Hablábamos antes, desde una perspectiva histórica, de la importancia de la inversión pública, y comparábamos a México con otras naciones. Veamos ahora qué ocurre actualmente, y los cambios necesarios. “El gasto público en inversión total disminuyó 1.8 puntos porcentuales del PIB (Producto Interno Bruto) entre 2015 y 2021 (…) Los recursos destinados directamente a infraestructura (…) Representaron 2% del PIB en 2015 y 1.7% en 2021…” (CIEP, 13 de julio de 2021). El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 17 de marzo de 2022, señala: “Inversión: la prioridad olvidada de las finanzas públicas (…) al mes de noviembre de 2021 los niveles de inversión fija bruta estaban 9.4% por debajo de los del mismo mes de 2018 (…) Todos los ámbitos de gobierno, sin excepción, han reducido sus niveles de inversión en la última década (…) se redujeron los recursos que aumentan el patrimonio público –infraestructura, obra pública– y se destinó mayor proporción a gastos operativos de los gobiernos. Aunado a esto, entre 2014 y 2020, los gobiernos estatales subejercieron los recursos aprobados para inversión física y financiera (…) La Federación, que lleva a cabo aproximadamente el 82% de la inversión pública del país, redujo sus niveles en 31% en términos reales entre 2013 y 2020. Los estados, que aportan el 9% de la inversión pública, lo redujeron en 38.5%...”.

Según la OCDE (21 de febrero de 2022): “… un desafío clave pendiente para México es reactivar la inversión. La inversión ha estado apagada desde 2015 y en caída desde 2019 (…) México ha sido fiscalmente prudente a lo largo de los años (…) Pero esto se ha logrado en gran medida recortando el gasto, en particular la inversión pública (…) el aumento de la inversión pública necesaria para cerrar la brecha de infraestructura en México se estimó en 1.3 puntos porcentuales del PIB al año…”. La inversión total este año será de 3.1 por ciento del PIB, cuando entre 2014 y 2016 promedió 5.4 por ciento (realstatemarket); lejos de lo necesario, pues: “Para que la economía pueda crecer cuatro por ciento anual de manera sostenida, la inversión total del país requerida es equivalente al 25 por ciento del PIB con un 5 por ciento de inversión pública” (CEESP, El Financiero, 19 de septiembre de 2021).

Además del reducido monto total, la inversión privilegia los elefantes blancos de AMLO en detrimento del real desarrollo económico. Este año se destina “el monto más alto en los últimos seis años”, dice Hacienda, pero “La mayor parte de recursos de inversión en 2022 se destinarán a los programas insignia del gobierno” (El Financiero, 19 de septiembre de 2021). Se gastarán en ellos 118 mil millones de pesos, aunque “Desde nuestra perspectiva no son proyectos detonadores de crecimiento económico” (Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, El CEO, 17 de noviembre de 2021).

La inversión pública sacrifica el desarrollo regional armonioso. Este año: “México Evalúa destaca que el 61.7% del gasto en inversión física se realizará en Campeche, Tabasco y CDMX, y el 38.8% restante se distribuirá en 29 estados (El CEO, 17 de noviembre de 2021). Y muestra graves deformaciones. “Una buena parte de los proyectos se destinan a cubrir faltantes, a mantenimiento y a Pemex…” (CEESP, El Financiero, 19 de septiembre de 2021).

Debe aumentar su monto, pero buscando promover productividad y desarrollo. “… la inversión es la principal fuente de crecimiento, pero también es claro que debe ser lo suficientemente productiva…” (El Financiero, 19 de septiembre de 2021). Hoy sacrifica sectores fundamentales: “35% fue a hidrocarburos en la primera mitad del año, y 0.1% a educación” (Expansión, 1º de julio de 2022). Y “… no terminará por reforzar el capital humano, pues de cada 100 pesos que el gobierno destinará a infraestructura, 44 pesos se destinarán a combustibles y energía y solo 2 pesos a educación y salud” (El CEO, 17 de noviembre de 2021). Como proporción de la inversión pública: “… las funciones de educación y de salud promediaron 0.6% y 0.5% del PIB entre 2015 y 2021, respectivamente” (CIEP, 13 de julio de 2021). En igual sentido: “En la última década (…) el 39.2 % se concentró en proyectos de infraestructura de petróleo y gas natural (…) Y solo el 10 % de esos recursos se destinó a proyectos de infraestructura carretera, ferrocarrilera, aeroportuaria y de comunicaciones (satélites, telecomunicaciones y correos) (…) la administración actual ha mantenido niveles bajos de inversión en infraestructura educativa y, con la excepción de la infraestructura ferroviaria, en comunicaciones y transportes…” (IMCO, Nexos).

Además del reducido monto asignado, vienen luego subejercicios y recortes. “La inversión suele ser el rubro que los estados sacrifican más fácilmente por otras prioridades (…) en 2020, los estados en conjunto (…) subejercieron el 36.3 % de sus recursos disponibles” (IMCO). En igual sentido: “En el año en el que se prometió el mayor gasto público en infraestructura desde 2016, apenas en el primer trimestre de 2022, se ha ejecutado el 11.3% de los recursos presupuestados para el año (SHCP). El ritmo en el rubro de inversión física directa (ejercida por las dependencias federales) es el menor del que se tiene registro…” (Expansión, 25 de mayo de 2022). Y se regatean los recursos: “Los 10 principales proyectos de obra pública en Salud registran un 0% de avance respecto al PEF, hasta marzo de 2022 (…) la obra pública de este sector apenas representa el 3.4% de la cartera de inversión de 2022…” (Expansión, 25 de mayo de 2022).

Urge recuperar el criterio federalista, priorizar a las entidades más rezagadas, y dar mayor margen de libertad a estados y municipios, para poner fin a la dictadura financiera absoluta del Gobierno Federal. Muchos estados destinan menos del cinco por ciento de su gasto a inversión pública (IMCO). Las leyes impuestas por la 4T impiden a los municipios invertir en infraestructura. Hay inequidad en la inversión federal en las entidades, pues antes que necesidades y grado de rezago se prioriza la conveniencia política del gobernante. Agréguese la opacidad en la inversión, en el listado de obras y realización de concursos. Este gobierno privilegia como ningún otro la asignación directa, en un típico capitalismo de compadres.

Deben combinarse, en sano equilibrio, inversión pública y privada (por ejemplo, en energía), pero asegurando la rectoría del Estado como orientador de la inversión y garante de la soberanía; ello en áreas que impacten en bienestar y desarrollo económico, no en obras suntuarias, cuando falta infraestructura fundamental (por poner un ejemplo, una autopista que saque de su aislamiento a la Huasteca hidalguense).

Como demostramos en colaboraciones anteriores, urge abatir el gran rezago en infraestructura; construir aulas, laboratorios, etc.; terminar hospitales inconclusos y equipar los existentes; rehabilitar y reencarpetar carreteras, hoy en pésimo estado y construir caminos rurales; instalar plantas tratadoras de aguas residuales, reconstrucción y mantenimiento de canales de riego; construir viviendas de interés social; dotar a todos los pueblos y colonias de los servicios públicos básicos: agua potable, drenaje, pavimento, electricidad; construir bibliotecas públicas y espacios culturales en todas las comunidades cuya población lo amerite, así como instalaciones deportivas; construir caminos sacacosechas y bodegas agrícolas.

Esto elevaría, realmente, el bienestar y el desarrollo, más que gastar sumas fantásticas en un aeropuerto sin aviones, una refinería sin petróleo o un Tren Maya donde no viajarán los mayas, y que sí destruye la selva. Debe eliminarse la irracionalidad en la inversión, aplicando criterios de eficiencia y sensibilidad social, algo impensable mientras siga gobernando la Cuarta Transformación.