La percepción generalizada es que a medio año de iniciado este sexenio México sigue en crisis; vemos los mismos problemas de miseria, pobreza, inseguridad, insalubridad, violencia y un total desbarajuste en la entrega de apoyos a la población que el Gobierno Federal no se cansa de repetir serán sin “intermediarios”. Todo eso debería obligar a los partidarios de la “Cuarta Transformación” a reconsiderar si su elección fue benéfica o perjudicial para el país.

El último golpe mediático de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ocurrió la semana pasada, cuando se detuvo al empresario Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México y se liberó una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Un día antes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había congelado las cuentas bancarias de la empresa acerera, del exfuncionario y de personas muy cercanas a él; la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Lozoya.

La receta se repite. Cuando Enrique Peña Nieto encarceló a Elba Esther Gordillo consiguió dar un doble golpe: con esta acción “cumplía” algunas de sus promesas de campaña y el efecto en la opinión pública le sirvió como cortina de humo.

No es muy distinta la intención del actual gobierno, cuya credibilidad en picada hacía urgente una nueva medida de fuerza, pues la guerra contra el huachicol no funcionó; las ventas no sufrieron una variación significativa y los datos de Pemex lo confirman. El director general de Pemex aseguró que el huachicol equivalía a 58 mil barriles diarios; si esta actividad ilícita se redujo en un 95 por ciento, como asegura el gobierno, es lógico que se debería vender mucho más combustible ahora, pero los datos reflejan que esto no ocurrió, quedando al descubierto que la guerra contra el huachicol solo fue una estrategia mediática.

La persecución de Lozoya y la detención de Ancira ocurre cuando se acercan elecciones en Puebla y Baja California, dos estados que sin duda se pintarán de guinda; se rumora que en Puebla Miguel Barbosa tiene contados sus días en la gubernatura, quizá unos seis meses o un año, porque los acuerdos políticos ya se han tejido con tiempo y él tendrá que dejar el poder a otro político de la entidad. Si la popularidad de AMLO se mantiene en un 70 por ciento de aceptación pública, el golpe mediático para mostrar el poder morenista habrá funcionado.

El país atraviesa por problemas en el sector salud; la distribución de pagos asistenciales para los adultos mayores y estudiantes becarios es deficiente; la estrategia de combate a la inseguridad y la violencia ha fallado y el saldo diario es de 90 muertos; mientras que la pobreza y la miseria siguen acorralando a las familias mexicanas.

La torpeza política evidente al difundir la lista de pagos por publicidad a empresas y periodistas permite suponer, con un alto grado de certeza, que el golpe contra Lozoya y Ancira servirá para acelerar los procesos judiciales; todo ello no garantiza transparencia en el ejercicio de la política anticorrupción; por el contrario, indica solo una serie de distractores para desinformar a los ciudadanos.

Seis meses lleva el gobierno de la “Cuarta Transformación” pero no vemos ningún cambio en el modelo económico, salvo su abolición nominal; la pobreza se agudiza, repuntan la inseguridad y la violencia y se aviva la corrupción; el único cambio fue de gobernantes.

La agenda política de AMLO está en crisis, su popularidad va en picada y se avecina una tormenta de odio ciudadano; solo es cuestión de tiempo. Por el momento, querido lector, es todo.