Ciudad de México. - Este día, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México concedió una suspensión definitiva en contra de todos los efectos y consecuencias de la Autorización de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) respecto al proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL).

 La orden judicial, en uno más de los juicios de amparo promovidos por #NoMásDerroches, comparte el criterio sostenido la semana pasada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al otorgar una suspensión provisional en contra de la Autorización de Impacto Ambiental.

 Se otorga debido a que la propia Autorización de SEMARNAT reconoce que con la ejecución del proyecto de Santa Lucía se ocasionarán daños y afectaciones al ecosistema actual de las regiones que impactará la obra aeroportuaria. El Juez también indica que la Autorización de Impacto Ambiental reconoce: I) la tala y poda de vegetación; II) desplazamiento y reubicación de flora y fauna; III) inhibición en la filtración hídrica y, por ende, la disminución de captación de agua.

Además de un aumento de contaminación atmosférica debido al aumento en el tránsito de vehículos aunado a la falta de infraestructura vial y, en general: daños inminentes de difícil reparación en perjuicio de las comunidades por modificaciones al entorno. La finalidad de la suspensión es garantizar la protección del medio ambiente de las regiones afectadas por el proyecto aeroportuario y salvaguardar la integralidad del ecosistema.

 Con esta nueva medida cautelar obtenida por #NoMásDerroches, el inicio de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía tendrá que esperar a que se emita sentencia definitiva en el juicio de amparo, pues prohíbe la ejecución de la Autorización de Impacto Ambiental hasta que el Juez analice si cumple con los principios en materia ambiental y garantiza el derecho a un medio ambiente sano que protege nuestra Constitución.

 #NoMásDerroches continuará impulsando acciones legales en contra de cualquier proyecto que conlleve un potencial quebranto al marco jurídico, el desperdicio de recursos públicos, riesgos a la seguridad y medio ambiente y violaciones a los derechos humanos.