Miles de demandas laborales que están presentándose contra los despidos masivos ordenados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) son una bomba financiera, pues están por estallar las finanzas del Gobierno Federal con el pago de miles de millones de pesos en salarios caídos, dijo a buzos el abogado Rodolfo Martínez, de Trusan & Roma (T&R), despacho que encabeza la defensa legal de los exempleados de confianza del Sistema de Administración Tributaria (SAT).Ell licenciado Martínez precisó que desde finales de 2018 esta firma asesora a funcionarios y empleados de confianza gubernamentales despedidos injustificadamente o en riesgo de serlo, en relación con el trámite de amparos contra su remoción, reducción de salarios y/o suspensión de sus servicios de seguridad médica. Todos forman parte de los 222 mil 600 trabajadores que debían ser destituidos para poner en marcha el “plan de austeridad” de la Cuarta Transformación (4T).

“Nosotros pusimos en redes nuestra página, a efecto de que la gente se pudiera acercar a la firma por el tema de remuneraciones (de funcionarios), que fue el que nosotros empezamos a trabajar. Y ya de ahí empezamos a ver el otro fenómeno, que fue el tema de los despidos masivos. Así fue como empezó esto. Pero todo tiene su origen en un análisis jurídico que empezamos a realizar hace ya casi un año, cuando López Obrador manifestó su intención de bajar salarios. Nos dimos a la tarea de visualizar los escenarios, las consecuencias jurídicas de ello y elaboramos un plan de defensa para los servidores públicos que se terminó ampliando, porque en un inicio era solo para el tema de las remuneraciones; ahora también es por el asunto de despidos masivos que hemos anticipado, y que van a seguir”. 

El abogado indicó que, en cuatro, cinco o siete años, cuando se “emita un laudo favorable a los trabajadores”, ya sea para reinstalarlos o indemnizarlos, el Estado tendrá que pagar un costo muy elevado en salarios caídos a los servidores públicos que demandan al Gobierno Federal por su despido injustificado.

“Es falso el rumor de que solo sería un año de salarios caídos. Esto aplica a los trabajadores que se rigen por el apartado A (trabajadores de la iniciativa privada) de la Constitución, no por el apartado B (de la burocracia). La mayor parte de los servidores públicos federales se rigen por el apartado B. En ese sentido, no hay un límite para el pago de salarios caídos”, explicó el abogado Martínez, quien está convencido de que el Estado perderá los juicios.

¿Por qué tiene la seguridad de que ganarán los juicios?, preguntó buzos al abogado Martínez. “Se trata de medidas inconstitucionales, por lo que estructuramos una defensa para representar a los inconformes con las determinaciones del Gobierno. Conseguimos el ingreso de demandas de amparo para miles de afectados, de las que obtuvimos el beneficio de la suspensión temporal e incluso algunas definitivas, logrando así restituir sus seguros y/o la reinstalación de empleados con todo y basificación, de las que carecían”, respondió el litigante.

“Además, obtuvimos suspensiones provisionales y definitivas que los juzgadores de distrito están otorgando a los servidores públicos que se han amparado, a efecto que no se les aplique ni la Ley Federal de Remuneraciones ni el Presupuesto de Egresos de la Federación, y que ellos puedan seguir recibiendo sus remuneraciones como las tenían en 2018. Esperamos que en la sentencia de fondo la justicia de la unión ampare y proteja a los servidores públicos en los juicios de amparo, a fin de que en lo subsecuente ellos puedan mantener su nivel salarial”, agregó.

A la fecha, esta firma legal ampara a los servidores públicos que representa mediante la suspensión de acciones (no pueden ser despedidos, reducirles el sueldo u otra acción), una medida precautoria dictada por un juez en tanto su caso es dictaminado y puede otorgárseles un amparo definitivo. Para obtenerlo, los trabajadores deben esperar entre ocho meses y un año. Directores generales que habían sido calificados como “empleados de confianza” y fueron despedidos, particularmente en el SAT, no solo fueron reinstalados, sino que consiguieron su base laboral.

 “Si no, pregúntele al SAT, ¿cuántas personas de nivel administrador o administrador central han logrado su reinstalación a través de un laudo? Antes de determinar qué le toca y qué no a un servidor público de confianza, primero hay que determinar que lo sea. En este punto está el meollo del asunto y es en donde los servidores públicos tienen abierto el camino para lograr eventualmente su reinstalación o indemnización. Tal vez esto lo termine atrayendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver a fondo. Entonces el proceso puede tardar hasta un año, aproximadamente”, explicó.

El abogado reveló a este semanario que además de las violaciones a los derechos laborales, que se sintetizan en la figura “despido injustificado”, hay otras que vulneran sus derechos humanos porque a varios de los despedidos se les criminalizó para “justificar” la separación laboral.

“Los trabajadores del Servicio Profesional de Carrera (SPC) tienen derecho a indemnización. Eso estableció la SCJN, los que son de libre designación no tienen derecho ni a la indemnización ni a la reinstalación, pero la SCJN también ha dicho quiénes son los servidores públicos de confianza, y no tiene que ver con la denominación de su puesto o su nombramiento, lo son de acuerdo a las funciones que realizan. Entonces, los servidores públicos que se vean afectados por un despido injustificado, tendrán que demandar señalando que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, y a las funciones que ellos realizaban, no eran trabajadores de confianza, y, por efecto, se puede lograr su basificación.

“El procedimiento en materia laboral utilizado por la 4T es tan inconstitucional que la propia SCJN reafirmó la procedibilidad de las suspensiones que otorgaron en su momento al Senado de la República, en acción de inconstitucionalidad que presentó contra la Ley Federal de Remuneraciones”, enfatizó.

Mentira que haya despidos por austeridad

Para el abogado Martínez el fondo de los despidos no tiene que ver con una política de austeridad, pues los puestos que ocupaban los funcionarios y empleados de confianza –la mayoría especializados en la ejecución de determinadas actividades–, ahora son ocupados por sujetos improvisados.

“Lo estamos viendo en todo el Gobierno Federal, son personas que no cumplen con el perfil del puesto. El perfil de un puesto es, digamos, un catálogo de requisitos que debe cubrir una persona para ocupar una plaza. Estamos hablando desde una subdirección de área, que requiere de una cédula profesional y una carrera afín al puesto que se va a desempeñar, hasta el de otras posiciones de menor rango, pero muy relevantes. Además de los ya conocidos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), hay otros como el del director de Tecnologías de la Información y el de Seguridad Informática de la Secretaría de Hacienda, en estos casos se trata de una persona que estudió hasta el cuarto semestre de Física, una carrera no afín al puesto y sin siquiera contar con el título universitario, menos con la cédula profesional”, explicó el abogado.

De acuerdo con estimaciones extraoficiales y extrabajadores organizados para la defensa de sus derechos, son 22 mil los despedidos en las primeras semanas de la 4T. Sin embargo, el licenciado Martínez agregó que, al 18 de febrero, la cifra alcanzaba a 40 mil de los 222 mil 600 que el presidente López Obrador quiere fuera de la burocracia federal, es decir, un avance del 30 por ciento de los despidos injustificados con respecto a la meta de “austeridad republicana”.