La colonización del pueblo del Sahara Occidental a manos de Marruecos se prolonga con la complicidad de Estados Unidos (EE. UU.), la Unión Europea e Israel, cuyas corporaciones lucran con tierras raras, pesca, fosfatos y otros recursos naturales.

En la tarea por la neocolonización del norte de África –a donde también pertenecen Libia, Túnez, Argelia y Egipto– hay operaciones de inteligencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y agresivas campañas mediáticas, comerciales y financieras.

En medio de las arteras provocaciones de Washington contra la República Popular China (RPCh), del conflicto armado en Medio Oriente y la fallida guerra sionista-estadounidense contra Irán, urge frenar la ocupación del Sahara Occidental por Marruecos, que cumplió ya más de 50 años.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera al Sahara Occidental territorio no-autónomo, designación previa a su autodeterminación. Marruecos lo ocupó en 1976, y desde entonces gestiona y decide la política y economía del pueblo saharaui.

Esa acción desplazó a los saharauis (as-sahráwï: originario del desierto, en árabe) y los convirtió en refugiados, tragedia que oculta la prensa occidental con la imagen descriptiva del Sahara como una región de “beduinos, desértica y pobre”, mientras alaba los “éxitos” económicos de Marruecos.

Sin embargo, el Sahara Occidental es muy rico en recursos y goza de gran conectividad económica, porque está situado en el noreste de África, con una costa de más de mil 200 kilómetros sobre el Atlántico que lo comunica con Europa y América Latina.

Su situación geográfica determinó que los saharauis se organizaran en qabilas (clanes), que sean creyentes al Islam y que hablen árabe y castellano debido a la presencia del colonialismo español durante 92 años.

Marruecos mantiene el status quo para violar los derechos humanos del pueblo saharaui y lucrar con sus riquezas. Su gobierno desestima los informes e investigaciones que denuncian los abusos y la represión a toda protesta contra la ocupación, publica la agencia saharaui SPS.

El ocupante coloniza con asentamientos llevando a miles de sus colonos a las ciudades de El Aaiún, Smara, Bojadot y Dajla; y a pueblos pesqueros saharauis para saquear caladeros, el multimillonario sector que florece desde finales de los 90.

Esta política de expansión colonial del gobierno marroquí se ajusta al uso de la “ingeniería demográfica y el desplazamiento forzado”, evidenciado por las embarcaciones extranjeras que extraen todo tipo de pesca del área costera saharaui con tecnología satelital: sardina, pulpo, calamar, moluscos y especies no comestibles que son necesarias para el equilibrio ecológico marino.

Marruecos cuenta con el respaldo de EE. UU. y los países europeos, como se vio en noviembre de 2020 cuando intentó tomar Guerguerat, la franja que separa al Sahara de Mauritania, desmilitarizada y que, desde 1991, está bajo control del Polisario.

Fue así como volvieron las hostilidades ocurridas durante la primera presidencia de Donald Trump (2016-2020), que trastocó el proceso hacia la autodeterminación saharaui cuando respaldó el plan marroquí de “dar autonomía” al Sahara; lo secundaron Pedro Sánchez, de España, en 2022 y Emmanuel Macron, de Francia, en 2024.

Las controversias judiciales de los saharauis recibieron el apoyo del Tribunal Europeo cuando reconoció su derecho a decidir sobre la gestión de sus recursos naturales, recuerda Victoria Veguilla.

El saqueo

La ocupación colonial marroquí del Sahara Occidental bloquea la explotación de sus recursos naturales y su integración a las cadenas de valor globales.

Aunque resulte paradójico, no se asocia al Sahara con los fosfatos ni con el mar o con sus recursos naturales; pero éstos son el mayor atractivo económico para el ocupante y las compañías multinacionales que se benefician de ellos, explica la investigadora Blanca Camps-Febrer.

Este saqueo es el sostén del proyecto colonizador marroquí. Sólo en 2022, la captura pesquera en Dajla y El Aaiún equivalió al 72 por ciento del total de los cinco puertos bajo control marroquí. Por ello, la pesca en caladeros saharauis evolucionó hasta moldear la dinámica política, económica y cultural del Estado ocupante.

El caso del Sahara Occidental ilustra la actual dinámica del capitalismo global y su impacto en la explotación neocolonial en África; y subraya, asimismo, la resistencia del nacionalismo saharaui frente a la ocupación, destaca el analista Enrique Bengochea Tirado.

La extracción de recursos de territorio ocupado ya no es la principal tarea de las multinacionales –mayoritariamente europeas–, pues ahora operan sobre la fase de comercialización en las cadenas de valor, revela el Instituto Tricontinental para la Investigación Social (ITIS).

Pero empiezan a acotarse algunos abusos. En 2024, el TJUE declaró inválidos los acuerdos de pesca y acuicultura entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, por falta del consentimiento saharaui. Es una victoria político-jurídica favorable a la independencia del Sahara Occidental, pero los expertos llaman a ser cautelosos por la fuerza del capitalismo corporativo.

Los agentes económicos renegocian sus posiciones en las cadenas de valor y producción; dejan la fase de extracción de recursos a responsabilidad de actores periféricos sin alterar la estructura global de explotación y acumulación.

Hay que notar que, desde los años 50 del Siglo XX, el imperialismo en África ya no es exclusivo de Europa y su declive se debe a la presencia de otros actores globales, entre ellos EE. UU.

En los tribunales internacionales, el Frente Polisario ha impugnado esos abusos y exigido su derecho a explotar los recursos por cuenta propia. Esa campaña mundial de denuncias logró el retiro de algunas firmas de Marruecos con fondos noruegos.

Operación multinacional

Las operaciones, inversiones y actividad comercial de las corporaciones perjudican los empleos del pueblo saharaui, porque perpetúan la colonización.

Multinacionales como Glencore (Suiza), Pura Vida Energy (Australia), Total Energies (Francia), San Leon Energy (Irlanda), Ratio Petroleum, (Israel), Siemens (Alemania) y otras, detalla el Observatorio de Recursos del Sahara Occidental (WSRW), extraen fosfatos, petróleo, peces de varias especies masivamente y practican la agricultura extensiva, denuncia Johanna Allan.

El ocupante marroquí comercia fosfatos, tierras raras, pesca y diamantes del pueblo saharaui con trasnacionales estadounidenses, israelíes y europeas. Estos actores del capitalismo corporativo contribuyen a perpetuar el sufrimiento del pueblo saharaui.

Pero no sólo son beneficiarias pasivas porque participan en una ocupación que socava el derecho internacional y colaboran con el ocupante para convertirlo en actor legal, como dictaminó en 2002 el asesor jurídico de la ONU, Hans Corell, quien calificó la presencia marroquí como violatoria del derecho internacional.

Simpatizantes del pueblo saharaui en el mundo han exhibido a esas empresas cómplices del saqueo y han construido un amplio marco de apoyo internacional. A éste se suman las sentencias de la Corte Internacional de Justicia y del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE, 1979).

En 2024, la TJUE anuló una decisión comercial del Consejo Europeo sobre el Sahara Occidental por ser ilegal, denuncia la experta de la Universidad de Southampton, Andrea M. Pelliconi. Estos fallos obligan a todo actor externo a obtener la autorización previa del pueblo saharaui para operar en el Sahara.

Sin embargo, continúa el silencio de los medios de prensa y los centros de análisis sobre los robos en tierra ocupada; aunque, en 2025, la investigadora Ramona Schnall denunció: “Esos acuerdos ilegales ignoran el violento colonialismo marroquí y lo profundizan sin consentimiento del pueblo saharaui”.

En su afán de lucro, las corporaciones que operan en el Sahara Occidental simulan impulsar la transición energética de la UE, como lo denunció la plataforma Treffpunkt, de la Federación de Jóvenes Federalistas Europeos.

También se evidenció que la UE tiene los fosfatos en el centro de su interés, como base de fertilizantes para su agricultura, y sus firmas instalan plantas desalinizadoras para expandir los cultivos del ocupante en el Sahara y brindan apoyo político y financiero con inversiones de miles de millones de dólares.

Igual ocurre con el Acuerdo de Asociación UE-Mediterráneo, que ofrece aranceles preferentes a productos originarios del Sahara Occidental, aplicada en octubre de 2025 antes de entrar en vigor.

Mienten los saqueadores

El informe del Observatorio de Recursos del Sahara Occidental (WSRW en inglés) publicó 12 argumentos de las multinacionales que pactan con Marruecos, pero carecen de sustento; en general sostienen que su trabajo beneficia al Sahara; que no se involucran en lo político; sus actividades no son extractivas y es “imposible” obtener el consentimiento de los legítimos dueños del territorio.

Alegan que se basan en las leyes y evaluaciones jurídicas externas; que la solución al conflicto “es de gobiernos, no de empresas”; están excluidas por la sentencia del TJUE y no existen sanciones que prohíban sus operaciones.

Siemens Gamesa asegura que su proyecto eólico en Boujdour “mejora la infraestructura energética” al contribuir al desarrollo socioeconómico del Sahara Occidental, pues crea empleos e instala “contenedores de basura”; pero ignora la ley cuando designa al Sahara Occidental como “Marruecos Meridional” mientras explota las reservas de fosfatos, de donde extrae el 95 por ciento de energía para su parque Foum El Oued.

Enel, ACWA y ENGIE afirman que sus evaluaciones de impacto son legales, pero son documentos no-públicos y los saharauis desconocen su contenido, lo que contraviene el dictamen de 2021 del TJUE, que ordenó la aprobación previa de éstos.

Enel niega hacer política en el Sahara, pero opera con una firma de Marruecos y se convierte en cómplice de la ocupación. Kosmos Energy colabora con el régimen en sus “proyectos al sur del país”, sin llamarlos “territorios ocupados”.

Las petroleras Kosmos Energy, San Leon Energy y Total informan que participan “en la exploración, no en la explotación”; pero al firmar con la estatal marroquí ONHYM, incumplen con la Carta de la ONU y con la Opinión Jurídica de la ONU (2002) sobre el desarrollo de recursos de Sahara Occidental.

Las empresas multinacionales no solicitan el consentimiento del pueblo saharaui, como exigen las normas. En abril de 2020, Siemens declaró que era “imposible” lograrlo y San Leon Energy advirtió que “desde su punto de vista y del gobierno que les dio la licencia, los saharauis no son un pueblo representativo”.

Otras compañías alegan que como no hay sanciones internacionales que impidan sus acciones –como las que EE. UU. y la UE impusieron a Rusia– no se sienten obligadas a respetar los derechos soberanos del pueblo saharaui. Los empleos que ofrecen, afianzan la ocupación marroquí con asentamientos ilegales, un “crimen de guerra”, según el catálogo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En 2020, Marruecos estableció relaciones diplomáticas con Israel y suscribió 13 memorandas de entendimiento sobre energía, reciclaje de agua, defensa (drones Kamikaze SpyX), tecnología aeroespacial, agricultura –entre ellas, la plantación de aguacates de Mehadrin– desalinizadoras y logística con el empleo de alrededor de 50 tecnológicas hebreas como BlueBird Aero Systems, Elbit Systems y NewMed Energy.

La francesa Vigeo Eiris argumenta que es proveedora independiente; aunque, en su sitio web, publica que certificó un proyecto solar en “Marruecos” (Sahara Occidental). Y, en el colmo de la arrogancia, la firma Ballance Agri-Nutrients difunde que esta nación ocupa “un territorio no autónomo, como Tokelau, al que administra Nueva Zelanda”.

La censura narrativa del neocolonialismo

Entrevista con el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Omar Bulsan

El embajador, miembro fundador del Frente Polisario, exembajador en Cuba, dirigente y coordinador de comités y asociaciones de derechos humanos en los territorios ocupados, denuncia en Cortina de Humo que la prensa de Occidente dio la noticia de la “marcha verde” de 350 mil marroquíes hambrientos que, el seis de noviembre de 1975, iban hacia la frontera saharaui; pero silenció la ocupación dos meses antes de los territorios saharauis Hauza y Chederia. Esta manipulación informativa también ocultaba que hay miles de saharauis en campamentos de Argelia. Son mujeres y hombres que huían de la invasión en busca de un refugio temporal.

b.- ¿El del Sahara Occidental es un conflicto congelado?

Omar Bulsan (OB).- No, es un conflicto censurado. Sólo se habla de la falsa reivindicación histórica del territorio por Marruecos y no que desde que nació la RASD fue reconocida por 70 países, que es miembro fundador de la Unión Africana y de los derechos inalienables del pueblo saharaui.

b.- ¿Qué ha hecho la ONU?

OB.- Se confió entonces que expulsaría al invasor, pero no fue así. La gente huyó de bombardeos con napalm y fósforo blanco, incluso bombas de fragmentación que entonces lanzó Marruecos sobre campamentos temporales de Um Dreiga, Guelta y Tifariti.

Yo lideraba entonces Tifariti, una de esas localidades –hoy liberada–, cuando fue bombardeada. Vi venir el avión en picada cuando lanzó ráfagas sobre un mitin de mujeres.

Después de la firma del Acuerdo de Madrid vino la invasión militar y su práctica de tierra arrasada con matanzas, fosas comunes y bombardeos sistemáticos contra civiles. España se retiró el 26 de febrero de 1976 y, con esa traición, abandonó sus responsabilidades como potencia colonial administradora.

El Frente y el Consejo de Notables Chiuj proclamaron la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que pronto se adhirió a la Unión Africana, al Movimiento de No Alineados y en 1979 estableció relaciones con México.

Hoy, más de 200 mil refugiados viven desde 1976 en campamentos en Tinduf, Argelia, pese a que el Sahara es un territorio rico en recursos. Ésa es la sistemática censura de silencio por más de 50 años.

La ONU debe asumir su responsabilidad para concretar la descolonización, aplicando las resoluciones que llaman a la retirada de la fuerza invasora; que, después de muchos años, asuma su responsabilidad ante la Corte Internacional de Justicia.

Tenemos el movimiento de solidaridad más grande del mundo, con representantes en Europa, África y activistas en otros continentes. Desde 1991 se debía realizar el Referéndum de Autodeterminación, que Marruecos bloqueó porque vio que no iba a ganar.

Hemos esperado 30 años y nadie habla de eso. El 13 de noviembre de 2020, en plena pandemia, Marruecos violó el cese al fuego y puso en peligro a los saharauis. Desde entonces, el ejército saharaui volvió a la guerra hasta el momento; y no habrá paz hasta la aplicación de las resoluciones de la ONU y la TJUA, que ordenan la retirada de tropas invasoras de la RASD.

Luego se abrió una negociación entre el Frente Polisario, Marruecos, Argelia y Mauritania, que tuvo tres rondas. Ahí, el puzle está en la “autonomía” que ofrece Marruecos al Sahara, que quedaría bajo su soberanía. En cambio, lo que el Polisario exige es la autodeterminación y el fin de la ocupación extranjera.

Esa guerra criminal costó la ocupación de ciudades, el confinamiento de los saharauis en campamentos y su diáspora en España, Francia, Italia, Mauritania y otros.

Marruecos ha cometido crímenes de lesa humanidad; ha causado cientos de desaparecidos. Estamos condicionados a ganar nuestra autodeterminación, cueste lo que cueste y tenemos todo el derecho a usar todos los medios disponibles contra el invasor.

Marruecos está obligado a cumplir todas las sentencias del derecho internacional sobre el Sahara Occidental para no perpetuar la ocupación, la independencia del pueblo saharaui es la aplicación de las resoluciones de la comunidad internacional y la garantía de paz y estabilidad, concluye el diplomático.