Un problema latente que ha acompañado al campo mexicano deriva del abandono y la escasa productividad de las pequeñas unidades agrícolas. No se trata de un defecto del reparto agrario en sí –una conquista de la Revolución–, sino de que la tierra se distribuyó en parcelas pequeñas, sin el acompañamiento de crédito, tecnología e infraestructura, y a que gobiernos posteriores abandonaron al campo. El resultado es evidente: de acuerdo con la obra Descampesinización de México, del Dr. Adrián González Estrada (Profesor-Investigador del posgrado de la Universidad Autónoma Chapingo), la pequeña propiedad concentra 71.9 por ciento de las unidades productivas, pero su producción representa apenas 21.2 por ciento del total nacional, lo que se deriva de la falta de acceso a técnicas e instrumentos modernos de labor agrícola. El Censo Agropecuario 2022 confirma esta estructura: el 71.8 por ciento de las unidades de producción en manos de personas físicas tiene cinco hectáreas o menos, y la superficie promedio por unidad cayó de 7.7 hectáreas en 2007 a 5.9 en 2022.

El gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) propuso la entrega de agroinsumos y estímulos económicos directos, mediante dos programas distintos: Sembrando Vida, a cargo de la Secretaría de Bienestar, y Producción para el Bienestar, a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Ambos fueron presentados para resolver los problemas del campo mexicano, pero han mostrado múltiples limitaciones y deficiencias.

En el caso de Sembrando Vida, que entrega seis mil 450 pesos mensuales por medio del Banco del Bienestar, se propone el rescate de áreas forestales y la introducción de sistemas agroecológicos y de conservación. Sin embargo, margina a muchos campesinos que necesitan el apoyo –para renovar sus plantas (sobre todo de café), introducir riego o fertilización–, pues al no poseer las 2.5 hectáreas exigidas como requisito, quedan excluidos. Según los propios productores impone, además la siembra de especies incompatibles con el cultivo ya establecido o difíciles de mantener por el clima de la zona.

Por su parte, Producción para el Bienestar entrega de siete mil 300 a 24 mil pesos anuales, según la extensión de las parcelas y el cultivo. La entrega directa al agricultor se implementó para combatir el clientelismo de “organizaciones y líderes”, la corrupción y los intermediarios. Sin embargo, muchos representantes de agricultores advierten que estos programas tienen un carácter “asistencialista”: si bien ayudan al pequeño productor, conllevan también una intención de clientelismo electoral y contribuyen a desintegrar las organizaciones campesinas que apoyaban la búsqueda de mercados, compra de insumos y plantas, y la integración de las comunidades.

Como puede verse, estos programas sólo contemplan la adquisición de plantas e insumos, sin atender el resto de las variables que deterioran la producción agropecuaria: la creciente erosión de los suelos, la falta de obras de irrigación, dificultades para acceder a créditos, las plagas y enfermedades, la carencia de relevo generacional, obstáculos para comercialización y la ausencia de instalaciones para almacenamiento y procesamiento. Todos son aspectos fundamentales, pues una falla en cualquier etapa del flujo productivo puede arruinarlo por entero. Entregar dinero e insumos sin un diagnóstico integral del ciclo productivo no es una política agrícola científica, sino un paliativo que confunde el síntoma con la causa: atiende la carencia inmediata, pero deja intacta la estructura que la genera y, por ello, está condenado a reproducir el problema que supone combatir.

El campo mexicano tiene problemas candentes que requieren una solución capaz de atacar las causas profundas y no sólo sus manifestaciones superficiales; esto es, una política integral de tecnificación, crédito, infraestructura y organización productiva. El primer paso radica en la organización comprometida y consciente de los pequeños campesinos, que se agrupen en defensa no solamente de sus necesidades inmediatas, sino de sus demandas como clase.

En lugar de afianzar la dependencia de los programas gubernamentales, las demandas de los agricultores deben fortalecer la capacidad productiva, promover el trabajo y la comercialización colectiva e impulsar la acción fraterna entre productores. El futuro del campo depende de la acción organizada de los trabajadores agrícolas para crear estructuras productivas que les garanticen una vida digna con el fruto de su trabajo. Pero los campesinos no pueden luchar aisladamente: como parte del pueblo trabajador, su lucha debe unirse a la del proletariado y los demás explotados, pues únicamente la fuerza de toda la clase oprimida puede disputar el poder político y transformar el modelo económico que mantiene postrado al campo.