El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, vuelve a acusar al Movimiento Antorchista, por enésima vez, de ser una organización criminal, sin aportar ninguna prueba. Yo lo acuso de estar preparando un fraude monumental para robarse la elección que viene y aquí doy las pruebas en que apoyo mi aseveración. Hace pocos días, la Cámara de Diputados de Puebla recibió para su discusión, y aprobación en su caso, dos propuestas de reformas a las leyes vigentes. La primera es una iniciativa del gobernador Miguel Barbosa para modificar el Artículo 232º del Código electoral del estado; la segunda es del diputado Gabriel Biestro Medinilla, coordinador de la bancada morenista, y consta de dos partes: la primera propone modificar la Constitución del estado y la segunda, nuevamente, el Código electoral. La iniciativa del gobernador propone:

1) Se prohíbe colocar propaganda electoral en los siguientes lugares: equipamiento urbano (postes, señales e infraestructura que tenga que ver con el servicio público). La prohibición incluye cualquier objeto colocado en las estructuras antedichas, tales como mamparas, bastidores o cualquier accesorio que se pueda colgar o fijar en ellas. Tampoco se podrá colocar propaganda en accidentes geográficos (superficies de tierra, partes de un cerro u otro accidente del terreno al lado de las carreteras); en señales de tránsito, postes, semáforos y otras estructuras de las carreteras o vías de ferrocarril. En los lugares antes señalados no se podrá colocar tampoco la llamada “propaganda indirecta”, que es mostrar la imagen del candidato o partido político en portadas de revistas, libros, anuncios de entrevistas o diarios o cualquier otro elemento que contenga la imagen, nombre, símbolo, siglas o elementos que induzcan al elector a concluir que se trata de un candidato o de un político.

2) No se podrá fijar, pintar, colgar o adherir ningún elemento de propaganda electoral, directa o indirecta, en espectaculares, pantallas electrónicas, ni colgarse de algún elemento adherido a éstos.

3) Se prohíbe colgar, fijar, pintar o adherir ningún elemento de propaganda de partidos o candidatos, incluyendo cualquier elemento que induzca a pensar que se trata de un candidato o partido político en: a) taxis, b) autobuses, c) microbuses, d) camionetas de pasajeros, e) todo vehículo del servicio público de transporte de pasajeros, f) servicio mercantil, g) servicios auxiliares, h) servicio ejecutivo. i) Así como en bases, terminales, sitios u oficinas de los servicios mencionados en los incisos anteriores.

En pocas palabras, Barbosa quiere, simple y llanamente, impedir la propaganda electoral, violando incluso la libertad de prensa, la de imprenta y el derecho legítimo de cualquier autor a promover su obra. Él dice que quiere frenar el abuso que, en este terreno, se ha venido cometiendo desde siempre, particularmente en el sexenio de Rafael Moreno Valle; que busca que todos los candidatos y partidos, incluido el suyo, Morena, compitan en igualdad de condiciones. Piso parejo para todos, dice. Pero el argumento es notoriamente falso. Primero, muchas de las prohibiciones que enumera ya están en la ley, y no veo la razón por la que quiere prohibir las que él añade ni por qué las considera un exceso. Segundo, existe ya una medida bastante más eficaz para remediar el abuso de que habla, y ése es el tope de gastos de campaña que contabiliza en pesos y centavos todo lo que el candidato y su partido hagan para promoverse. Y precisamente las prohibiciones añadidas por Barbosa se tasan a precio alzado para limitar su uso. ¿Qué necesidad hay de prohibirlas totalmente? Solo una: impedir a como dé lugar que el mensaje de la oposición llegue a los electores. Tercero, el uso y abuso de los programas de gobierno y del dinero público con fines electorales por parte de Morena, es una verdad del dominio público, por lo que el “piso parejo” de Barbosa es pura propaganda, un taparrabo para esconder su deseo de favorecer aún más a su partido. Aunque lo niegue.

El diputado Biestro Medinilla, por su parte, propone reformar el Artículo 35º de la Constitución del estado para suprimir el derecho de la primera minoría a contar con un diputado más de representación proporcional. La reforma busca aumentar el número de las curules a repartir, mediante representación proporcional, entre todos los partidos con derecho, lo que beneficiaría a Morena por ser el partido con mayor votación (al menos eso es lo que ellos esperan). Pero, para darse cuenta cabal de la maniobra, tenemos que examinar otros puntos de la iniciativa de Biestro.

Propone también reformar el Artículo 16º del Código electoral para adecuarlo, dice, a la reforma constitucional anterior, lo cual es inobjetable. Lo turbio comienza con la redacción confusa e imprecisa del texto. Leyéndolo con atención y esfuerzo, permite entrever que su verdadero objetivo es eliminar el candado que este Artículo pone al riesgo de sobrerrepresentación de cualquier partido, particularmente del partido mayoritario. Este candado establece que ningún partido podrá contar con un número de diputados cuyo porcentaje respecto al total de legisladores (41, en el caso de Puebla) sea mayor en ocho puntos al porcentaje de los votos a su favor calculado contra el total de votos emitidos en la elección respectiva. Así, si se suprime este candado, y el número de curules a repartir mediante la representación proporcional aumenta, crece también la probabilidad de que Morena se haga con la mayoría calificada de los dos tercios del Congreso, aunque los votos a su favor no la justifiquen. Morena busca el control absoluto del Congreso a como dé lugar.

Biestro propone modificar el Artículo 41º del Código para precisar que ningún partido político, nacional o local, que participe por primera vez en una elección en Puebla, puede formar coaliciones, frentes, fusiones o pactar candidaturas comunes con otro partido. Pero resulta que esta taxativa ya está contemplada en el Artículo 58º del mismo Código, y es dudoso que Biestro o sus asesores legales no lo sepan. ¿Cómo se explica el “error”? La respuesta la da la misma iniciativa al proponer que ese Artículo 58º conserve su redacción actual, suprimiendo “solo” el capítulo que contiene la reglamentación de las coaliciones y demás formas de asociación entre partidos. Esa mutilación deja al libre arbitrio del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) (actualmente bajo dominio absoluto de Barbosa, como lo demostró su ilegal resolución en contra del derecho del antorchismo poblano a formar su propio partido local) la aceptación o el rechazo de las alianzas entre partidos. Es decir, Barbosa se reservaría el derecho a decidir qué alianzas proceden y cuáles no, por ser un riesgo para el triunfo de Morena.

Finalmente, Biestro propone reformar el artículo 47 del Código electoral, que dispone que la cantidad total de dinero público a repartir entre los partidos políticos vigentes debe calcularse multiplicando el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por una cantidad equivalente al 65 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra fija diseñada para éste y otros cálculos oficiales parecidos. La propuesta es que el cálculo se haga empleando el total de votos emitidos en la elección respectiva, en lugar del total del padrón electoral. Biestro busca, pues, disminuir en un 50 por ciento promedio el financiamiento público a los partidos, puesto que todo mundo sabe que el número de ciudadanos que acuden a las urnas es siempre menor al de empadronados y que a duras penas llega al 60 por ciento en los mejores casos. Así, el multiplicando del cálculo que propone Biestro es, por término medio, un 50 por ciento menor que el que estipula la ley actual, y el resultado se reducirá en la misma proporción.

Si se toman juntas las dos propuestas, la de Barbosa y la de Biestro, salta a la vista que son las dos mitades de un plan único, trazado por la misma mano, con un doble objetivo. a) Enviar a la oposición a la guerra electoral prácticamente sin dinero y sometida a una legislación draconiana que le prohíbe hacer uso de los medios de propaganda que considere más eficaces para llegar al electorado. Se busca construirle a Morena un enemigo ad hoc, un luchador amordazado y con el brazo derecho inmovilizado para garantizar su victoria en cualquier circunstancia. b) Crear un seguro adicional consistente en dejar en manos del gobernador la decisión de aceptar o rechazar los pactos y alianzas que proponga la oposición y, de ese modo, cerrar la posibilidad de que su partido pueda ser sorprendido y derrotado por esta vía.

Pero esto no es todavía suficiente. Barbosa y los morenistas quieren asegurar también el control absoluto del Congreso ya elegido, para lo cual se propone suprimir el diputado adicional para la primera minoría (que, por supuesto, no esperan ser ellos) y así restarle peso al disminuir su número; y hay que eliminar el candado a la sobrerrepresentación para poder agandallarse la mayoría calificada, aunque sus votos no alcancen para eso. Se trata, en resumen, de un plan perverso para burlar la voluntad popular y conservar (y acrecentar si es posible) el control de Barbosa y de sus incondicionales sobre el Congreso poblano. Los enormes peligros que de tal plan se derivarían no necesitan adivinarse ni hace falta especular sobre ellos. Han sido y son el pan de cada día para la inmensa mayoría de los poblanos desde que Barbosa se hizo con el poder. Sin embargo, es verdad que todo esto puede empeorar más, mucho más, si esos señores logran imponer la dictadura que están fraguando.

Dicho esto, solo me queda una duda: ¿qué pasa con los señores diputados de oposición (pocos o muchos) y con sus respectivos partidos políticos? ¿Por qué no levantan la voz siquiera sea para prevenir a los futuros votantes? Realmente no lo sé. Pero permítaseme parafrasear una frase de Marx que creo que viene al caso: el peor daño que infligen los dictadores a la humanidad no es físico, económico o político; es el terrible daño moral de convertir a la sociedad en un conjunto de eunucos, dispuestos a soportar las peores humillaciones con tal de asegurar la pitanza y salvar la vida. Los poblanos no debemos aceptar resignadamente semejante degradación de nuestra condición humana.