El 30 de abril, la Cámara de Diputados decidió por mayoría suprimir el fuero al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco G. Cabeza de Vaca. Días más tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación, adicional a la de su desafuero, luego de recibir “oportunaˮ información del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE. UU.) sobre presuntas operaciones ilícitas del mandatario.

El lunes 17 de mayo, tras conocerse la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente anunció que el gobernador de Tamaulipas ya no tenía fuero constitucional,. Dos días después, la FGR giraba una orden de aprehensión en su contra y, el mismo día, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, congelaba las cuentas del gobernador y muchos de sus partidarios por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Éste es el episodio más reciente del choque electoral en Tamaulipas.

 A unas semanas de los comicios del seis de junio, la elección del gobernador de Nuevo León (NL) vertió en un inédito choque político generado por la abierta intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para favorecer a los aspirantes de su partido; intervención que sus opositores han denunciado públicamente. Mientras la popularidad de la candidata morenista Clara Luz Flores va en picada, la persecución oficial se hace presente; el Gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) echa a andar su maquinaria de represión judicial y administrativa.

José Luis Espinosa Piña, abogado y analista político, explicó a buzos que el titular del Poder Ejecutivo Federal tiene en la mira las elecciones de NL por ser el bastión del empresariado nacional, con el que ha sostenido un creciente conflicto; un gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en territorio neoleonés le daría un mayor control político del país.

“Es un escenario inédito. No se había dado en otros momentos de la historia política de México. Esto pone a prueba la fortaleza de las instituciones y a la sociedad misma. La sociedad tiene que exigirle al Presidente que cumpla con sus obligaciones y se someta a la decisión de la mayoría expresada en las urnas. Los poderes autónomos tendrán que hacer valer su autonomía y los poderes de la Unión hacer valer sus facultades”, explicó el analista.

En unas cuantas semanas, la candidata morenista a gobernadora, Clara Luz Flores, se desplomó del primero al tercer puesto en las encuestas sobre preferencia electoral. El declive de la exalcaldesa del municipio de Escobedo se generó a partir de la publicación, en marzo de 2021, de un video en el cual aparece conversando con Keith Raniere, líder de la secta NXIVM, denunciada meses atrás como una organización que practicaba una especie de esclavitud sexual. Flores había negado conocer siquiera a Raniere.

La decidida intervención de AMLO en los comicios de NL se produce cuando Samuel García Sepúlveda, aspirante a gobernador por el Movimiento Ciudadano (MC) encabeza las preferencias con el 36 por ciento, 11 puntos por encima de Adrián de la Garza Tijerina, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al mismo puesto, quien aparece con el 25 por ciento, según una encuesta divulgada en mayo por el diario Reforma.

En este sondeo, la aspirante de Morena, Clara Luz Flores, se ubica en el tercer lugar, con el 15 por ciento, es decir, 21 puntos abajo del aspirante del MC, Samuel García. En la cuarta posición está Fernando Larrazábal, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), con el 14 por ciento.

En este escenario, AMLO decidió promover las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y de la Fiscalía General de la República (FGR) contra los candidatos Samuel García y Adrián de la Garza, punteros en las preferencias del voto, según las encuestas.

Medidas desesperadas

Espinosa Piña sostiene que AMLO “Tiene una obsesión con la clase empresarial y esta obsesión lo ha llevado a tomar decisiones de lo más absurdas, pensando que, de esta manera, triunfaría sobre sus contrincantes empresarios. El estado de Nuevo León representa el sector más importante de la clase empresarial del país. AMLO estaba muy confiado del triunfo de Morena, pero su candidata se derrumbó por sus propios errores. Entonces AMLO no le puede echar la culpa a nadie, fueron errores de su partido, de la propia candidata, más que aciertos de los otros aspirantes”.

El analista sostiene que el Presidente también ha cometido errores por empecinarse en “una disputa con los empresarios, en lugar de una alianza con ellos, para generar fuentes de empleo. Esto lo lleva a tener este escenario adverso en un estado como Nuevo León”.

“Entonces en NL, el ingrediente es la visión autoritaria e impositiva de un Presidente contra la decisión democrática, libre, soberana, de la población de ese estado”, indicó Espinosa Piña, quien destacó también que “al Presidente no le interesa la validez de los argumentos, debatir; sino solo manipular a la opinión pública y eso es muy triste. Y no solo ante los nacionales, sino también ante los observadores extranjeros”.

El 11 de mayo, AMLO reconoció que estaba interviniendo en las elecciones estatales de NL a pesar de las prohibiciones expresas en la Constitución. Esto ocurrió en su conferencia mañanera de ese día, cuando se le preguntó si estaba entrometiéndose en el proceso electoral neoleonés. “¡Claro que sí, claro que sí! Sí, aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude”.

Mediante el acuerdo ACQyD-INE-68/2021, divulgado el 19 de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE) apercibió al mandatario para que ajustara su conducta y dejara de entrometerse en los procesos electorales. El apercibimiento es una acción legal de la autoridad electoral dirigida a una persona para que no infrinja la ley, so pena de posibles sanciones, si persiste. La medida, denominada Tutela Preventiva, fue expedida por el Consejo General del INE a partir de una resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias, respondiendo a la inconformidad presentada por el PRD y el MC, debido a las declaraciones de AMLO en la conferencia mañanera del 16 de abril y el INE ordenó retirar los videos de esa conferencia, alojados en las redes sociales del Gobierno Federal.

En esa rueda de prensa, a pesar de la obligación de no promover las acciones del gobierno, el Presidente destacó la distribución de becas estudiantiles, pensiones para adultos mayores y la entrega de fertilizantes a trabajadores del campo.

En su documento informativo 179, el INE destaca, de manera preliminar, que las conductas denunciadas por el PRD y MC eran probables violaciones a lo dispuesto en los Artículos 41° y 134° de la Constitución, así como de los criterios definidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), relacionados con la prohibición de propaganda gubernamental en el curso de los procesos electorales.

Las autoridades electorales insistieron en que hasta que concluyan los comicios, con la votación del seis de junio, está prohibida la difusión de logros gubernamentales, programas sociales, obras públicas y de cualquier tipo de información que pueda incidir en las preferencias partidistas.

El informe explica: “El Artículo 41° constitucional señala que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental”.

El Artículo 134° establece que “los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen, en todo tiempo, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos (…)”.

AMLO repite que su intervención en el proceso electoral neoleonés fue para evitar un fraude electoral en esa elección, con el argumento de que el candidato del PRI, Adrián de la Garza, compraba votos femeninos a cambio de una “tarjeta rosa” (“Por ti mujer fuerte”), plástico de débito sin fondos que sería cargado con mil 500 pesos bimestrales si De la Garza obtenía la gubernatura.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR investiga a De la Garza; y el candidato del MC, Samuel García, también está sujeto a investigación, acusado de financiar su campaña con recursos de procedencia ilícita. La UIF investiga a Mariana Rodríguez Cantú, esposa de Samuel García, y a su suegro Jorge Rodríguez; y el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, denunció a García por recibir aportaciones en especie de su esposa Mariana Rodríguez, quien es influencer en Youtube.

Gutiérrez argumentó que Mariana Rodríguez registró su nombre como una marca, por lo que –aseguró– viola la ley electoral al hacer activismo y donaciones a la campaña de su esposo. Por ello exigió que esas aportaciones cuenten como gastos de campaña.

Que AMLO saque las manos

El 13 de mayo, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, presentó una denuncia penal contra el Presidente ante la FGR por el uso indebido de recursos oficiales en la campaña de proselitismo político, tal como el mismo mandatario reconoció.

“No puede actuarse con la mano en la cintura violando la Constitución y los resolutivos del INE y del TEPJF. AMLO debe sacar las manos del proceso electoral y dejar que tengamos elecciones limpias, libres y transparentes sin usar el Ministerio Público para vencer a los opositores políticos”; Zambrano sostiene que el Presidente ha usado bienes y recursos federales para entrometerse en las elecciones. “En razón de lo anterior, se solicita en este acto que se haga efectivo lo dispuesto en el Artículo 6° de la ley general en materia de delitos electorales y se impongan al titular del Ejecutivo las sanciones dispuestas en el tipo penal que corresponda, y con independencia a éstas, de manera cautelar, se ordene la prisión preventiva oficiosa”, expresó Zambrano.

El 11 de mayo, Julen Rementería del Puerto, coordinador de los senadores del PAN, cuestionó también a AMLO por intervenir en el proceso electoral de NL, hecho reconocido por él expresamente. “En la mañanera del día de hoy, el Presidente se muestra tal como es: un personaje autoritario, irrespetuoso de las leyes, simplemente desatiende las instrucciones que se tienen a través de los ordenamientos jurídicos para que no intervenga nadie, mucho menos el titular del Poder Ejecutivo”, enfatizó.

En tanto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, condenó la intromisión del titular del Ejecutivo en el proceso electoral de NL y demandó que no se judicialice la política. La intromisión presidencial –dijo– obedece al desplome de Morena en estos comicios y, con esta actitud, el Gobierno Federal muestra su rostro más antidemocrático.

En una conferencia de prensa ofrecida el 11 de mayo en Monterrey, el dirigente nacional del MC, Dante Delgado y el candidato a gobernador neoleonés Samuel García, exigieron al Presidente que sacara las manos de la elección local de esa entidad. “Le pedimos al Presidente de la República, AMLO, que saque las manos del proceso electoral, que se abstenga de violar la legislación electoral”, enfatizó Delgado. En tanto, García le exigió que no metiera a sus familiares en el conflicto político y a la fiscalía especializada en asuntos electorales de la FGR le pidió: “que saquen a mi familia de esto, que saquen a Mariana, mi esposa, de esto, que saquen al papá de Mariana de esto”.

Denuncia ante la OEA

Durante una visita a Washington, el candidato de la alianza PRI-PRD Adrián de la Garza acudió el 12 de mayo a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar la abierta injerencia del Presidente de México en el proceso electoral de NL.

El 16 de mayo, las direcciones nacionales del PAN y del MC denunciaron al mandatario mexicano ante los observadores electorales de la OEA por intervenir en el proceso electoral en el país.

El dirigente panista Marko Cortés sostuvo una reunión virtual con observadores internacionales de este organismo, ante quienes denunció la intervención de AMLO como vocero de la campaña de su partido Morena a través de sus conferencias matutinas en Palacio Nacional. Cortés les pidió observar a México, donde el Presidente interviene en el proceso electoral violando las leyes nacionales y las medidas cautelares impuestas por el INE y el TEPJF, expedidas para que se abstenga de hacerlo. El líder blanquiazul expresó a los representantes de la OEA su preocupación por la seguridad de los candidatos en campaña, y aun de la misma población porque, hasta el 15 de mayo, 80 políticos y algunos familiares de éstos habían sido atacados violentamente.

En su encuentro virtual con los dirigentes panistas, estuvieron presentes el titular de la misión de visitadores de la OEA, Santiago Cantón; la jefa de la sección de Observación Electoral, Brenda Santa María; la subjefa de la Misión de Visitantes Extranjeros de la OEA en México, Yeruti Méndez y Juan Pablo Pozo, asesor de la representación de visitadores de la OEA en el país.

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del 12 de mayo, los representantes de la oposición coincidieron en demandar al Presidente “que saque las manos del proceso electoral” y se aprobó la creación de un grupo plural encargado de dar seguimiento a los comicios del seis de junio.

El senador del MC Noé Castañón denunció el uso de instituciones federales para perseguir al candidato a gobernador de su partido, Samuel García, y cuestionó que la UIF tenga investigaciones abiertas contra el aspirante al gobierno de NL y miembros de su familia.

La diputada federal del PRI Claudia Pastor propuso un punto de acuerdo para exhortar al Presidente a que cumpla con lo dispuesto en la Constitución, la cual obliga a todos los integrantes de los poderes en los ámbitos federal, local y municipal a respetar los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad en las elecciones que tendrán lugar el seis de junio en las 32 entidades del país.

Pero dicha iniciativa no prosperó gracias a la intervención del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien asumió la defensa del Presidente y tomó partido contra los candidatos opositores que hoy son objeto de persecución judicial y administrativa; y negó que el uso de programas sociales con fines electorales represente un delito grave, de acuerdo con una reforma reciente al Artículo 19° de la Constitución.