El 78 por ciento de los 2.2 millones de michoacanos que trabajan, no cuentan con las prestaciones sociales que sus patrones deberían brindarles como lo ordena la Ley Federal del Trabajo (LFT), revela un recuento estadístico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los trabajadores que son víctimas de la violación a sus derechos laborales establecidos en el Artículo 123° de la Constitución son labradores rurales, pertenecen al sector informal o se emplean en pequeñas empresas.

Un análisis estadístico de la organización civil México ¿Cómo vamos? coincide con el IMSS en que este problema afecta a más de la mitad de la población laboral michoacana, porque el 66.70 por ciento de los trabajadores no cuenta con servicio médico u otras prestaciones.

“El derecho a prestaciones laborales es fundamental y se basa en la idea de que el trabajo es un derecho humano. Al trabajar, las personas contribuyen a la economía y sociedad, por lo que merecen recibir ciertos beneficios para garantizar una vida digna. 

“Estas prestaciones sirven como una especie de red de seguridad que protege a los trabajadores ante situaciones como enfermedades, accidentes o desempleo, por mencionar algunas”, explica, entrevistado por buzos, Constantino López, licenciado en derecho y ciencias sociales.

Los trabajadores, tanto de empresas como de instituciones gubernamentales de cualquier nivel, deben contar con prestaciones de ley como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, reparto de utilidades, prima dominical, día de descanso semanal y periodo de lactancia.

“Las prestaciones de ley son independientes del salario y están diseñadas para proteger a los empleados y asegurar su bienestar y estabilidad económica”, destacó el abogado.

En su informe, el IMSS advierte que en las empresas de venta y distribución comercial, así como en las turísticas, se violenta más la legislación laboral; y que de un millón 106 mil 48 trabajadores ubicados en estas actividades, sólo 110 mil 890 se ubican en empleos formales. Los vendedores de piso y mostrador de las tiendas y centros comerciales son los más vulnerables.

Lo mismo ocurre en el sector primario, ya que de los 471 mil 937 michoacanos que trabajan en empresas agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, sólo 66 mil 226 están afiliados al IMSS. En áreas productivas, la tasa de informalidad laboral corresponde al 86 por ciento.

Ésta es del 78.7 por ciento entre los choferes del sistema transportes y comunicaciones ya que, de los 109 mil 440 habilitados en este sector, sólo 23 mil 203 están asegurados. En las empresas de servicio a personas y hogares, la informalidad representa 65 por ciento, porque de 147 mil 924 empleados, sólo 65 mil 412 están afiliados.

En la industria de la construcción hay también un déficit de 60.1 por ciento en la formalidad, pues únicamente 31 mil 196 de 78 mil 363 trabajadores están afiliados al IMSS. Las tasas de informalidad laboral más bajas se encuentran en los servicios sociales y comunales (29.1 por ciento) y la industria de la transformación, con apenas 14.3 por ciento.

“Imagina que trabajas y de repente te enfermas gravemente o tienes un accidente. Sin prestaciones, tienes que pagar todos los gastos médicos de tu bolsillo, lo que podría llevarte a una situación económica muy difícil. Las prestaciones laborales ayudan a evitar esto, al garantizar acceso a servicios de salud y otros beneficios.

“Además, las prestaciones contribuyen a reducir la desigualdad social. Al asegurar que todos los trabajadores tengan acceso a ciertos beneficios, se crea una sociedad más justa y equitativa. También fomentan la productividad, ya que los trabajadores que se sienten seguros y valorados son más motivados y comprometidos con su trabajo”, explicó el licenciado Constantino López.

Becarios “voluntarios” 

Aunque la legislación laboral de muchos países, incluido México, no concede derechos laborales a los becarios empleados, cada vez es más deseable que las empresas les ofrezcan prestaciones.

Un becario anónimo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) contactó a este semanario para denunciar que, desde hace muchos años, este organismo público trabaja con becarios cuyos sueldos no han aumentado ni se ha preocupado en contratarlos para no otorgarle prestaciones:

“Estoy como apoyo en las tareas de registro y control en el INEA de Morelia, y sé que no sólo en Michoacán, sino a nivel nacional somos muchísimas las personas que somos becarios; no tenemos un sueldo como tal, sólo nos dan un subsidio de cinco mil pesos mensuales: hay días en que los pagos tardan mucho en llegar; y no tenemos prometido nada, ni un contrato a futuro ni posibles prestaciones”.

El trabajador, quien no dio su nombre para evitar represalias, denunció que solamente en la Coordinación laboran 25 voluntarios que no tienen un sueldo ni prestaciones; reportó que, en caso de padecer algún malestar, únicamente cuenta con un seguro contratado por su esposa.

“Son muchas las personas de aquí que, si se enferman, no tienen a dónde ir. Todos los voluntarios estamos en la misma situación: en espera del subsidio, que éste suba y con la esperanza de que nos consideren como empleados”, agregó.

Apenas el 29 de enero pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que 41 mil 420 voluntarios apoyarán en las tareas de alfabetizar a personas con clases de primaria y secundaria a cargo del INEA; y que por labor educativa está garantizado un “apoyo económico”. 

Sin embargo, el comunicado oficial nada precisa sobre el personal de apoyo que auxilia en la organización, coordinación y el registro de otras tareas implicadas en la campaña de alfabetización.

Ingresos fijos y prestaciones sociales para los becarios sería una inversión a largo plazo que beneficiaría tanto a instituciones públicas como empresas privadas, porque crearían un ambiente de seguridad laboral y garantizarían el desarrollo profesional.

“Las prestaciones laborales son un derecho humano básico que busca garantizar una vida digna para todos los trabajadores y contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa”, aclaró el licenciado en derecho Constantino López, quien además hizo una recomendación: 

“En caso de no contar con prestaciones laborales, lo primero que debes hacer es informarte sobre tus derechos consultando la Ley Federal del Trabajo. Después, puedes hablar con tu empleador para tratar de llegar a un acuerdo y obtener las prestaciones que te corresponden. Si no logras un acuerdo, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para que te asesoren y te ayuden a defender tus derechos”.

Otro de los consejos del especialista es que los trabajadores se integren en un sindicato que los represente y apoye sus demandas. En caso de ser empleado sin contrato por escrito, pueden solicitar al empleador su formalización laboral.

Constantino López recordó que los empleados sin contrato tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador. “Si son despedidos, pueden interponer una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Las prestaciones de ley incluyen aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, seguro social, Infonavit”, explicó a buzos. 

Falta de compromiso 

La falta de información y el desconocimiento de los trabajadores sobre sus derechos son factores determinantes de este grave problema socioeconómico en el que, además, se han perpetuado prácticas abusivas de algunos empleadores, que se aprovechan de la necesidad y vulnerabilidad de los trabajadores.

Tal es el caso de Brenda Sofía quien, entrevistada por buzos, señala que desde hace cinco años trabaja como mesera en una taquería y, por temor a la reacción de sus patrones, no exige las prestaciones que le corresponden, aunque sabe que la administradora del negocio sí cuenta con las prescritas en la ley.

“Me da pena y miedo pedir al patrón que me dé seguro. Sólo terminé la prepa y siento que, si se lo pido, me va a correr. Creo que, para tener mis prestaciones, debo trabajar en una empresa grande o tener estudios, porque la que administra sí tiene vacaciones, seguro y más cosas; pero los de menor rango, como los meseros o cocineros, no.

“Entre todos hemos comentado que estaría padre que nos dieran aguinaldo en diciembre, o irnos de vacaciones con los días pagados o tener medicamentos y consultas sin costo en el IMSS. Pero no todos tenemos la preparación para tener prestaciones y necesito el trabajo. Sí, me arrepiento de no haber estudiado una carrera; pero ni modo”, lamentó Brenda Sofía. 

La necesidad de empleos en Michoacán regularmente hace que los trabajadores se conformen con empleos precarios y no exijan el cumplimiento de sus derechos. En esta situación se halla la arquitecta Joali García, quien se emplea todas las tardes en una papelería debido a que en su profesión escasea el trabajo.

“He tenido varios proyectos arquitectónicos propios; y cuando los he hecho, económicamente me ha ido bien. Pero no es un trabajo en el que siempre haya cosas qué hacer; hay temporadas que no hay forma de que sea remunerado. En mi desesperación por dinero, acepté trabajar en una papelería de 12 pm a 8:30 pm; no me dan prestaciones que es obligatorio otorgarle a cualquier trabajador, pero al menos es un ingreso seguro y tengo las mañanas libres por si me llega algún proyecto”, explicó.

Joali ha buscado trabajo en el sector público, empresas de construcción y consultorías; pero en Morelia, la situación es muy difícil, por lo que varios de sus compañeros de generación se han visto obligados a trabajar en el área de preparación académica y a buscar trabajo en Monterrey, Querétaro y la Ciudad de México (CDMX).

La falta de inspección laboral y el incumplimiento de la LFT contribuyen a que los patrones evadan sus responsabilidades y generan un círculo vicioso de explotación y desamparo, denunció el abogado López.

Grandes contrastes

La realidad laboral de Michoacán es contrastante porque, mientras las grandes compañías suelen cumplir a cabalidad las prestaciones sociales de ley, las pequeñas empresas, que son las más numerosas, a menudo enfrentan dificultades para formalizar a sus empleados.

Las razones son múltiples. Las primeras muestran mayor capacidad económica y pueden destinar recursos a seguros de salud, fondos de ahorro, capacitación y otros beneficios que mejoran la calidad de vida de sus empleados. Además, tienen departamentos especializados encargados de cumplir con la legislación laboral y gestionar los programas.

En contraste, las pequeñas empresas, especialmente las informales, carecen de recursos económicos, desconocen la legislación laboral y tienen grandes dificultades para acceder a financiamiento. Estas limitaciones las ponen en desventaja tanto como a sus trabajadores.

Las consecuencias de esta desigualdad son muchas: sus trabajadores son más vulnerables a las enfermedades, accidentes de trabajo y a otras contingencias. Estos contrastes generan una brecha en el bienestar laboral y afectan la productividad y el desarrollo económico de la región.

Para abordar esta problemática es necesario un esfuerzo conjunto de autoridades, empresas y trabajadores, pues se requiere implementar políticas públicas que alienten la formalización de los empresarios, la creación de programas de capacitación para los empleadores sobre sus obligaciones laborales y la promoción de una cultura de respeto a los derechos de los trabajadores, insistió Constantino López.

La situación deficitaria de los trabajadores michoacanos resulta compleja y preocupante porque no se satisfacen sus prestaciones laborales. La solución a este grave problema exige la participación de trabajadores, empleadores, gobiernos y la sociedad en general para construir políticas públicas enfocadas a promover la formalización laboral y garantizar que el respeto a los derechos de los trabajadores les permita acceder a una vida digna y segura.