas. Lo que me parece muy preocupante es el ataque ad hominem al periodista fulano de tal o al articulista mengano de tal, porque es conservador, “fifíˮ o pagado, porque ahí no se está construyendo ningún tipo de ejercicio de libertad de expresión; aún más complicado me parece la denostación de los medios; eso ya no forma parte de la libertad de expresión”, escribió el exministro.

La forma de conducirse del impulsor de la “Cuarta Transformación” (4T) envalentona a los funcionarios de su gobierno, que se dedican también a descalificar a la prensa cuando ésta no les es favorable; incluso han lanzado amenazas abiertas contra periodistas; tal es el caso de Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), quien en el programa Los Periodistas, declaró: “Yo les sugeriría a los hijos de la Operación Berlín (aludiendo a Héctor Aguilar Camín) y el baile interminable de la lana, que más les vale que se queden en su esquinita o que vayan cambiando de país muy pronto”.

México, entre los más inseguros para los comunicadores

México es uno de los países más inseguros para ejercer el periodismo. En su informe Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras afirma que el gobierno de México no ha logrado frenar la impunidad contra los periodistas.

“Andrés Manuel López Obrador había dicho que la lucha contra la corrupción sería una prioridad de su gobierno. Sin embargo, desde que llegó a la presidencia, no ha destinado los recursos necesarios para frenar la espiral de violencia contra la prensa y la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra periodistas”, sostiene el análisis.

Aunque en el país no existe un escenario de conflicto armado, México es uno de los Estados más peligrosos para la prensa en el mundo y el más mortífero en América Latina. En su estudio Agresiones contra la prensa durante el primer semestre de 2020, Artículo 19º, otra organización de comunicadores, informó que cada 10 horas, un periodista sufre algún tipo de agresión en el país, cifra que reporta un incremento del 45 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, cuando se documentó una agresión cada 17 horas.

“De continuar esta tendencia, tendremos que el 2020 será el año más violento contra la prensa del que tengamos registro”, informó Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19º, durante la presentación del estudio. A decir de Maldonado, la Ciudad de México (CDMX), Puebla, Veracruz, Quintana Roo y Oaxaca son las cinco entidades más adversas para la prensa, ya que concentran el 50 por ciento de los ataques.

“Así, México continúa hundiéndose en una espiral de impunidad y violencia, lo que hace que siga siendo el país más mortífero de AL para los medios de comunicación”, asegura Reporteros Sin Fronteras. Tan solo el año pasado se registró el asesinato de 13 periodistas. En lo que va de 2020, la suma llega a cuatro: Julio Valdivia, Pablo Morrugares, Víctor Fernando Álvarez Chávez y María Elena Ferral Martínez.

Existe un deterioro generalizado en la situación de libertad de prensa, advierte Reporteros Sin Fronteras. “México continúa hundiéndose en una espiral de impunidad y violencia, lo que hace que siga siendo el país más mortífero de América Latina para los medios de comunicación (…). Cuando los periodistas investigan temas molestos para el gobierno o relacionados con el crimen organizado, sufren amenazas, intimidaciones, pueden ser asesinados a sangre fría. Numerosos periodistas han desaparecido en el país; otros, se han visto obligados a exiliarse para ponerse a salvo”.

En camino una ley mordaza

El pasado ocho de septiembre, la Gaceta del Senado de la República dio a conocer una nueva iniciativa con proyecto de decreto, con la que la legisladora morenista María Soledad Luévano Cantú propone la creación de una “Ley Nacional por la Libertad de Prensa”.

Desde su exposición de motivos, la iniciativa evidencia las intenciones gubernamentales de controlar la conducta de los medios de comunicación. Da a entender a los medios que si se portan bien y se ponen a disposición del gobierno, serán beneficiados con contratos de publicidad oficial.

Su apartado más escandaloso se halla en el Capítulo V, dedicado a la “Autorregulación”. El Artículo 33º estipula la conformación de un Comité de Autorregulación de Prensa, integrado únicamente por periodistas elegidos cada cuatro años en una votación organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE). Especifica que los recursos para el funcionamiento del comité serán incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Una vez en funciones, este comité decidirá cuáles medios obtienen contratos del gobierno y cuáles no.

En los Artículos 40º, 41º y 42º del mismo apartado, se propone que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) elaborará, cada año, la encuesta nacional de impacto de los medios de comunicación para medir su alcance y penetración. Además, levantará una encuesta de credibilidad para evaluar la calidad y la imparcialidad de los medios que cuenten, por lo menos, con un año de antigüedad en el registro nacional de medios de comunicación y periodistas.

Ambas encuestas serán la base de decisión para la compraventa de publicidad oficial. Es decir que, si se aprueba, será el escrutinio popular y no el criterio de un organismo especializado el que decida sobre el nivel de credibilidad de un medio y, por ende, su oportunidad para concursar en los contratos publicitarios del gobierno.

Para Orquídea Fong, periodista y colaboradora de la revista Etcétera, el eje de la iniciativa de ley se encuentra en “la regulación de la publicidad oficial y en crear múltiples obligaciones para los medios e instrumentos de vigilancia de la conducta de medios y periodistas, bajo la promesa y la amenaza de ganar o perder ingresos. Obligaciones todas que se traducirían en un freno a la libertad de prensa, sobre todo por motivos económicos”.

Fong critica que se ponga especial atención en la regulación de la conducta de los medios, pero no en los mecanismos para impedir que el Estado tome control de las líneas editoriales. “La práctica totalidad de esta propuesta de ley restringe el actuar de los medios de comunicación y solo lanza generalidades con respecto a los deberes del Estado. Pone a concursar dolosamente a los medios de comunicación para que demuestren quién se porta mejor. Potencia la discrecionalidad en la asignación de las pautas”.

La iniciativa, incluso, especifica el número de conferencias de prensa que deberá realizar cada nivel de gobierno. Advierte que en éstas habrá una persona que elegirá cuáles preguntas se responden y cuáles no, además de que el número de preguntas permitidas no deberá ser mayor a 30.

Para quien se extralimite en estas funciones –Capítulo IV. Conferencias generales– “se podrá presentar una queja ante el Comité de Autorregulación y Prensa; en caso de que resulte procedente, el Comité deberá hacer un llamado público al periodista para comportarse con ética en el ejercicio de su profesión”; es decir, el reportero recibirá un llamado de atención público.

Ante el intento de lo que varios periodistas han calificado como “ley mordaza”, Orquídea Fong aclara: “Considero muy probable que sea rechazada en el mismo Senado (pues) no cumple con los requisitos técnicos para ser aprobada. Sin embargo, es una muestra del espíritu autoritario y profundamente conservador de Morena y la 4T. Muchos de los puntos de esta ley están claramente pensados para complacer al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo odio por la prensa crítica está bien documentado. AMLO desea destruir a los medios críticos mientras que sostiene a los que se portan bien”.

Esto tiene que parar

Éste fue el contexto en el que 650 intelectuales, artistas, periodistas y profesores publicaron el desplegado En defensa de la libertad de expresión; esto tiene que parar. A decir de los firmantes: “El presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios (…). Sus palabras son órdenes: tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su gobierno. Y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país”.

Entre los responsables del desplegado se encuentran algunos de los periodistas agredidos por el Presidente: Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, además de los poetas Javier Sicilia, Carmen Boullosa y Adolfo Castañón; los periodistas León Krauze, Katia D’Artigues, Paulina Chavira Mendoza y Héctor de Mauleón; los escritores Rafael Pérez Gay, Ángeles Mastretta y Mónica Lavín y el exdirector del INE, José Woldenberg, entre otros.

“Estamos en un contexto de libertad amenazada, tristemente amenazada por el propio Presidente”, advirtió la académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Denise Dresser. “La libertad de expresión en México siempre ha estado en peligro por diferentes razones, pero se ha acentuado en tiempos recientes, porque parecería que desde el propio púlpito presidencial se busca cercenarla”, aseguró en entrevista con El Universal.

Es evidente que al Presidente no le gusta ser objeto de ningún tipo de crítica, asegura la politóloga, por lo que ha recurrido a los viejos recursos priistas para acorralar a la prensa; pero fue más allá, creó su propio mecanismo, uno nuevo y distinto: usar el púlpito presidencial para la arenga personal a revistas y periódicos.

“Las palabras sí importan, sobre todo las palabras que emite un Presidente al desplegar una actitud contra la libre expresión e identificar a los enemigos del gobierno. El Mandatario valida un discurso polarizante, estigmatizante y va creando ‘mini-AMLOS’ dispuestos a amenazar, descalificar. Esa violencia verbal podría traducirse en física”.

Pero el problema va más allá de la animadversión de López Obrador con la prensa. La falta de solidaridad y unión de los diversos medios de comunicación ante el continuo ataque presidencial, los convierte en un sector todavía más vulnerable, como lo señaló el director de la revista Etcétera, Marco Levario Turcott quien, en su cuenta de Twitter cuestionó: “¿Han visto a Nexos ser solidario con Proceso y a éste serlo con Animal Político? ¿Cuál ha apoyado a Reforma? ¿Reforma ha sido solidario con El Universal y éste con alguno de los mencionados? Ése es parte del problema, la mezquindad entre los medios favorece la difamación de AMLO”.