El abierto apoyo político que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) brindó en 2020 a su entonces colega estadounidense Donald Trump en su campaña por la reelección, ahora le es cobrado por la nueva mayoría del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, inconforme con la política comercial mexicana.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República cuestionó “el tributo” de AMLO a Trump cuando éste lo urgió a actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que habían suscrito Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá en 1994, y cuya nueva versión –aún más favorable para aquel país– fue aprobada con el nombre Tratado de México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) el 19 de junio de 2020 por el grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Poco antes de que entrara en vigor el T-MEC, el 1° de julio de 2020, el senador panista Gustavo Madero Muñoz afirmó, en nombre de su partido, que la nueva redacción del acuerdo comercial había beneficiado electoralmente a Trump y, a propósito del viaje que días después AMLO hizo a Washington para reunirse con éste el ocho y el nueve de julio de 2020, insistió en calificar al mandatario morenista como “servil” con su amigo:

“México es un país que debe ver por los intereses nacionales y no ser utilizado para abonar en una campaña electoral que está en EE. UU. avanzando y en la que el presidente Donald Trump pretende la reelección. No debe verse esto como una ofrenda o como un tributo para que presuma que cumplió ante sus electores y en eso debe de ser muy cuidadoso”.

El legislador también expresó: “Lo malo es que un tratado de libre comercio se contradice cuando hay acciones de gobierno que generan confusión y falta de confianza en los inversionistas; lo malo se da cuando se ahuyentan inversiones (…) lo malo se da cuando salimos de la lista de los principales destinos para la inversión, porque no estamos dando suficiente certidumbre y confianza y respeto a las reglas del juego y al Estado de Derecho”.

Conflicto energético

Sin previas reformas legales a la Constitución ni al T-MEC, que sirve de marco legal en el mercado de América del Norte, el Presidente ha realizado cambios en el sector energético de México que tienden a devolver al Estado mexicano el control “monopólico” de las industrias petrolera y eléctrica, con los que cierra alternativas a la libre competencia de las grandes empresas estadounidenses, como lo denuncian ahora los legisladores del Partido Demócrata,

La reforma constitucional en materia energética, aprobada en 2014, abrió a la inversión privada este sector para liberar más el mercado regional; pero, en la versión del T-MEC, los inversionistas estadounidenses y canadienses lograron mayores garantías, cuyo cumplimiento exigen los legisladores demócratas, quienes se quejan de que el gobierno de AMLO está obstaculizando las operaciones de sus empresas en territorio mexicano.

En el T-MEC también se define el compromiso de los tres países en materia ambiental, que implica la paulatina sustitución del uso de recursos fósiles –gasolinas, gas, diésel o combustóleo– por fuentes de energía no contaminantes como la solar y la eólica.

También en este tema han surgido denuncias de los legisladores y las empresas estadounidenses del sector energético, cuyos dirigentes acusan al gobierno encabezado por AMLO de promover el uso de combustibles fósiles para beneficiar a empresas paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), que los produce.

El analista especializado en el sector energético David Shields informó a buzos: “lo que tendrá que prevalecer es lo dispuesto por el T-MEC, y una de las cosas que establece el T-MEC es que no debe haber monopolios, y deben haber ciertas reglas comerciales y respeto a las inversiones”.

Es por ello que el gobierno y las empresas estadounidenses denuncian que AMLO tiende a favorecer el restablecimiento del esquema monopólico de Pemex y CFE sin importarle que su proyecto daña los intereses de sus compañías con inversiones en México. Esta es la razón por la que pugnarán para que se respeten tanto la ley mexicana como el T-MEC.

La denuncia más reciente en este sentido fue la prohibición de la Secretaría de Energía (Sener) a las empresas energéticas de importar libremente hidrocarburos (gasolinas). En este caso, se hallan Exxon y Chevron, que son propietarias de gasolineras en México y tienen interés en importar estos combustibles a través de puertos fronterizos y marítimos; pero dicha dependencia gubernamental las está restringiendo a un solo lugar de entrada, ya que la única que puede hacerlo es Pemex, detalló a buzos David Shields.

Una veintena de congresistas de EE. UU. envió una carta, el 20 de julio de 2021, solicitando la intervención del presidente de su país, Joseph Biden, para que, en el marco del T-MEC, su gobierno protestara legalmente por la política energética emprendida por el Presidente, ya que ésta contradice el acuerdo sobre la libre competencia en el mercado.

Este mismo reclamo fue formulado en un encuentro de trabajo virtual sobre el funcionamiento del T-MEC por los representantes de EE. UU. y Canadá, quienes se quejaron de que México no está respetando las inversiones extranjeras.

Las representantes comerciales de los tres países hablaron sobre las condiciones del libre comercio y en torno al incumplimiento de México en los términos establecidos en la industria automotriz y en los derechos de los trabajadores del sector. En esa reunión, sostenida el 17 de mayo de 2021, participaron la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; Katherine Tai, de EE. UU. y Mary Ng, de Canadá.

En su conferencia matutina del 22 de julio, el Presidente negó que haya desacuerdos con EE. UU.: “Hay desde luego algunos que protestan, pero es una minoría, no es significativo, la mayor parte de las cadenas productivas México-EE. UU. está funcionando y cada vez mejor, porque nosotros producimos muchas cosas que necesita la industria de EE. UU.”

AMLO aseguró que se ha hecho una descripción de conflictos que no existen. “No tiene que ver con la realidad, no es algo que a mí me preocupe como Presidente. Afortunadamente, llevamos muy buena relación con el gobierno de EE. UU. y una muy buena relación económica, comercial”.

Los traspiés

Para dar forma a la política energética del Presidente, los legisladores de Morena en el Congreso de la Unión aprobaron, el 22 de abril de 2020, nuevas versiones de la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, que se pusieron en marcha el cuatro de mayo de 2021. Estas legislaciones secundarias contradicen, sin embargo, los términos de la reforma constitucional de 2014, que establece la libre competencia en el sector y que el T-MEC también contradice.

Estas leyes pusieron “en guardia” a los inversionistas estadounidenses, quienes consiguieron el apoyo de legisladores demócratas de su país para emprender denuncias con base en las reglas del T-MEC, ya que el gobierno mexicano otorga trato preferencial a Pemex y la CFE, y obstaculiza sus inversiones.

Esa contradicción legal originó demandas de amparo por las empresas del sector energético y la suspensión de ambas leyes, el 18 de mayo de 2021, ordenada por el Poder Judicial de la Federación (PJF). De acuerdo con los juzgadores especializados en materia de competencia comercial que analizaron las demandas, la aplicación de dichas legislaciones violentaría la libre competencia, garantizada por la Constitución y el T-MEC, un tratado internacional que tiene un valor equivalente al constitucional.

Los jueces especializados Rodrigo de la Pea y Juan Pablo Gómez Fierro bloquearon las leyes mientras se analiza a fondo su constitucionalidad. Las solicitudes de amparo fueron interpuestas por seis empresas –entre ellas Pharaoh International Products, Antluc y Grupo Base Energéticos– aunque los juzgadores determinaron que la suspensión otorgada tiene carácter general y consideran que otras firmas privadas del sector serían afectadas, aunque no estuvieran citadas en las demandas.

José Luis Espinosa Piña, analista político y profesor de derecho en la Universidad Anáhuac, explicó a buzos: “por más que hagan leyes secundarias, por más que reformen la ley de energía, por más que toquen la legislación en materia de hidrocarburos o de electricidad, no va a ser procedente, se va a encontrar nuevamente con declaratorias de jueces que van a desestimarlas por ser violatorias de la Constitución.

“Hay una sencilla razón, y es el Artículo 133° Constitucional. Es increíble que al Presidente nadie le haya explicado en qué consiste ese Artículo, el cual dice que los tratados internacionales celebrados por México y ratificados por el Senado son ley suprema de la Unión, lo cual quiere decir que el T-MEC tiene el mismo rango de jerarquía que la propia Constitución, por lo tanto, está por encima de la legislación secundaria. Por lo tanto, la ley energética, sea de energía eléctrica o sea de hidrocarburos, no puede contravenir un tratado ratificado por el Senado”.

El abogado Espinosa Piña insistió en que la misma improcedencia encontrará el intento por reinstalar monopolios de Estado en el sector petrolero (Pemex) y eléctrico (CFE). “Tampoco pueden, porque en este país hay libertad de competencia comercial y la propia Constitución dice que están prohibidos los monopolios”, explicó.

Vehículos y trabajadores

En el sector automotriz, los inconformes exigen al Gobierno de México que cumpla los términos del T-MEC, que incrementa del 62.5 al 75 por ciento el porcentaje de autopartes provenientes de la misma región en el armado de vehículos como un requisito para obtener el beneficio de exportación sin pago de impuestos, lo cual dificulta la producción en las plantas extranjeras ubicadas en territorio mexicano, que incluso usan autopartes provenientes de China, el gigante mundial en este tipo de insumos.

Hay diferendo también en el ámbito laboral; pues en el T-MEC, el gobierno de México se comprometió a impulsar la democracia sindical y a defender los derechos de los trabajadores, lo cual no se está cumpliendo, según han denunciado los legisladores demócratas y los sindicatos estadounidenses.

Existen dos conflictos en materia laboral relacionados con la aplicación del T-MEC. En ambos casos, el gobierno estadounidense convirtió en protestas oficiales las denuncias recibidas de legisladores, sindicatos y empresas mediante el uso del denominado Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, recurso legal previsto en el Capítulo 23 del T-MEC para resolver controversias.

En una de las protestas se exige al gobierno mexicano que garantice los derechos laborales presuntamente violentados en una planta de la firma automotriz estadounidense General Motors, demanda que, si no se satisface en 45 días, podría atraer sanciones en la exportación a territorio estadounidense de autos manufacturados en México.

El abogado Espinosa Piña apuntó que “el mismo T-MEC prevé sanciones; hay todo un clausulado sobre el incumplimiento, entonces, si hay un incumplimiento por cualquiera de los Estados firmantes, hay sanciones”. El analista también comentó que parece haber una carencia de información sobre este tipo de leyes en el gobierno de AMLO.

“Hay un desconocimiento que no se puede explicar a menos de que sea una estrategia del gobierno, a menos que los asesores jurídicos del Presidente estén actuando con dolo, porque de otra manera, no se explicaría tanta ignorancia; no se explicaría que ignoren el Artículo 133° Constitucional, que habla de los tratados internacionales como es el T-MEC”.

En el caso de la planta armadora de la General Motors en Silao, Guanajuato, presentado el 12 de mayo de 2021, el gobierno estadounidense denunció violaciones a los derechos de trabajadores porque en un recuento para definir la titularidad del contrato colectivo (CCT), que ahora ostenta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Proveedoras de Autopartes en General, de la Energía, sus Derivados y Similares de la República Mexicana Miguel Trujillo López –filial de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)– presuntamente fueron destruidas las boletas con las que los seis mil trabajadores de la planta debían votar en abril pasado y no fue posible confirmar la titularidad vigente.

Katherine Tai, representante de EE. UU. ante la comisión del T-MEC, explicó que la denuncia de estos hechos fue enviada al Departamento de Economía y Trabajo del gobierno estadounidense, que tomó cartas en el asunto para denunciar la violación de los derechos laborales en la planta de General Motors.

En su conferencia de prensa del 13 de mayo de 2021, el Presidente declaró que su administración aceptó la queja presentada en el marco del T-MEC y que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ordenaría la reposición del citado proceso de legitimación del CCT.

La dependencia fijó inicialmente un plazo de 30 días para realizar la votación que ratificaría o no la titularidad del mencionado sindicato sobre el CCT, pero la representación sindical pidió una ampliación; en tanto la STPS advirtió que el proceso debía efectuarse antes del 20 de agosto de 2021. Finalmente, el 29 de julio de 2021, la STPS informó que la reposición del proceso de votación sería los días 17 y18 de agosto de 2021, con la participación de observadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el segundo caso, la Federación del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) denunció que el sindicato de trabajadores de la empresa Tridonex, una manufacturera de autopartes ubicada en Matamoros, Tamaulipas, donde presuntamente hay una red de corrupción sindical solapada por la empresa, lo que impide la formación de otro sindicato.