El gobierno Federal mantiene encarcelados a tres campesinos que participaron en la toma de la presa La Boquilla, a quienes acusa de “terrorismoˮ, y despidió a 43 mandos medios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por “incumplirˮ con el envío de agua a Estados Unidos (EE. UU.).

¿El Gobierno Federal iba quedarse quieto con el estoque que los campesinos del centro-sur de Chihuahua le dejaron clavado en el lomo después de la estupenda faena con la que le impidieron pagar al país vecino un adeudo dentro del Tratado Binacional de Aguas?

Como se recordará, el pasado ocho de septiembre, una multitud de productores agrícolas arrebató la presa La Boquilla al Ejército Federal y la Guardia Nacional, cuyos efectivos la custodiaban mientras la Conagua extraía el agua de las tres presas principales de la región para enviarla a EE. UU., desoyendo el reclamo de que, sin dicha dotación, los despojaría del 70 al 75 por ciento del agua de riego requerida para iniciar en marzo el ciclo agrícola 2021.

En esa fecha, el Gobierno Federal no atendió los argumentos de los campesinos y, pese a sus acciones preventivas de entonces, hoy, ante una sequía similar a la de 1995, enfrentan una situación de catástrofe porque el agua de que disponen solo alcanza para regar una superficie mínima. Pero el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) no ha quedado conforme y, como reza el dicho popular, “no busca quién se la hizo sino quién se la pague”.

Y en función de este objetivo, el gobierno de AMLO, a través de la Conagua y otras instancias de la Federación, emprendió al menos cuatro acciones represivas que, a la vista de la gente, se ofrecen como una venganza.

En la primera de ellas, la Conagua, a cargo de Raquel Cisneros, despidió a 43 mandos medios en Chihuahua con la acusación de que incurrieron en actos de corrupción al “incumplir” con el envío de aguas a EE. UU., envío que no estaba en sus manos porque ese tipo de decisiones las toma el Organismo de Cuenca Río Bravo o, una vez estallado el conflicto, se adoptaron en Palacio Nacional.

Sin embargo, estos empleados fueron arrestados uno a uno y, al más puro estilo gansteril, los amenazaron para que firmaran su “renuncia voluntaria”; si se negaban, la Conagua les fincaría “acusaciones penales”. Hoy están en la cárcel, privados arteramente de sus derechos civiles y laborales y sin saber cuánto tiempo estarán ahí recluidos.

¿Cómo trató de justificar la Conagua esta arbitrariedad? Con el estilo “cuatrotero” de enmascarar sus acciones como el supuesto “combate a la corrupción” (véase el boletín del 23 de febrero de 2021): “Se continúa con la limpieza de todas las áreas de la Comisión Nacional del Agua, que se emprendió desde el inicio de la administración… parte de un proceso que se realiza al interior de todas las áreas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desde el principio de la administración para asegurar la transparencia y el pleno apego a derecho en sus oficinas a nivel nacional, se determinó llevar a cabo la renovación de personal adscrito a la Dirección Local en el estado de Chihuahua. El objetivo de estos cambios es fortalecer a esta oficina; de ninguna manera la intención es desaparecerla. Lo anterior, en virtud de que se han detectado presuntos actos de corrupción, malos manejos o conductas inadecuadas que no pueden ser permitidos y que se alejan de los principios de honestidad, transparencia y combate frontal a la corrupción por los que se rige la institución”.

Según el testimonio de los trabajadores, Antonio Zamora, subdirector general del Departamento Jurídico de la Conagua, vino de México ex profeso para exigirles que renunciaran “voluntariamente” a sus cargos porque ya disponía de expedientes sobre su responsabilidad penal en los incidentes de La Boquilla.

“Dicen que es derivado de las omisiones en que supuestamente nosotros incurrimos el año pasado, derivado de la problemática del Tratado Internacional; pero nosotros no tenemos ninguna función relacionada, ya que las decisiones son tomadas por oficinas centrales en México. Todo lo relacionado a la presa, son ellos los que toman las decisiones”, refirieron, en tanto se organizaban para buscar asesoría legal.

Una segunda acción represiva se ejecuta mediante el cierre de las oficinas de Conagua en la región centro-sur de Chihuahua. Con la salida de los empleados que se encargaban de atender y resolver trámites de los usuarios; las únicas personas que se hallan en ellas son las secretarias, que carecen de las funciones y el conocimiento necesario para ordenar inspecciones, quejas, reposiciones de permisos para pozos, renovar concesiones de aguas nacionales.

Por ello, hoy, las oficinas de Conagua se ven desoladas, con los cubículos cerrados y los pasillos vacíos; ya que solamente las secretarias recomiendan a los productores agrícolas u a otros usuarios que efectúen sus trámites en Monterrey, en las oficinas del Organismo de Cuenca Río Bravo, para lo que deben viajar en avión o bien invertir 10 horas en automóvil de ida y otras 19 de vuelta.

Pero con estos trayectos se arriesgan porque resultarían inútiles debido a que los expedientes siguen guardados en los archiveros de la Conagua en avenida Universidad número 3300, en la capital de Chihuahua. Así que como ya ocurrió a Hans Dietrich, de los campos menonitas de Cuauhtémoc, y a Esteban Gómez, del municipio de Ascensión, quien se aventure a Monterrey para este asunto, no podrá renovar su concesión de pozo agrícola.

Una tercera acción vengativa de la 4T relacionada con la toma de La Boquilla el pasado ocho de septiembre, donde participaron cientos de campesinos, es la permanencia en prisión de tres productores agrícolas que ese mismo día fueron detenidos por una patrulla militar. Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez siguen encarcelados por el Gobierno Federal, por haber cometido actos de “terrorismo”, delito carente de sustentación por parte de las autoridades ministeriales. El pasado ocho de marzo, los campesinos cumplieron seis meses de haber sido privados de su libertad por defender su derecho al agua de riego, pero su caso no ha avanzado un milímetro en los juzgados.

Una cuarta acción represiva, de expresión indirecta, la están padeciendo dos grupos de productores agrícolas de Chihuahua y Durango debido a los frecuentes apagones que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ejerce sobre ambas entidades. En fecha reciente, Agrodinánica Nacional, dirigida por Arturo Rentería Duarte en el sur y norte de Durango, bloqueó las oficinas de la CFE de Gómez Palacio, Durango, donde está la sede de la gerencia regional de Transmisión Norte.

En Jiménez y en Delicias, Chihuahua, los campesinos afectados mantenían tomadas las vías férreas en protesta por los cortes y el frecuente desabasto de energía eléctrica que ha perpetrado la paraestatal sin considerar que con ellos paraliza los pozos agrícolas y ocasiona pérdidas millonarias a la producción agropecuaria de ambas entidades.

Los productores agrícolas se quejan de esto a pesar de que, en febrero de 2020, firmaron un documento con la CFE en la que ésta se comprometió a no suspender los cortes de energía eléctrica por adeudos no pagados. Esa tregua estaría vigente mientras se conseguía la intermediación del Senado en busca de una negociación satisfactoria para el sector agropecuario.

Pero la CFE “no ha respetado la tregua y nos han seguido cortando la luz de los pozos”, denuncian los campesinos, quienes solo han conseguido un llamado a negociar, pero con la condición de que cesen las protestas y los bloqueos.

La catástrofe, único panorama a la vista

Las injusticias y la falta de sensibilidad del gobierno arriba descritas sobre la región centro-sur de Chihuahua, sumadas a la falta de agua, definen un panorama catastrófico que no solo afectará a los campesinos sino al resto de la sociedad chihuahuense.

El desastre en marcha se debe a que el desplome entre el 70 y el 75 por ciento en la producción agrícola en la temporada 2021 de los distritos de riego 5 y 90, dependientes del río Conchos y sus afluentes mediante las tres presas principales del estado, tendrá un impacto directo en al menos nueve municipios de la entidad.

Para gran parte de la población, esta catástrofe es consecuencia directa del despojo que el gobierno de AMLO hizo cuando ordenó vaciar las presas de la región y enviar agua a EE. UU. para pagar una cuota a la administración de  Donald Trump a través del Tratado Binacional de Aguas.

A este problema se sumó la falta de lluvias en la zona “temporalera” del estado en 2020, fenómeno que provocó una disminución de casi 90 por ciento en la producción de maíz, frijol, avena forrajera y papa, los principales cultivos de las regiones norte, noroeste, oeste y sur. La sequía causó daños irreversibles porque prácticamente no llovió en todo el año, y los agricultores ni siquiera pudieron levantar algo de forraje en septiembre y octubre.

Y las previsiones meteorológicas de 2021 no son nada halagüeñas, así como tampoco las políticas oficiales, ya que el Gobierno Federal recortó todos los apoyos al campo en 40 por ciento, eliminó todos los programas que controlaba la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Social (Sagarpa) y redujo las partidas federales a los gobiernos estatales de manera espeluznante, tanto, que se verán imposibilitados para ejercerlos en programas sociales o agropecuarios de nivel local.

En medio de la fiebre de “austeridad republicana” con la que AMLO desapareció todos los fideicomisos públicos, arrasó con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), con los que los campesinos pudieron haber resarcido un poco los graves daños provocados por la sequía atípica extrema que hoy afecta al norte de México. Nula o muy escasa será la producción en esta temporada, en los dos pilares del agro chihuahuense, con la actual sequía, que está catalogada como la peor desde 1951.

CFE realiza cortes ilegales a pozos agrícolas

Los agricultores que utilizan pozos artesianos para irrigar sus predios particulares enfrentan una crisis adicional por la frecuencia con que la CFE realiza cortes de energía para ahorrarla, o porque aquéllos tienen dificultades para cubrir sus pagos pendientes o actuales. Esta situación es particularmente dramática en las regiones noroeste y el sur de Chihuahua.

En lo que respecta al noroeste de la entidad, los cortes ilegales de la CFE a los pozos que bombean el agua con motores a base de electricidad, se realizaron en octubre pasado, justo cuando los campesinos efectuaban los últimos riegos en varias localidades de la región. Esto los obligó a denunciar estos cortes realizados por personal de la empresa paraestatal en Los Cienes, es decir, en las comunidades menonitas de los Campos 102 al 117, ubicados en el municipio de Cuauhtémoc, así como en Álvaro Obregón, Namiquipa y Casas Grandes.

Cuando se les cuestionó si ya les había llegado alguna notificación de corte o de cobro de la dependencia federal, la respuesta general fue que no, que nunca les llegó absolutamente nada. Ludovico Enríquez informó que se habían congregado unos 100 productores en uno de los lugares a donde llegaron los camiones para efectuar el corte y exigir a los trabajadores de la CFE la reconexión. “Resultó que nos vinieron a cortar y ahorita andamos luchando porque nos reconecten en los Campos 102 y en el 117”.

¿Y cómo le hacen?, se le preguntó. “Con la presión social, sí les reconectan los de la CFE. Porque si no acceden, les retenemos la troca”, explicó Enríquez. Sin embargo, en aquella ocasión agarraron descuidados a los menonitas, aunque con ellos nunca se meten, “pero ahora a ellos también los están afectando”.

Los pozos afectados en la región sur pertenecen al valle del río Florido. Los cortes se dieron en octubre pasado y fueron masivos, pues dejaron sin energía a 40 unidades agrícolas y las áreas domiciliarias de 150 familias. De inmediato se juntaron y fueron a protestar frente a las oficinas administrativas regionales y la subestación de la CFE en Ciudad Jiménez.

 Arturo Rentería, líder de Agrodinámica Nacional en esa región, denunció que los apagones de la CFE no tenían justificación y violaron un convenio de tregua entre esta oficina y los productores. “Desde antier se presentaron muebles (vehículos) de la CFE que venían de Gómez Palacio y otros de Parral, y cortaron ramales en la región del Desierto, dejando sin luz eléctrica como a unos 30 o 35 pozos agrícolas y a una comunidad que se llama Las Glorias 2, pozos pagados y no pagados, pozos con medidor y sin medidor, y además cortaron un ramal que surte varios pozos por el lado del Ejido Morita y a dos ejidos más”.

Las comunidades afectadas pertenecen a los municipios de Jiménez, López y Allende.

Los “terroristasˮ que agraviaron a la 4T

Los tres campesinos aún presos por los incidentes del ocho de septiembre son habitantes del municipio de La Cruz y esa noche iban a sus hogares después de haber participado con entusiasmo en la toma de la presa La Boquilla, que se halla más o menos a una hora distante de su comunidad. Comentaban cómo la masa de agricultores había logrado romper la cerca de las instalaciones, obligando a retirarse a los militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a los elementos de la Guardia Nacional.

Fueron horas de tensión sin precedentes en esa región, pero los militares tuvieron que levantar sus equipos y, a pie o en sus vehículos, se fueron en fila por la carretera Camargo-La Boquilla. La escaramuza resultó un éxito y la posición ganada por las fuerzas populares se mantiene hasta hoy para que el gobierno de AMLO no intente sacar la poca agua que les dejó.

Pero los militares no quisieron irse con las manos vacías esa noche; en el camino se toparon con los campesinos de La Cruz y decidieron llevarse algunos prisioneros. Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez están acusados de portación de explosivos, equiparable a “terrorismo”; siguen encarcelados en represalia a la toma de La Boquilla y son utilizados por el gobierno de la 4T para escarmentar a sus compañeros.

A decir de su abogado, Gerardo Navarrete, ellos permanecen detenidos en el Cereso de Aquiles Serdán luego de que se les abrió una etapa de investigación complementaria que duraría tres meses. Ya pasaron seis meses y esa primera etapa no concluye. Sus familiares y la defensa acusan al Gobierno Federal de hacer hasta lo imposible para hacerlos aparecer ante la opinión pública como “terroristas” y para evitar a toda costa que declaren como testigos sobre el ataque contra Jessica Silva y Jaime Torres.

El abogado de los tres indiciados por la justicia federal denunció que los fiscales presionan “por varias vías” al juez Nelson Pedraza, “para que actúe de acuerdo con los intereses políticos del Gobierno Federal para sembrar un delito”, a pesar de que “no hay evidencias de su culpabilidad”.

El 16 de septiembre, a una semana de la detención, el defensor presentó un dictamen de balística y criminalística emitido por el perito privado Víctor Hugo Vique Gutiérrez, quien aseguró que no encontró cargas explosivas ni explosivos en los artefactos que, según la Guardia Nacional, traían los inculpados y que, según la defensa de los procesados, “les habrían sembrado al momento de la detención”.

Así es como ahora transcurren en Chihuahua estas batallas desiguales entre un David que defiende sus derechos armado con una humilde honda y un Goliat que, con todo el poder político, económico, militar y jurídico del Estado mexicano, no se resigna a perder un solo palmo de terreno; y que cuando pierde una posición, por mínima que sea, arremete por diferentes flancos a sus “enemigos” para que éstos entiendan que “con el gigante mejor no hay que meterse”. Pero la fábula se cuenta sola.