El año pasado, Morelia, la capital de Michoacán, contabilizó 42 personas indigentes en el Centro Histórico, cifra que, en 2020, se ha incrementado y puede estar relacionada con las más de cuatro mil desapariciones reportadas en el estado.

Cada 30 de agosto se celebra el Día Internacional de los Desaparecidos, cuyo propósito consiste en permitir a la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) computar el número global de las desapariciones, clasificarlas y hacer observaciones o recomendaciones para atacar este grave problema social en cada país miembro.

Según la ONU, con frecuencia, la figura de la desaparición forzada es utilizada como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no afecta únicamente a los parientes próximos del desaparecido, sino también a su comunidad local o inmediata y al conjunto de la sociedad nacional.

Las desapariciones forzadas, que en general están asociadas a las prácticas de represión brutal por las dictaduras militares, continúan generándose como consecuencia de conflictos internos y el uso de métodos de represión violenta contra opositores políticos; pero también por la persecución de todo tipo de gobiernos contra actores nuevos vinculados a tal figura social.

En este caso son motivo especial de preocupación de la ONU:

El acoso a los defensores de los derechos humanos, a los parientes de las víctimas, a los testigos y a los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada.

La lucha contra el terrorismo sirve con frecuencia a los Estados para incumplir sus obligaciones.

Generalmente, la práctica de la desaparición forzada es impune.

Es frecuente la falta de atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como es el caso de los niños y las personas con discapacidad.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán (CBPEM) tiene por objeto impulsar, ejecutar, coordinar y dar seguimiento a las acciones de localización e identificación de las personas desaparecidas y no localizadas en la entidad; pero en agosto pasado, su titular, Marco Antonio Hernández Zaragoza, reveló que en la marca aproximada de cuatro mil desaparecidos a lo largo de la entidad, hay una “cifra negra” que va en aumento.

Con esta figura, el director de la CBPEM se refirió a un número grande e indefinido de personas desaparecidas que no están incluidas en el informe difundido, que solo detalló la recepción de 226 reportes de extraviados, de los cuales 109 fueron ubicados, 96 siguen vivos, 13 están fallecidos y 117 están siendo buscados.

“La cifra negra son las personas que no presentan denuncias penales, que no acuden con nosotros y que, de manera oficial, no se sabe quiénes son; solo de manera extraoficial podemos enterarnos nosotros por las mismas personas o por otras, que han desaparecido de sus domicilios, que se los han llevado. Entonces hay una cifra negra que no podemos contabilizar por obvias razones”, explicó el funcionario.

Limitaciones económicas, entrar a “terrenos prohibidos” y descubrir un cadáver enterrado a través del olfato son algunos de los métodos a los que deben recurrir quienes se imponen el propósito de buscar a las personas desaparecidas.

La CBPEM reveló que los municipios de Michoacán con más desaparecidos son Zamora, Jiquilpan, Tingüindín, Sahuayo, Lázaro Cárdenas y Morelia; ésta última concentra la mayor cantidad de víctimas, seguida de la región occidente de la entidad.

Vivencias de una madre con dos hijos desaparecidos

Imelda G., persona de la tercera edad y madre de cuatro hijos, relató a buzos cómo vivió la desaparición de dos de ellos cuando se quedaron al mando del negocio familiar tras la muerte de su esposo. Uno regresó vivo, pero el otro fue encontrado sin vida en el municipio de Uruapan, Michoacán, en la orilla de la carretera.

“Mi esposo tenía huerta de aguacates; le iba bien, supo hacer dinero. Cuando murió, mis hijos se encargaron del negocio… Nicolás, mi hijo mayor, se hacía cargo de los aguacates y todo lo que conlleva. Siempre llegaba en las noches, después de trabajar; faltaba poco para su boda y una noche, en abril, no llegó. Le llamé a Ame, su prometida, al día siguiente; pensamos que quizá sus amigos le habían hecho una despedida de soltero y que no tardaría en llegar o reportarse. Su celular siempre estuvo apagado.

“Lo buscamos en la huerta, con sus amigos cercanos, con los vecinos. Nadie sabía nada. Las cámaras de seguridad lo grabaron cuando salía de la huerta, pero no llegó. Al ver las cámaras de seguridad, quise levantar la denuncia, pero hasta eso, como si me hubieran estado cuidando en ese momento, recibí una llamada de los secuestradores, que tenían a Nicolás secuestrado y querían dinero. Insistieron en que para que no le hicieran nada, debía callarme y no ir con ninguna autoridad. Les dimos el dinero que querían a los nueve días y después lo regresaron”.

Sobre la denuncia correspondiente, Imelda se vio en una situación difícil; pues tras recibir amenazas contra su hijo, prefirió callar y confiar en las indicaciones de los secuestradores:

“No metí denuncia porque los que me llamaron, me amenazaron. Fue muy difícil, tenía miedo por la vida de mi hijo –narra con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada–. Fueron muy claros, lo dijeron varias veces, que si yo iba con la policía, lo mataban. Pero, señorita, yo no estaba haciendo nada malo; mi negocio no es ni ha sido ilegal nunca, tengo todo en regla. ¿Por qué tenía que callar algo que alguien hacía mal? La vida de mi hijo estaba en juego. Fueron nueve días en los que tuve que confiar en los bastardos. Gracias a Dios me lo regresaron vivo, pero a Uriel no”.

Doña Imelda explicó que pese a que pagó la alta cifra pedida por los secuestradores, Nicolás no regresó siendo el de antes, porque el plagio le generó trastornos.

“Nicolás cambió mucho, se volvió muy serio, le costaba trabajo salir, lo golpearon, pasó hambre y frío. En lo físico, regresó un poco más delgado, pero interiormente lo cambiaron. Vivía con miedo, se volvió paranoico, con ansiedad y padecía ataques de pánico constantes. Y eso, eso no es vida”, denunció.

Pero Imelda también vivió la desaparición y asesinato de Uriel, otro de sus cuatro hijos.

“Una madre no debería enterrar a sus hijos, y así como yo, hay muchas que lo hacen o peor, que ni siquiera saben si sus hijos viven o ya no; aquí en Michoacán hay muchos casos, aunque el gobierno no lo quiera ver o baje las cifras. Las niñas desaparecen, los jóvenes también, (…) A Uriel me lo secuestraron, pidieron más dinero del que habían pedido por Nicolás, se hizo el pago del dinero y yo, una vez más, callé ante las autoridades; no quise decir nada, no podía dormir o estar tranquila porque no sabía en qué situación se encontraba mi hijo. El miedo me aterrorizaba día y noche. Lo peor fue cuando no regresó después de haber pagado.

“Dejaron de hacer llamadas a la casa, los imbéciles desaparecieron y se llevaron el dinero y con él la vida de mi hijo. A la semana del pago y de que mi hijo no llegaba, levanté una denuncia, lo empezaron a buscar, se activó la alerta Amber en diferentes lados. Días después, unos perros adiestrados olieron algo putrefacto cerca de la carretera en Uruapan; los policía empezaron a buscar. Era mi hijo, era lo que quedaba de mi hijo”, contó con gran tristeza doña Imelda.

En torno al problema específico de los desaparecidos localizados ya muertos, Hernández Zaragoza informó que este año, la CBPEM tratará de contar con un presupuesto de 18 millones de pesos para construir en Morelia un depósito forense donde se concentren los cuerpos encontrados y sea más fácil lograr su identificación.

“Nos hemos dado cuenta de que la Fiscalía General tiene fosas comunes en varios municipios del estado; y nosotros lo que queremos es que todos los cuerpos que se localicen de personas no identificadas vengan al panteón forense y los familiares no tengan que andar en lugares alejados que no conocen; porque muchas de estas personas que han fallecido no son de Michoacán, no son de Morelia, vienen de otros estados”.

Los indigentes de otras entidades

Las personas indigentes en la capital michoacana representan un problema social que se ha incrementado considerablemente en estos años. Algunas se concentran o pernoctan en los portales o las bancas de la plaza de armas de Morelia, en el atrio de la catedral, afuera del templo de las Monjas, el Bosque Cuauhtémoc, bajo puentes, cruceros y otros lugares del Centro Histórico, donde improvisan pequeños refugios con cajas de cartón, cobijas o piezas de madera.

La mayoría de ellos son adictos a las bebidas alcohólicas y otras drogas, y otros tienen padecimientos mentales. Entrevistado sobre este fenómeno, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arroniz Reyes, declaró que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, la Coordinación de Protección Civil y el cuerpo de bomberos centran su atención en ellos; pero ésta es más bien de carácter humanitario, es decir, de llevarles comidas y cobijas, porque la mayoría se niegan a abandonar las calles y rechazan cualquier otra acción destinada a sacarlos de la indigencia.

Explicó que cuando esas personas se sienten presionadas en determinados sitios, simplemente cambian el lugar para pasar la noche y se van a otros lugares. Por ello, afirmó, es necesaria la creación de un programa social de otras características para atender este fenómeno.

“En algunas plazas del Centro Histórico lo hemos podido regular, por decirlo de algún modo; pero lo regulamos aquí y como son vagabundos, no aceptan estar mucho tiempo donde se les ayuda, donde se les da de comer, se salen otra vez a la calle y, si sienten presión, se van a otro sitio. Por eso yo creo que se están concentrando ahí en el bosque. Lo vamos a observar, se lo vamos a comentar a los compañeros del DIF y la Secretaría del Bienestar para que también hagan un programa y volteen los ojos hacia allá”, concluyó.

La señora Elizabeth Santillán, quien trabaja en una empresa del Centro Histórico, observa cotidianamente a los indigentes del área más próxima a su trabajo, advirtió a buzos que algunos han sido traídos por sus familiares para deshacerse de ellos porque no los quieren en sus casas.

“Es muy bien sabido, por muchas personas, que diferentes individuos vienen a Morelia en vehículos a dejar enfermos mentales, personas alcohólicas o personas que se convierten aquí, en Morelia, en vagabundos. Muchas veces los traen alcoholizados o medicados. Los pierden, los dejan aquí y se regresan sin ellos, (…) uno de esos estados es Guanajuato, pues muchos de los indigentes de aquí en Morelia son de allá”, sostuvo.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Rosalva Vidal Pérez, informó, a finales del año pasado, que el municipio realiza gestiones para que los albergues privados reciban a los indigentes; pero que el Ayuntamiento proyecta contar con uno propio para brindar mayor atención a estas personas. Informó también que los enfermos o herido son remitidos al Hospital Civil y el Ayuntamiento cubre los gastos.

Roberto Durán contó a buzos: “hace algunos años vino a tocar una señora que no tenía dónde vivir, pedía trabajo y nos ayudaba en el aseo de la casa. Ella no era de aquí, creo que era de Oaxaca, se le pagaba y dejábamos que se quedara a dormir en uno de los cuartos desocupados por mis hijas.

“Trabajaba en otras casas, también haciendo el aseo, de repente se perdía y se iba a dormir, decía ella, que al Hospital Civil. Después volvía a pedir permiso para quedarse aquí en tiempos de fríos. (…) Lo último que supimos de ella fue que enfermó y que falleció sola en el Hospital Civil. Antes de morir dio en el mismo hospital el número de teléfono de mi cuñada, con quien se llevaba bien. Cuando falleció hablaron del hospital para que mi cuñada reclamara el cuerpo, pero no estaba en la ciudad y no pudo hacer nada. Tiempo después investigamos y supimos que fue enterrada en la fosa común. Me arrepiento de no haberle podido ayudar más; pero cuando la buscamos, no dimos con ella. Murió sola, así como cuando llegó a la ciudad en búsqueda de una mejor oportunidad de vida”.

La directora de Programas del DIF Morelia, María Elena Huerta Moctezuma, informó que no existe un subsidio como tal para los hospitales que brindan atención a personas en situación de calle. “El Hospital Civil es una institución estatal que debe brindar atención a toda la población (de acuerdo con su capacidad instalada), sin importar si vive en la calle o no”, añadió.

A pesar de que el gobierno afirma que a la mayoría de los indigentes no les gusta estar en los albergues, debe haber algunos de ellos a quienes ayude un programa social, donde reciban atención física, psicológica y laboral –donde se le enseñe un oficio u ofrezca una labora atractiva– puedan sentirse bien por la oferta de un cambio de vida.