Nuevamente aparece en la escena política la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con sus garras afiladas y su afán persecutorio, aunque ahora –cuando tiene un nuevo jefe en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O– se ha vuelto contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial la Federación (TEPJF). El nuevo blanco del titular de la UIF demuestra una vez más que el Gobierno Federal no respeta la estructura orgánica y legal del Estado y que Santiago Nieto obedece los mandatos que provienen de Palacio Nacional.

Muchas de las acciones emprendidas en lo que va del sexenio actual han violado los principios fundamentales consagrados en la Constitución y en las leyes reglamentarias que de ella emanan, y usa a la prensa no como un espacio para dirimir diferencias con base en el debate y el análisis, sino como un mecanismo de linchamiento mediático para violentar el debido proceso y la presunción de inocencia.

En la UIF se indaga la vida de los individuos casi desde su nacimiento –estoy exagerando un poco, si los amables y pacientes lectores me lo permiten–, pese a que la ley tiene términos o límites precisos. Pero, además, utiliza a la prensa para acusar a las personas mediante el uso del concepto que el Presidente y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tienen de la corrupción, el cual no precisan o desvirtúan porque, para el inquilino de Palacio Nacional, los actos cometidos por sus hermanos no son actos ilícitos sino buenas acciones; pero los perpetrados por otras personas, por sus críticos o por sus enemigos sí son “terrible corrupción”. Como se ve, en este régimen se mide con distintas varas a los amigos y a los enemigos, mediante la aplicación de la regla parecida, aunque distinta, a la máxima del expresidente Benito Juárez: a los amigos, favor y justicia; a los enemigos, ataque frontal, persecución e injusticia.

Con estas acciones, el gobierno morenista aparenta combatir la corrupción, pero su intención real es acabar con las instituciones que estorban a sus decisiones o las que puedan poner en peligro sus intereses. Hoy va contra el presidente de la Sala Superior del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, a quien acusa de presunto enriquecimiento ilícito, con algunos de sus familiares, como informa una nota de El Economista del pasado 19 de julio.

El magistrado-presidente del TEPJF es licenciado en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestro en derecho público por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, España. Cuenta con estudios doctorales en derecho público, con especialidad en derecho constitucional, en la misma institución^[1].

El Artículo 16° de la Constitución garantiza a los mexicanos que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. El Artículo 20°, asimismo, otorga a los imputados principios de defensa (cuando hay ya un procedimiento), y el Artículo 21° delega la investigación al Ministerio Público. Una interpretación sistémica lleva a pensar que las pesquisas no pueden ser realizadas sino por ciertas autoridades con base en una regulación específica. A la vista de estos preceptos constitucionales, cuando la UIF ventila este tipo de asuntos en los medios, viola el debido proceso, la secrecía, la presunción de inocencia y pone en riesgo al imputado y a su familia, pues al acusarlos de enriquecimiento ilícito sin pruebas los pone en la mira de la delincuencia y los expone al escarnio de la opinión pública.

En el fondo del ataque contra el magistrado Vargas Valdés hay un nuevo intento del gobierno morenista de desestabilizar, debilitar y resquebrajar a las instituciones que le estorban, pues se acerca la publicación de importantes resoluciones del TEPJF, como es el caso de las impugnaciones a los resultados de las elecciones de gobernador en ocho entidades: Campeche, Chihuahua, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Colima y Guerrero, en las que Morena corre el riesgo de perder o de irse a comicios extraordinarios debido a las muchas trampas que sus candidatos hicieron, y que fueron consistentemente documentadas. Es para evitar esta molestia, justo antes del conocimiento de estas delicadas decisiones, que la UIF está atacando al magistrado-presidente del TEPJF. ¿No le parece, amable lector, mucha casualidad?

En el programa de Óscar Mario Beteta del 20 de julio escuché una entrevista que realizaron al doctor Vargas Valdés, quien afirmó que se enteró por un medio de comunicación que había sido denunciado ante el Ministerio Público Federal en diciembre de 2020; que la denuncia se sustentaba en supuestos ilícitos cometidos entre 2012 y ese año –es decir, en los ocho años anteriores y cuatro antes de que aceptara una posición pública en 2016–; y que entonces decidió presentarse ante el Ministerio Público con sus estados de cuenta y títulos de propiedad para demostrar la licitud de su patrimonio ante dicha autoridad y los peritos contables especializados.

Vargas advirtió que el Ministerio Público determinó que su patrimonio es completamente lícito, que sus propiedades corresponden a sus ingresos y que en la misma situación fue hallado el patrimonio de sus familiares. Sin embargo, a pocos días de que el TEPJF dé a conocer sus resoluciones sobre los recursos de impugnación contra los resultados de varios comicios del pasado seis de junio, se enteró que Santiago Nieto, el titular de la UIF, lo había acusado de lavado de dinero. Para probar esta delito en primera instancia, esa oficina gubernamental tendrá que demostrar la ilicitud de los recursos del magistrado pero, como se escribió en líneas anteriores, éstos fueron declarados lícitos por el Ministerio Público Federal; resulta claro que la mentirosa imputación obedece a una presión o persecución política proveniente de Morena y del Presidente.

En los primeros meses de la actual administración federal, todo mundo identificaba al magistrado-presidente como personaje muy cercano al gobierno morenista, pero las cosas cambiaron cuando el TEPJF confirmó la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente, lo cual molestó mucho al jefe del Ejecutivo, donde al parecer persiste el temor de que dicha instancia electoral decida la anulación del “triunfo” de Morena en algunos estados, ya que hay pruebas de las numerosas irregularidades cometidas por este partido. Por ello, el que antes fuera considerado amigo, hoy está recibiendo el castigo por no haber detenido los procesos contra Salgado Macedonio y Morón. ¿No es ésta una persecución política de la UIF y del gobierno morenista? Juzgue, usted, amable lector.