La producción agropecuaria es la actividad más importante para la humanidad, pues se encarga de producir los alimentos que el hombre necesita para sobrevivir. En tiempos de crisis, como la que atravesamos por la Covid-19, la relevancia del sector agropecuario sobresale automáticamente: los ciudadanos se quedan en casa, pero necesariamente tienen que alimentarse. Con todo y lo anterior, la producción agropecuaria fue una de las más afectadas tras la recesión económica por el confinamiento.

Durante lo que va de la pandemia, la mayoría de los países decretaron al sector agropecuario como actividad esencial para garantizar la seguridad alimentaria. Esto ha implicado retos como el transporte de la producción, la adquisición de insumos, la contratación de mano de obra, la incertidumbre de precios, la demanda y la falta de capital y/o créditos para invertir.

Aunado a lo anterior, los legisladores mexicanos disminuyeron los recursos destinados al campo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020: el presupuesto pasó de 65 mil 435 millones de pesos en 2019 a 46 mil 253 millones en 2020; es decir, disminuyó en un 30 por ciento. Según el Sistema de Información Agroalimentario y Pesquero (SIAP), las expectativas de producción nacional agropecuaria y pesquera 2020 fueron de 223 millones de toneladas, 1.9 por ciento menos que en 2019.

La falta de políticas y programas públicos para apoyar al campo durante la pandemia generó que muchos productores no cumplieran con sus objetivos planteados al inicio de los ciclos productivos, pues carecían de capital para adquirir insumos; y los que sí consiguieron producir, se han enfrentado a la incertidumbre del mercado, la baja demanda y han tenido que malbaratar sus productos.

Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), en México, el consumo de productos agropecuarios disminuyó en un 15% por ciento. Por ejemplo, en Guanajuato la pandemia ha provocado afectaciones por hasta 950 millones de pesos y los más afectados han sido los productores de cerdos. La demanda de cebada ha ido a la baja por el cierre de las plantas cerveceras. La demanda del aguacate, que es de los productos agroalimentarios más exportados por nuestro país y que más ingresos genera al sector agropecuario, ha decrecido en Estados Unidos hasta en un 70 por ciento. Los productores de jitomate han sido de los más afectados pues, aunque la producción de 2020 fue superior a la de 2019, la demanda fue menor, debido al cierre de restaurantes, centros de abasto, etc. El precio ha caído hasta en un peso con cincuenta centavos por kilogramo, lo que no alcanza ni para los gastos de cosecha y comercialización; por tanto, en muchas regiones tomateras, los productores han preferido tirar todo el fruto que comerciarlo a este precio. En la misma situación se encuentran otras hortalizas y frutas.

Otro grupo de productores severamente afectados por la pandemia son los floricultores. Tan solo en el Estado de México se han perdido 75 mil empleos; las ventas cayeron un 80 por ciento; el 20 por ciento de los viveros tuvo que cerrar, y muchos productores se fueron a la quiebra, según reporta el Consejo Mexicano de La Flor. Algunos productores llegaron al extremo de intercambiar flores por comida, como lo reportan medios locales. En otras regiones como Xochimilco, disminuyó la producción floral, particularmente la del cempasúchil, cuya producción fue un 60 por ciento menor que la de 2019. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción de flor de nochebuena bajó un 16 por ciento en comparación con la del año anterior.

A pesar de este panorama adverso, los campesinos no detienen la actividad agrícola, siguen trabajando en toda la cadena productiva: desde la producción de semillas, granos, la cosecha y recolección de productos, producción de carne, leche, huevos, etcétera, hasta que estos productos llegan al mercado para el consumidor. Claramente, la pandemia evidenció lo frágil que es este sector productivo en México; como siempre, los más afectados han sido los pequeños productores, que apenas tienen recursos para conseguir sus insumos. Urge que los gobiernos impulsen políticas y programas públicos dirigidos a fortalecer a la agroindustria mexicana, que la modernicen y la hagan más competitiva frente al mercado internacional.