El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) terminó en septiembre su mandato sexenal sin cumplir su promesa de abatir la corrupción y los altos niveles de violencia delictiva, graves problemas que heredará a su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo.

Además de las múltiples corruptelas registradas a lo largo de esta administración, las más escandalosas surgieron precisamente entre los integrantes de su “círculo personal más cercano”: familiares, amigos y colaboradores de mayor confianza.

De nada le sirvieron los frecuentes distractores emitidos desde sus conferencias de prensa “mañaneras” ni las declaratorias de “seguridad nacional” durante 15 años para ocultar el gasto público destinado a sus “magnas obras”. El Presidente recurrió a estas declaratorias de secrecía a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia en la que se le aclaró que no aplicaban en el caso de obras públicas.

En diciembre de 2023, faltando poco más de un año para terminar su mandato, aceptó que hubo una millonaria desviación de dinero público en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dependencia que él creó en 2019 supuestamente para garantizar la soberanía alimentaria del país.

Su administración calculó el desvío en nueve mil 500 millones de pesos (mdp), pero la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la estimó en 15 mil 308 mdp; esta organización destacó, además, que el de Segalmex no fue el único caso de corrupción ni el menor en la administración morenista, pero sí el más descarado y de mayor monto. Desde 2020, AMLO omitió este asunto para mantener bajo “control de daños” su imagen pública.

Hasta el ocho de diciembre de 2023 planteó por primera ocasión las irregularidades en Segalmex, aunque minimizó su monto y las declaró como “el único caso” de corrupción en su gobierno.

En su libro Los Puntos sobre las íes: el legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó, publicado el ocho de abril de 2024, María Amparo Casar, presidenta de MCCI, sostiene que en Segalmex se produjo, en un solo evento, “el mayor desfalco de dinero público en la historia del país”.

Tras difundirse el magno fraude en esa dependencia, AMLO durante dos años más conservó como director de Segalmex a Ignacio Ovalle Fernández, quien fuera su padrino político cuando militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue hasta el 19 de abril de 2022 cuando lo removió del cargo, pero únicamente para instalarlo como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) perteneciente a la Secretaría de Gobernación (Segob).

En el informe Continuidad sin cambio, difundido el cuatro de marzo de 2024, MCCI destacó que durante el sexenio de AMLO hubo múltiples casos de corrupción omitidos obstinadamente en sus “mañaneras”, sin importarle que con ello propiciara la impunidad.

“Cada entrega de nuestro anuario… nos muestra los casos de corrupción que se siguen acumulando en México… las declaraciones del Presidente no son inocuas. Aparejada a su palabra y a la defensa a ultranza de todos sus colaboradores y personas cercanas.

“Hay una justicia que se aplica de manera selectiva, por lo que todo aquello que en su gobierno no se considera como corrupción, es protegido con un halo de impunidad”, denuncian los analistas de MCCI. 

AMLO minimizó la corrupción

Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción del centro de análisis Ethos, explicó a buzos que, frente a las continuas denuncias públicas de corruptelas en su sexenio, el Presidente usó el poder de la “mañanera” para negar o falsificar los actos corruptos de su gobierno.

“Decir ‘aquí no hay corrupción’, minimizando el hecho, restándole visibilidad a los temas… es un poder muy grande el de crear una narrativa en relación a los problemas, es una herramienta poderosísima”.

Toledo agregó que AMLO movió de un puesto a otro a personas involucradas en actos irregulares. “Esto es parte de la construcción de una narrativa que, entonces, como no pasa nada, y no hay corrupción, no está mal visto que una persona señalada por corrupción transite a otra dependencia”.

Esta protección se vio en administraciones anteriores; pero “fue más descarada en este gobierno, porque hay una doble protección; protegido en términos de reputación y de narrativa; y jurídicamente, porque el caso no va a llegar al Poder Judicial y, si llegara, ¿cuál es la probabilidad de ser sentenciado?”.

La especialista advirtió que, ante la evidencia de los resultados, el Presidente incumplió su compromiso de abatir la corrupción, una de sus principales promesas de campaña electoral y con la que atrajo un alta votación en 2018.

“Sin embargo, una vez que entró a la administración, esta idea que nos había vendido de combatir la corrupción de manera enérgica se desinfló; y al final, toda esa buena intención no se fue transformando en las grandes políticas que necesitaba el país con ese objetivo”.

Dalia Toledo también aseveró que, durante su sexenio, el Presidente continuó dando “un uso político al combate a la corrupción, como se hizo en anteriores gobiernos... AMLO prometió que eso cambiaría; y lo que vemos es que sigue siendo un arma política, usándose para perseguir a enemigos políticos”.

La Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2023, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), comprobó que la mayoría de la población está consciente de la deshonestidad. “En noviembre-diciembre de 2023, el 83.1 por ciento de la población consideró frecuentes los actos de corrupción.

“A nivel nacional, en 2023, los costos de incurrir en actos de corrupción se estimaron en 11 mil 910 millones 600 mil pesos. La cifra equivale, en promedio, a tres mil 368 pesos por víctima”, estimó la encuesta.

El pasado 20 de agosto, MCCI publicó los resultados de su Encuesta nacional sobre corrupción e impunidad, 2019-2024, en cuyo análisis indica: “La corrupción e impunidad permanecen inalterados como problemas en la vida pública del país… durante el sexenio, ocho de cada 10 de los encuestados consideró que en México se realizan actos de corrupción, siempre o casi siempre”.

Las organizaciones Transparencia Mexicana (TM) y Transparencia Internacional (TI) también concluyeron que México es uno de los países más corruptos del mundo, al ubicarse en el lugar 126 de 180 naciones.

En el sexenio de AMLO, el país mantuvo una baja calificación de 31 puntos (de 100 posibles) y compartió sitios similares con El Salvador, Kenia y Togo, sin alcanzar las calificaciones de Dinamarca, que obtuvo 90 puntos; Finlandia, 87; Nueva Zelanda, 85, según reportes del 30 de enero pasado de TM y TI.

Los malos resultados del combate a la corrupción ubican a México en el último lugar de los 38 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y en el penúltimo del G-20, que agrupa a las economías más grandes del mundo.

Corrupción imparable

Natalia Campos, coordinadora de administración pública del Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO), afirma: “contrario a lo que el Presidente ha defendido, la corrupción sigue entre nosotros; y en 2024 será un elefante en la sala imposible de ignorar”.

En su análisis La estrategia anticorrupción en los tiempos de la transformación, publicado el 11 de diciembre de 2023, Campos escribió que “los retos no son menores: se requiere fortalecer las instituciones encargadas de la detección, investigación y sanción para combatir la impunidad que ha caracterizado casos en el pasado”.

Destacó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) padeció limitaciones y sus denuncias no sólo disminuyeron, sino que fueron desatendidas por el gobierno; mientras las fiscalías estatales anticorrupción recibieron menos presupuesto y personal.

“El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ‒que cumplió ocho años‒ aún no muestra resultados sólidos de coordinación y queda mucho por hacer para consolidar una visión sistémica anticorrupción”, concluyó Campos.

Como AMLO ocultó datos oficiales sobre las operaciones administrativas de su gobierno, actitud que criticó a los mandatarios “de antes”, que militaron en el PRI y en el Partido Acción Nacional (PAN).

El Presidente se refirió a las denuncias por corrupción de la oposición, de analistas y la prensa como “ataques de los conservadores”; y cambió a los presuntos responsables de cargo gubernamental, o los convirtió en candidatos a cargos de elección popular.

Hubo denuncias provenientes de su partido, Morena, como fue el caso de Inés Parra, exdiputada federal por esa fórmula política, ya que denunció a la Secretaría del Bienestar (SB) por administración irregular de recursos públicos destinados a los programas sociales.

Parra presentó infructuosamente una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) el 22 de agosto de 2023 contra la titular del Bienestar, Ariadna Montiel, quien seguirá en el gobierno de Sheinbaum Pardo por órdenes de AMLO. La extitular de la misma dependencia, María Luisa Albores, también fue imputada por el desvío de seis mil mdp entre 2018 y 2021.

“La contratación pública es uno de los sectores más vulnerables a la corrupción, ya sea por compras con sobrecostos, pagos a empresas fantasma o licitaciones realizadas a modo”, denunció el IMCO en marzo pasado sobre las compras realizadas por el primer Gobierno Federal de Morena.

“En general, los datos muestran que durante el periodo 2019-2024 se han mantenido prácticas de riesgo que pueden afectar el presupuesto público y la calidad de los bienes y servicios que recibe la ciudadanía”, aseguran los expertos de esa organización en sus análisis Compras públicas, una mirada al cierre del sexenio.

A pesar de que la legislación vigente obliga al gobierno a contratar mediante licitación pública ‒es decir, a realizar concursos entre proveedores‒ ,“desde 2020 se han identificado instituciones que adjudican directamente más del 90 por ciento del monto contratado”, revela el informe.

Éste cita el notorio caso de Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (Birmex) que, en 2020, realizó el 99 por ciento de sus compras mediante adjudicaciones directas; y para el Banco del Bienestar se ejecutaron 89 por ciento de sus contrataciones sin licitar en 2021.

El IMCO detalla que las instituciones públicas del Gobierno Federal morenista incumplieron obligaciones de transparencia por la irregular publicación de contrataciones en la plataforma digital Compranet, debido a que la mayor parte de sus adquisiciones fueron por adjudicación directa.

El 1° de febrero de 2024, MCCI reportó que, durante 2023, se mantuvo el ritmo de al menos 80 por ciento de los contratos de adquisiciones oficiales entregados en “adjudicación directa”; de tal forma que los compradores gubernamentales mantuvieron su práctica de elegir libremente a quién otorgárselos.

El pasado 20 de febrero, esta organización civil especializada en el tema de la corrupción publicó el informe La Conexión Morena-Pemex que sostiene que se repartieron 100 mil mdp a empresas ligadas a los López Obrador, señalando a hijos, parientes y personas cercanas a AMLO como beneficiarios de contratos gubernamentales.

El estudio evidencia que una persona de nombre Javier Núñez López, quien fuera el encargado de firmar los contratos de Pemex con proveedores, fue denunciado en 2012 por encabezar una red de presunto desvío de fondos públicos en el gobierno de la Ciudad de México para favorecer el proyecto político de AMLO.

“En un lapso de apenas 10 meses (diciembre de 2022 a octubre de 2023), Núñez López firmó cinco contratos por más de 23 mil mdp con Baker Hughes, la empresa ligada a la llamada Casa Gris de Houston que ocupó José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del Presidente”, destacó MCCI.

Fue en las compras oficiales donde hubo mayores riesgos de corrupción: Entre 2021 y 2022, 184 instituciones federales (el 71 por ciento del total) evidenciaron mayor propensión a las corruptelas, de acuerdo con un análisis del IMCO del 17 de julio de 2023.

El mismo organismo reveló que “las instituciones públicas federales adjudicaron dos millones 500 mil pesos a empresas fantasma, 107 millones 868 mil a empresas sancionadas y tres mil 474 millones a empresas de reciente creación” en 2022.

Además, las instituciones federales gastaron más de 107 mdp en contratos de compra entregados a proveedores que previamente habían sido sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por diversas irregularidades.

Para consolidar la opacidad administrativa, el sello distintivo de su gobierno, AMLO atacó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales (Inai), al que buscó desprestigiar durante su sexenio y lo integró a la lista de los siete organismos autónomos que debían eliminarse.

También persistió en desacreditar a la ASF, organismo de la Cámara de Diputados encargado de supervisar las cuentas públicas gubernamentales, sobre todo cuando sus reportes técnicos-contables no coincidan con sus “datos”.

Negra herencia

El México que AMLO heredará a su discípula Claudia Sheinbaum está sumido en la violencia delictiva y la inseguridad pública. En casi la mitad de las entidades, los ciudadanos padecen la falta de acciones preventivas, vigilancia y represión de los hechos delictivos, como ocurre hoy en Sinaloa, donde el mandatario estatal es señalado de estar vinculado a las mafias del narcotráfico.

En fecha reciente, el propio AMLO responsabilizó al gobierno estadounidense de los enfrentamientos entre los grupos criminales por haber realizado o alentado el secuestro del narcotraficante “Mayo” Zambada, actualmente en manos de las autoridades judiciales del país vecino del norte.

Entre enero y agosto de este año, la asociación civil Causa en Común cuantificó un incremento sustancial en los delitos de secuestro y narcomenudeo con base en cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC). “Exigimos justicia y acción. ¡Basta de impunidad!”, demandó.

Causa en Común reveló también que durante ese periodo se cometieron 62 mil 232 casos de narcomenudeo; 20 mil 147 víctimas de homicidio doloso; 23 mil 155 casos de robo de vehículo con violencia; y 30 mil 730 robos con violencia a transeúnte. También reportó que únicamente siete de cada 100 delitos se denuncian; y que, de cada 100 delitos denunciados, sólo 14 derivan en sentencias.

El 19 de septiembre, el Inegi emitió los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipes 2024), y reveló que “el 73.6 por ciento de las personas de 18 años y más consideró que vivir en su entidad federativa era inseguro debido a la delincuencia” en el periodo de marzo a abril de 2024.

Otras estadísticas destacan que, en 2023, se cuantificaron 31.3 millones de delitos asociados con 21.9 millones de víctimas, con una tasa de 33 mil 267 delitos por cada 100 mil habitantes. Hubo también 21.9 millones de víctimas de delito de 18 años y más, cuya tasa fue de 23 mil 323 víctimas por cada 100 mil habitantes.

El delito más frecuente fue el fraude: por cada nueve delitos sexuales cometidos contra mujeres solamente hubo uno a hombres. La encuesta evidenció también que el costo monetario de la inseguridad y los delitos en hogares fue de 282 mil mdp, equivalentes a seis mil 853 pesos en promedio por persona afectada. Y ocurrieron 31.3 millones de delitos, de los cuales 92.9 por ciento no se investigaron y conformaron la denominada cifra “oculta” o “cifra negra”.