Más de 50 mil toneladas de sargazo han sido recolectadas en lo que va de la temporada, pero el arribo masivo de la macroalga supera los esfuerzos de limpieza en diversos destinos turísticos.
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América Latina y el Caribe enfrentan avances desiguales en el control y monitoreo de contaminantes, ya que solo dos países —Chile y México— cuentan con sistemas plenamente operativos para registrar emisiones contaminantes, según un informe presentado en la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú.
El documento, elaborado por la Secretaría del Acuerdo de Escazú, revela que la región mantiene un panorama “heterogéneo y, en muchos casos, incipiente” en la implementación de los llamados Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), herramientas clave para garantizar transparencia y acceso a la información ambiental.
De acuerdo con el diagnóstico, mientras Chile y México lideran con sistemas completos y de acceso público, otras naciones como Colombia y Ecuador presentan avances parciales. En contraste, varios países aún se encuentran en etapas iniciales o ni siquiera han iniciado su implementación.
El informe destaca que estos registros permiten recopilar y difundir datos sobre contaminantes liberados al aire, agua y suelo, lo que fortalece la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la toma de decisiones ambientales basadas en evidencia.
Sin embargo, entre los principales obstáculos en la región se identifican la falta de financiamiento, debilidad institucional, escasez de datos confiables y ausencia de marcos normativos sólidos que obliguen a reportar emisiones.
Además, el documento advierte que en varios países la información ambiental sigue siendo limitada o no accesible al público, lo que reduce la efectividad de estos sistemas como herramientas de transparencia.
Pese a este panorama, el estudio también identifica señales positivas: al menos nueve países están en proceso de diseñar o implementar estos registros, impulsados en gran medida por compromisos internacionales y por el propio Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a garantizar el acceso a la información ambiental.
Finalmente, la Secretaría subraya que fortalecer estos sistemas será clave para mejorar la gobernanza ambiental en la región, reducir riesgos a la salud y avanzar en objetivos globales como el desarrollo sostenible y la acción climática.
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Escrito por Adamina Márquez
Directora editorial de buzos web. Egresada de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación por la UNAM.