La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
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Campesinos exigen retirar granos básicos del T-MEC y reformar la Ley de Aguas
El precio del maíz en la Bolsa de Chicago ronda los tres mil 400 pesos por tonelada, mientras que, en México, con los apoyos federales y estatales, supera los seis mil pesos.
Foto: Internet
Organizaciones campesinas de América Latina y el Caribe exigieron este martes 2 de diciembre excluir los granos básicos de los acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea; la demanda se presentó durante el VIII Congreso Internacional de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC–Vía Campesina), celebrado en México.
Los productores señalaron que enfrentan condiciones desiguales frente a los subsidios que reciben los agricultores de Estados Unidos y Europa. También advirtieron que los alimentos no deben utilizarse como herramientas de presión o de guerra.
Destacaron que en México el productor recibe alrededor de 5 pesos por kilogramo de maíz, mientras que la harina cuesta 24 pesos y la tortilla llega a 30 pesos.
Por ello, afirmaron que en la renegociación del T-MEC México debe retirar el capítulo referente a los granos básicos, especialmente el maíz, para evitar que su valor siga sujeto a la especulación de mercados como la Bolsa de Chicago. Reiteraron la urgencia de garantizar la soberanía alimentaria, proteger a los agricultores y asegurar su derecho a producir alimentos.
El exsenador José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, consideró necesario rediseñar la política hacia el campo. Señaló que México debe replantear su participación en acuerdos comerciales que han resultado desventajosos para los productores, al privilegiar sectores como el manufacturero en detrimento del sector agrícola.
En cuanto a la Ley de Aguas Nacionales, Francisco Yasser Chew Plascencia, dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST), recordó que las reformas neoliberales impulsaron un mercado del agua que se colocó por encima del derecho constitucional al acceso al recurso. Por ello, planteó que es urgente reformar la Constitución para restituir a las comunidades su derecho al agua y reconocer plenamente sus sistemas comunitarios de gestión, así como los derechos de ejidos y pueblos indígenas que fueron omitidos en la legislación de 1992.
José Dolores López Barrios, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), propuso un nuevo modelo para el campo basado en tres pilares: apoyo a la comercialización, acceso a créditos y fortalecimiento de los programas orientados a la producción de alimentos.
Por su parte, José María Oviedo, integrante de la comisión política de la CLOC, sostuvo que, ante la desventaja frente a la agricultura estadounidense, los alimentos no deberían formar parte de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya que constituyen un asunto de seguridad nacional y no un bien sujeto a disputas comerciales.
Los participantes de América del Sur, Centroamérica y el Caribe coincidieron en que los gobiernos de derecha continúan favoreciendo a las grandes empresas y a la iniciativa privada, mientras que el crimen organizado se aprovecha de la precariedad en que viven muchas comunidades rurales.
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