Son varias las caracterizaciones acerca del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) que se han hecho durante lo que lleva ejerciendo el poder; van desde que el ahora Presidente ignoraba la magnitud de sus promesas de campaña, imposibles de realizar en un plazo tan breve; o bien que, a sabiendas de esto, las enarboló demagógicamente para obtener votos.

Otros caracterizan a la 4T como incapaz de atacar a fondo los grandes problemas nacionales: salud, desempleo, bajo poder adquisitivo, pobreza extrema, inseguridad ciudadana frente al crimen organizado y migración interna y hacia el exterior de los trabajadores mexicanos. No ha faltado quien lo califique como autoritario e idéntico a los gobiernos anteriores, de quienes pretende ser radicalmente distinto.

Faltaba caracterizarlo como un gobierno que atenta contra las libertades democráticas y el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes sin presiones de ninguna clase, sin la intromisión velada, abierta o cínica de ningún funcionario federal o local, desde el Presidente de la República hasta los alcaldes; sin amenazas, intimidaciones y persecución contra candidatos y partidos opositores.

Esta última es la caracterización que se extiende por todas las regiones y entidades del país, en los 15 estados que cambiarán de gobernador, en todos los distritos electorales que renovarán legisladores y en cientos de municipios que votarán por un nuevo alcalde.

Tal caracterización se deriva de la indignación y la condena que ha generado la injerencia del Presidente de la República y su falta de recato al inmiscuirse en un proceso en el que la participación del poder público está expresamente vetada; cuando se le ha cuestionado sobre su proceder, no ha vacilado en responder afirmativamente: sí se ha inmiscuido, sí se ha entrometido en los procesos electorales, sí ha tratado de influir en los comicios; claro, justifica su conducta con el propósito de evitar que los contrarios a su gobierno cometan fraude; pero no reconoce que su comportamiento es ilegal y constituye un flagrante atropello de las leyes electorales y de la Constitución; esta violación a la ley, cada vez más clara para millones de votantes, es lo que López Obrador entiende por democracia y por respeto a las leyes que establecen como obligatorias la imparcialidad, equidad y neutralidad que deben guardar los servidores públicos en el desarrollo de la contienda.

Las consecuencias de esta concepción sui generis de la 4T ya están a la vista: aunque en algunos estados su partido haya logrado conservar la ventaja, en otros ha perdido popularidad y simpatía, hecho que se refleja en las encuestas de preferencia electoral. Hay algunas entidades donde la violencia y las agresiones físicas contra políticos y candidatos opositores son extremas y se configura ya en todo el país un escenario de terror ante la indiferencia de las autoridades, que se niegan a intervenir pese a las denuncias de los afectados.

La desesperación de la 4T ante la caída en la intención de voto se deja sentir en el hecho de que haya tenido que echar mano de su control del Poder Legislativo para intimidar y perseguir a los contrincantes mejor posicionados, abusando del recurso legal del desafuero. La represión administrativa, la persecución fiscal, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera también juega su papel en esta guerra de Morena para conservar su hegemonía; y, finalmente, el Ejecutivo Federal echa mano de su más reciente adquisición, su dominio del Poder Judicial, para investigar a los candidatos de oposición por supuestos actos criminales o nexos con organizaciones delictivas, con el objetivo de anularlos como posibles triunfadores en un proceso en el que su partido va perdiendo ventaja.