El gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) desvaneció los programas dirigidos a la mitigación directa de carencias de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores; mujeres y hombres en condiciones de vulnerabilidad social y económica. Los recursos públicos destinados a aliviar la pobreza en anteriores gobiernos, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fueron reorientados a modo de apoyos con becas monetarias, principalmente para jóvenes estudiantes, y no-estudiantes sin empleo, así como otros destinados a adultos mayores a partir de los 65 años y personas con discapacidad.

Sobre los programas sociales “del Bienestar” del gobierno de la 4T, evaluaciones de organizaciones especializadas advierten problemas de transparencia en su operación e incapacidad para alcanzar el objetivo para el cual fueron creados; mientras, la pobreza ha aumentado no solo por la caída en los ingresos de las personas sino también por la reducción en su acceso a satisfactores básicos en salud, alimentación y educación.

Con el argumento de la “corrupción”, el Presidente ordenó la eliminación o la reducción al mínimo a los presupuestos de programas sociales creados en sexenios anteriores, algunos de los cuales habían mostrado eficacia en la atención de carencias sociales básicas, especialmente el denominado Prospera, que atendía aspectos sanitarios, alimenticios y educativos; en cambio, se priorizó la distribución de dinero mediante tarjetas de débito.

Partidos de oposición han denunciado el uso electoral de estos apoyos sociales de la 4T mediante su condicionamiento a la emisión del voto en favor de candidatos de Morena, como denunció Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) el 22 de mayo de 2022, poco antes de los recientes comicios estatales del cinco junio.

Buenas intenciones y perversión

“Un programa social puede nacer con muy buena intención, con personal muy comprometido, etc.; pero si es un programa enorme, con muchísimos beneficiarios, que no cuenta con ningún mecanismo de supervisión, es obvio que se va a pervertir, por más buena intención que se tenga”, dijo a buzos Laure Delalande, directora de Innovación y Desarrollo Sostenible de Ethos, laboratorio de políticas públicas, centro de investigación y análisis para México y América Latina. La agrónoma y doctora en Ciencias Políticas expuso que es necesario que los programas sociales cuenten con mecanismos para garantizar su funcionamiento, así como la supervisión y evaluaciones sobre su utilidad social, para que la misma población pueda debatir y decidir si deben aplicarse de tal manera o no; en contraste, el actual gobierno se ha mostrado contrario a las supervisiones y evaluaciones.

Delalande dijo que, en un marco de opacidad gubernamental sobre la aplicación de la política social, surgieron las recientes denuncias sobre corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), sustituta de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).

“La verdad es que lo han manejado muy mal; es una lástima, es que tener información sobre cómo están funcionando los programas, si tienen un impacto o no (si solucionan problemas sociales en la realidad) es algo que el gobierno le debe a la ciudadanía, para que tomemos decisiones sobre la política social”, expuso la especialista de Ethos.

“Es valioso para un país como México saber si este tipo de programas tienen o no un impacto. El hecho de no querer generar la información que nos permita saber eso perjudica a la sociedad. Yo siento que se están disparando en el pie, impulsando a la gente a que tenga algo así como un acto de fe, de que este programa sí funcionó, este no…”, añadió Delalande.

Por otro lado, los operadores de los programas sociales de la 4T son los denominados “Servidores de la Nación”, actualmente adscritos a la Secretaría de Bienestar (SB), un equipo de 19 mil personas originalmente creado para la promoción electoral en la campaña del hoy presidente AMLO, y luego encargado de aplicar un “Censo del Bienestar”, es decir, de enlistar a quienes recibirían programas sociales de la 4T.

Al respecto, Laure Delalande afirmó: “se encargaron de levantar el Censo del Bienestar sin que supiéramos de dónde venía el dinero para contratar a estas personas, quiénes eran, cómo se contrataron… no, no, impresentable, el Censo del Bienestar es impresentable, la verdad. Yo creo que las grandes debilidades de la política social son éstas, de que se da perfectamente como una plataforma electoral, y no tienen forma de comprobar el cómo no, porque justamente están haciendo todo en la opacidad”.

Desigual apoyo social

Especialistas exponen que, en realidad, los programas de la 4T no cubren al 95 por ciento de los hogares del país como asegura el presidente AMLO (el total de casas es de 35.2 millones, según el Censo 2020); y tampoco están beneficiando a los más pobres, como indica el doctor en Economía Gonzalo Hernández Licona, fundador y exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en su trabajo ¿Por qué ha crecido la pobreza?

En ese texto de febrero de 2022, divulgado en la revista Letras libres, Hernández Licona aseguró, como otros especialistas que, en solo tres de cada 10 hogares se recibe algún apoyo del actual gobierno; y que, para el 10 por ciento de la población en mayor pobreza, la atención bajó de alrededor del 60 por ciento en 2018 a menos del 40 por ciento en 2020.

“Por donde se le vea, excepto para los ojos del gobierno, actualmente los más pobres reciben menos recursos que antes. Contrario a lo que pregona el Presidente, no ha habido tal interés hacia los más pobres, ya sea por descuido, ignorancia o porque las prioridades son otras”, señala Hernández Licona.

La “focalización” de los programas sociales (una característica introducida en anteriores sexenios para que los apoyos gubernamentales llegaran a las personas que más los necesitan) fue eliminada en la 4T bajo el argumento de que ahora, supuestamente, los programas sociales serían de aplicación “universal”, lo que no es así, indica el especialista; y en este marco, la atención gubernamental tampoco llega a quienes más la requieren.

“Si por hacer universal los apoyos se ignora la focalización, el problema es doble: ni se universaliza –porque no se llega a toda la población– y el reparto es injusto; pues no llega a quienes más lo necesitan. Esto ha pasado con la política social actual en materia de transferencias monetarias directas a los beneficiarios”, apunta el experto en pobreza y desigualdad.

En su artículo, Hernández Licona cita datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)-2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), e indica que el ingreso de los hogares (35.2 millones) se redujo en 5.8 por ciento entre 2018 y 2020; y en lo específico, los principales ingresos de las personas obtenidos mediante un trabajo disminuyeron 10.7 por ciento, sin que los programas sociales puedan compensarlo.

Ingresos y necesidades

Para medir la pobreza, Coneval e Inegi se basan en dos aspectos básicos frente a la vida de las personas: la situación de sus ingresos y la satisfacción de sus derechos sociales fundamentales, como el acceso a servicios de salud; a la seguridad social, tales como contar en su momento con una pensión o un seguro por desempleo; a la educación; a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad; y a condiciones mínimas de su vivienda, por ejemplo, si tiene piso firme y cuenta con servicios básicos como luz, agua potable y drenaje.

Coneval señala que los programas “del Bienestar” de la 4T contra la pobreza están concentrados en la distribución de apoyos monetarios en lugar de enfocarse a tratar de disminuir los riesgos sociales, los cuales se refieren a la posibilidad de que las carencias provoquen daños a las personas: niños, jóvenes, adultos mayores, tanto para mujeres como para hombres.

“Los Programas Integrales de Bienestar se enfocan principalmente en las transferencias directas de apoyos económicos, más que en la prevención, mitigación y atención de los riesgos que enfrentan las personas en las distintas etapas del curso de vida”, señala el organismo oficial en su reporte 01 sobre la evaluación de los programas sociales en 2020, de fecha nueve de febrero de 2021.

Consultado por buzos, Kristobal Meléndez, analista e investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP), indicó que hay algunos programas sociales cuyos apoyos se otorgan aún en especie (entre ellos fertilizantes) es decir, que los beneficiarios reciben un producto como tal y no dinero directamente, “esto ya lo determinan los estudios que haga cada dependencia”.

Aumentan carencias básicas y pobreza

Entre 2018 y 2020, incluidos los dos primeros años del gobierno de la 4T, la cantidad de mexicanos en situación de pobreza aumentó de 51.9 a 55.7 millones, es decir, se incrementó en 3.8 millones, lo que representa que pasó de 41.9 a 43.9 por ciento de la población.

En el caso de la pobreza extrema, se elevó de 8.7 a 10.8 millones de personas; esto es, aumentó de 7.0 a 8.5 por ciento de la población total del país, según el Reporte 09, estimaciones de la pobreza, divulgado el cinco de agosto de 2021 por el Coneval.

Y en este marco, también se incrementaron las carencias sociales que son consideradas en las mediciones sobre la pobreza: significativamente, hubo una caída de 12 por ciento en el acceso a servicios de salud, al pasar de 16.2 a 28.2 por ciento de la población; en atención al rezago educativo, bajó 0.25 por ciento; y en la carencia de una alimentación nutritiva y de calidad, 0.31 por ciento.

La pobreza también aumentó debido al incremento en la inflación, situada en 8.15 por ciento en julio de 2022, su nivel más alto en 22 años, a decir del Inegi, y la cual se buscó detener propagandísticamente con el lanzamiento, el cuatro de mayo de 2022, del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic). El seis de junio, Mario Cimoli, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), advirtió que este problema inflacionario causaría un incremento de 2.5 millones de mexicanos en pobreza durante 2022.

Opacidad e ineficacia

La mayoría de los programas gubernamentales “del Bienestar” han evidenciado falta de transparencia en su ejecución y/o insuficiencia para cumplir con su objetivo asignado, según el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (Indep), edición 2021, elaborado por el equipo de especialistas de Gestión Social y Cooperación A.C. (Gesoc), en el que reportan la evaluación de 81 programas gubernamentales en 2020.

Los analistas de Gesoc aseguran que el 84.9 por ciento de los programas y acciones federales “muestran problemas de desempeño u opacidad”, es decir, encontraron evidencias de su incapacidad para cumplir con sus objetivos y/o falta de transparencia en la administración de los recursos públicos asignados para su ejecución.

En la edición Indep 2020, en la que los especialistas de esa organización civil reportan el estudio de los programas sociales ejecutados en 2019, primer año del gobierno de AMLO, indican que, con base en una calificación de 0 a 100, donde la mínima aprobatoria es 60, 90 de los 116 programas sociales estudiados, que concentraron el 67 por ciento del presupuesto, reprobaron la evaluación, con un promedio de 59.3 puntos.

“(…) están bajo una de dos condiciones: a) No se puede estimar su desempeño debido a su opacidad, o bien, b) No tienen posibilidad alguna de resolver el problema público que abordan debido a la dispersión programática y presupuestal que presentan o a condiciones de opacidad (…)”, indican.

Austeridad sin bienestar

Con la llegada de la 4T sobrevino una paulatina eliminación y modificación de programas sociales; de tal forma que, mientras al finalizar el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) había 150 en operación, en 2022 hay 120 programas, aunque la cantidad y tipo de programas se ha modificado anualmente; y en algunos casos incluso resultan inoperantes por la falta de presupuesto.

Destacadamente, hay 17 “programas prioritarios” del “Bienestar”, cinco de los cuales concentran los mayores presupuestos: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez; Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez; Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, operados mediante reparto de dinero.

En 2019, primer año del gobierno de la 4T, fueron eliminados 12 programas sociales, que habían mostrado resultados positivos en su misión de mitigar las adversas condiciones de vida generadas por la pobreza, principalmente Prospera, que fue evaluado constantemente por el Coneval, que fue desaparecido el 31 de diciembre de 2018, mientras los recursos que se le asignaban fueron destinados principalmente a financiar becas.

Prospera contenía varios subprogramas específicos enfocados a mejorar la situación de vida de los beneficiarios, impulsando aspectos como la superación del rezago en educación, ofreciendo acceso a servicios de salud y medicinas gratuitas o alimentación, los cuales fueron retirados y, en los hechos, no se han sustituido.

En 2020, se eliminó el Seguro Popular, que financiaba la atención sanitaria a 53 millones de personas carentes de afiliación a una institución de salud pública; con los recursos de este programa se creó el fallido Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sin padrón de beneficiarios ni catálogo especifico de intervenciones médicas garantizadas y sin medicinas suficientes.

También desaparecieron el programa denominado “Cruzada contra el Hambre” (SinHambre) que operaba cinco mil 542 Comedores Comunitarios nacionales y beneficiaba a más de 500 mil personas al finalizar el anterior sexenio, y el “Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” iniciado en 2007, que se cambió por la entrega de dinero mediante tarjetas.

Transferencias y elecciones

El dinero público para la atención social se ha incrementado gradualmente durante la actual administración federal, significativamente para los destinados a la operación de los programas “del Bienestar”; de tal forma que los presupuestos totales entre 2019 y 2022 pasaron de seis a siete billones de pesos, incrementándose paulatinamente de 2.8 a 3.4 billones de pesos, lo que representa prácticamente la mitad del gasto gubernamental.

Más allá de la problemática no resuelta con los programas aplicados, el Presidente anunció, el 10 de agosto de 2022, que para 2023 habrá un magno aumento en el presupuesto federal destinado a la repartición de apoyos monetarios gubernamentales previstos en los programas “del Bienestar”.

De manera coincidente, el año próximo se realizarán elecciones de gobernador en Coahuila y el Estado de México, esta última entidad de gran relevancia política rumbo a las presidenciales de 2024, por tener la lista nominal electoral más grande del país: con 12.3 millones de electores al ocho de abril de 2022, de un total nacional de 93.4 millones de sufragantes.