Foto: FGR

En México, sólo tres de las fiscalías estatales del país cuentan con los medios para rastrear direcciones IP; además, aunque el 89 por ciento tiene huellas dactilares, sólo el 26.92 por ciento cuenta con reconocimiento facial; seis aún ocupan herramientas digitales como PowerPoint en el tribunal para presentar pruebas y en materia de vigilancia sólo 1 institución monitorea a sus patrullas ministeriales en tiempo real.

Lo anterior son sólo algunos de los resultados que presentó el centro de análisis México Evalúa en su estudio titulado “Justicia Digital: tecnología aplicada a la investigación criminal en México”, diagnóstico que evidenció los rezagos en el uso de herramientas; así como sus implicaciones en la investigación de delitos y la reducción de la impunidad en las fiscalías del país.

De acuerdo con el organismo, un cuestionario con 16 preguntas fue enviado a las 32 fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República, esta última no contestó al igual que las dependencias en Nayarit y Puebla; sólo 28 dieron respuestas completas o casi en su totalidad, Morelos sólo resolvió una duda.

El análisis abarcó 14 tipos de herramientas tecnológicas agrupadas en cuatro dimensiones: gestión de casos, protección del personal, investigación forense y facilitación de procesos penales. Entre los principales hallazgos destaca que sólo tres de las 29 fiscalías analizadas cuentan con capacidades para rastrear direcciones IP, lo que representa el 10.3 por ciento.

En el ámbito judicial, apenas seis fiscalías utilizan herramientas digitales, desde presentaciones básicas hasta reconstrucciones en 3D, para exponer pruebas en audiencias. En materia de vigilancia, únicamente una entidad reporta monitoreo en tiempo real de patrullas ministeriales, mientras que 24 carecen de esta capacidad.

Con respecto a las técnicas de biometría, sólo el 26.92 por ciento cuenta con reconocimiento facial, esto a pesar de que el 89 por ciento dispone de identificación dactilar y el 86 por ciento de ADN, puntualizó el estudio.

Asimismo, los resultados del análisis arrojaron que, en muchos casos, la incorporación de tecnología no ha implicado un cambio de paradigma en la investigación criminal. Las fiscalías continúan replicando prácticas tradicionales, ahora en formato digital, como el uso de expedientes escaneados en lugar de sistemas que permitan análisis más sofisticados.

El informe concluyó con una serie de recomendaciones dirigidas a fortalecer la justicia digital en el país. Entre ellas, plantea transitar de la adquisición tecnológica hacia una gestión integral de capacidades institucionales; fortalecer la capacidad de comunicarse, conectarse y compartir información de manera efectiva entre policías y fiscalías. También, invertir en capacitación continua del personal y diseñar estrategias de adquisición tecnológica orientadas a resultados específicos en la investigación criminal.