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El 1º de junio de 2025 se realizará, según ha informado la Presidenta Claudia Sheinbaum, la primera elección judicial en la historia reciente de México; sin embargo, más allá de los casi 50 mil candidatos registrados, existen abundantes dudas e incertidumbre sobre la forma y mecanismos con que fue organizada a pesar de que desde septiembre se planificó, el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha presentado avances sobre cómo será el proceso, además del incierto e indefinido financiamiento, aunque se proyectaron 13 mil millones de pesos, el Congreso ha difundido que ni la mitad de esta suma será proporcionada.
El asunto empezó el cinco de febrero de este año, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decidió apoderarse del Poder Judicial y para ello envió la iniciativa al Congreso y la impulsó. Una vez que la iniciativa fue aprobada por ambas cámaras, el sueño presidencial se empezó a cumplir, controlar otro poder que no acataba sus órdenes y designios. La “elección popular” de los mil 633 cargos es irreversible, pero existen serias dudas y profundos cuestionamientos porque se plantean hasta 500 candidatos en una sola boleta; no se ve cómo la votación será exitosa.
Con la reforma judicial se intentó remover y posteriormente elegir nueve miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los jueces de las cortes de circuito y a cinco magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Así, con un discurso demagógico, la población fue bombardeada con ataques al Poder Judicial; eso se reflejó cuando se difundió que es “la primera vez que los ciudadanos podrían elegir a sus jueces” (sic), aun cuando es vox populi que la “elección” no tendrá los niveles de certeza aceptables que hasta hoy habían caracterizado a las elecciones en México.
AMLO, Sheinbaum y el morenismo argumentan que el objetivo radica en tener jueces “libres” e “independientes”, aseguran que serán “legítimos”, que gozarán de simpatía y respeto de la población que los elegirá; el Poder Judicial debe emanar de la voluntad popular y del juicio soberano (sic); sin embargo, no hay certeza de ello y menos de que vaya a funcionar en el futuro ya que el sufragio popular no es “milagroso” y no garantiza que los nuevos jueces y todo ese poder se apeguen, al 100 por ciento, al Derecho.
Está claro que los candidatos pertenecientes a la cúpula del Poder Judicial deberán pasar por el filtro de Morena y del Poder Ejecutivo, entonces serán candidatos y lo que los electores decidan en las urnas será irrelevante porque todo habría sido palomeado previamente. El “nuevo” Poder Judicial será un traje a la medida de los gobernantes y no de los electores y del pueblo.
El Poder Judicial ha tenido, hasta ahora, las atribuciones suficientes de impartir justicia pertinentemente y con el “firme” objetivo de mantener el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; “todos” los impartidores de justicia interpretaban las leyes, resolvían las controversias expresadas entre particulares, intervenían en las controversias suscitadas cuando una ley o acto de autoridad violaba las garantías individuales y resolvía conflictos entre autoridades; otra importante función del Poder Judicial ha consistido en proteger el orden constitucional y para ello se basa en el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación, según está estipulado para garantizar el bienestar humano y de la sociedad. Hoy todo esto se verá amenazado, porque los tres poderes se concentrarán en uno solo: el Ejecutivo.
El proceso para la elección del Poder Judicial representa manipulación y engaño oficiales porque después de junio de 2025 el control del aparato judicial será absoluto y estará al servicio de Morena y del Ejecutivo (en manos de Claudia Sheinbaum) para conservar el poder el tiempo que lo deseen y someter a sus adversarios hasta que el pueblo, del que siempre abusan y marginan, esté consciente de que Morena y sus gobernantes son el peor gobierno que ha tenido México desde hace varias décadas. Por el momento, querido lector, es todo.
El día cero para el segundo mandato de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos llegó; y desde el primer día que asumió el poder, las deportaciones masivas comenzaron.
El cinco de noviembre, los ciudadanos estadounidenses acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente.
El martes 1° de abril, la revista Forbes publicó su lista de multimillonarios 2025; el primer puesto lo ocupa Elon Musk, con una fortuna de 342 mil millones de dólares.
Esta decisión surgió por la posible violación a la autonomía judicial y a la división de poderes.
La autoridad debe ejercerse como servicio al bien común: CEM
El total de votos nulos superaron a cualquier candidato en elección para la SCJN.
La elección judicial es resultado de una reforma a uno de los tres poderes del Estado mexicano.
Los partidos no tienen autorización para intervenir en el proceso.
El recientemente electo presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, que empezará funciones el 20 de enero entrante, ya anunció su primera amenaza de campaña.
El domingo 1° de junio se realizaron elecciones municipales en Veracruz y Durango; también las elecciones del Poder Judicial (PJ) para elegir a los ministros y saber quién presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El proceso electoral de Estados Unidos parece tan largo como el que ocurrió en nuestro país.
Suave como la seda y fuerte como el dragón ha sido la política exterior de la República Popular China.
Los mexicanos no tenemos otra opción que pagar precios más altos por las mercancías importadas o que se elaboran con insumos extranjeros.
Los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump como presidente de Estados Unidos (EE. UU.) se enmarcan en una crisis económica, tanto interna como externa.
Los aspirantes no deben tener historial como candidata o candidato a un puesto de elección popular.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).