La delincuencia infantil es una consecuencia obligada de una sociedad desigual, injusta y caduca; infantes y adolescentes son empujados por la pobreza a abandonar la escuela para trabajar y ayudar a la familia, encontrando en su camino las drogas, la adicción y el medio para satisfacerla: el delito.

Este fenómeno, tan repetido y fácil de comprender es, sin embargo, muy difícil de erradicar, está ligado a las características esenciales de la sociedad mexicana; de ahí que para erradicarla tendría que atacarse la esencia de esta sociedad: la desigualdad.

He ahí la causa de fondo no solo de la delincuencia infantil, sino de la delincuencia y el crimen en general. Cuando el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) afirma que estos males solo desaparecerán atendiendo las causas de fondo, dice una gran verdad; pero cuando asegura que estas causas de fondo ya se están atacando, que se ha vencido a la corrupción y se está repartiendo la riqueza social más equitativamente, solo expresa ideas falsas, fantasías, sueños sin un sustento real. Las transferencias monetarias son la base de la política de la 4T para combatir el crimen, pero es irrisorio lo que se reparte comparado con lo que se necesita distribuir entre muchos millones de seres que no alcanzan nada en el reparto de la riqueza social.

La realidad del país desmiente con hechos y no con palabras lo que dice el gobierno; los niños y adolescentes continúan abandonando la escuela, tienen que trabajar para ayudar a sus mayores con el gasto familiar, la adicción a las drogas más perniciosas aumenta y las bandas criminales continúan reclutando a menores.

Todo esto significa que la desigualdad social permanece intacta, que no es con palabras o con prédicas como tiene que combatirse el problema. Efectivamente, si la desigualdad es algo esencial en esta sociedad, entonces solo hay un camino: la eliminación de esta característica; en otras palabras, implantar una distribución equitativa de la riqueza. De esto no habla el gobierno de la 4T; y no podría hacerlo sin plantear medidas drásticas que necesariamente afectarían a una minoría que, al amparo de las leyes, se apropia de la mayor parte de la riqueza social frente a la inmensa mayoría de los productores que solo alcanza una migaja y a quien el gobierno morenista le distribuye otra migaja.