El principal movimiento es el de Madres Buscadoras, que han realizado y planean protestas en las inmediaciones del Estadio Banorte.
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La Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE. UU.) aprobó la Ley Laken Riley, que establece la detención de migrantes en situación irregular que cometan delitos no violentos. Se espera que el presidente Donald Trump la promulgue y la convierta en la primera ley que firme durante su segundo mandato.
Dicha ley dicta que las autoridades estadounidenses podrán detener a cualquier migrante que haya cometido robo, asalto a tiendas, a un agente, o cualquier otro delito que cause la muerte o lesiones graves a otra persona.
Además, cuando los detenidos sean declarados culpables ante un juez, deberán ser deportados a su país de origen.
La nueva ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de 22 años asesinada por José Antonio Ibarra, un inmigrante venezolano de 26 años buscado por el delito de robo a tiendas, y más tarde condenado por este crimen.
Este suceso llevó a los legisladores del Partido Republicano de EE. UU. a impulsar la ley, argumentando que, si el acusado hubiera sido detenido y expulsado por delitos no violentos, se habría evitado que le quitara la vida a Laken Riley.
Por lo tanto, ahora la ley sólo espera la firma de Trump para su aplicación, reforzando así su nueva política migratoria.
El principal movimiento es el de Madres Buscadoras, que han realizado y planean protestas en las inmediaciones del Estadio Banorte.
Presentará un escrito legal en apoyo a una demanda colectiva interpuesta por detenidos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió “derogar de inmediato la ley discriminatoria sobre la pena de muerte aprobada”.
La iniciativa contempla un cese inmediato de las hostilidades y el compromiso de “realizar todos los esfuerzos posibles para evitar la propagación del conflicto”.
“Cada día tiramos la basura suficiente para preparar mil millones de comidas, mientras que el 9% de la humanidad pasa hambre”, Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
El Ejecutivo español también negó el uso de las bases militares de Rota, en Cádiz; así como, Morón de la Frontera, en Sevilla.
“Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla, o más bien, de que haya llegado”, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.
El presidente libanés, Joseph Aoun, calificó el ataque como “un crimen flagrante que viola todas las normas y acuerdos que protegen a los periodistas”.
Desde el comienzo de los bombardeos, al menos 289 instalaciones médicas y cerca de 600 escuelas y centros educativos han resultado afectados.
Estadounidenses residentes en México, ciudadanos con doble nacionalidad y mexicanos deportados desde EE.UU. se han organizado para sumarse a la jornada de protestas.
Nueve tripulantes viajaban a bordo, entre ellos un menor de edad.
El fallo a favor de la joven, se suma a otras decisiones judiciales. En Nuevo México, un jurado ordenó a Meta pagar 375 millones de dólares por no proteger a menores.
La pareja presidencial venezolana lleva 83 días detenida desde su secuestro, el 3 de enero pasado, la defensa sostiene que el proceso es ilegal y de carácter político.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.