Entre 2019 y 2021, un millón 800 mil beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibieron en total 87 mil 223 millones 864 mil pesos; pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que la entrega de estos recursos es muy opaca y está plagada de irregularidades.

Para los analistas y críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las notorias deficiencias de éste y otros programas asistenciales –entre ellas la falta de reglas de operación serias y claras– tienen una razón de ser: conforman una estrategia clientelar, cuyos mejores rendimientos políticos se manifestaron en las elecciones del seis de junio.

Para enganchar a los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, el Presidente ordenó a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde Luján, aumentar el monto del dinero que se entrega a los beneficiarios, con el argumento de que era equivalente al aumento del salario mínimo. Sin embargo, dicho incremento no fue proporcional, porque pasó de tres mil 748 pesos en 2020 a cuatro mil 310 pesos en el primer trimestre de este año. La cuota inicial en 2019 fue de tres mil 600 pesos.

Este programa fue ideado por AMLO para “apoyar” a jóvenes con edades entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan (ninis), que son incorporados a empresas privadas que aceptan “capacitarlos” a cambio de que el Gobierno Federal pague sus servicios, comprometiéndose a contratarlos después de un año. Sin embargo, a casi dos años de la creación de este programa, en varias partes del país sus beneficiarios han denunciado irregularidades y corrupción de los funcionarios públicos encargados de pagarles, y aun de los empresarios reales o ficticios que los “capacitan”.

Luisa Alcalde Luján ha informado que entre las compañías que colaboran con el programa –que, según ella, tiene “gran reconocimiento nacional e internacional”– hay desde tiendas departamentales, bancos, comercios, industrias tecnológicas, educativas, laboratorios, textileras, hasta tiendas de abarrotes, tortillerías, talleres mecánicos y de costura. Pero, hasta el momento, no hay información oficial que demuestre que estas empresas estén cumpliendo su compromiso de capacitar y contratar a los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que existe la impresión de que el programa tiene un futuro incierto.

En marzo pasado, durante una evaluación del programa, AMLO afirmó que las “becas” sirven para “desaparecer a los ninis” y para que no sean presa fácil de la delincuencia. Sin embargo, la propia STPS difundió un resultado extraño o por lo menos ambiguo: el 40 por ciento de quienes concluyeron su capacitación “están en proceso de poner un negocio propio”.

Despilfarro de recursos

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) ha destinado a este programa, en tres años, 87 mil 183 millones 223 mil pesos, cifra que supera por mucho a otro de los programas emblemáticos de AMLO, Sembrando Vida que, en el mismo lapso, ha contado con un presupuesto trianual de 69 mil 59 millones de pesos.

En 2019, pese a carecer de reglas claras de operación, los diputados de la mayoría morenista lo dotaron con 40 mil millones de pesos (mdp) y en 2020, debido a un notorio subejercicio presupuestal, su gasto fue reducido a 25 mil mdp. Este año, Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un presupuesto de 22 mil 183 mdp, de los que hasta abril había gastado ocho mil 286 mdp. Una de las críticas más consistentes al programa reside en el hecho de que el Gobierno Federal derroche este dinero en el virtual pago de salarios de trabajadores –los jóvenes que están “construyendo su futuro”– sin que exista ninguna garantía o compromiso de las empresas contratantes después de un año de haberles trabajado sin recibir el salario correspondiente.

Tal es el caso de Graciela Teruel, directora del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social (Equide), de la Universidad Iberoamericana, quien afirmó que el programa desincentiva a los jóvenes a seguir estudiando porque prefieren aceptar la entrega de ese recurso económico a continuar preparándose en una carrera u oficio.

Rodolfo de la Torre, investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), reveló que el programa “solo genera interferencia en los logros educativos, porque desanima a los estudiantes a concluir su ciclo escolar y entran al mercado laboral”. Pese a los malos resultados del programa, recientemente, Alcalde Luján y Baldemar Hernández Márquez, director general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), anunciaron más recursos para los “egresados” de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Para ellos integrarán una bolsa financiera que se denominará Crédito Seguro y que pondrán a disposición de quienes hayan concluido su “capacitación”; préstamos de entre 50 y 350 mil pesos a tasas de interés muy bajas para concretar proyectos productivos. Crédito Seguro estará vinculado principalmente con el campo. Además de este programa, la STPS tiene otro denominado Tandas del Bienestar, que a la fecha, ha entregado 121 mil microcréditos.

Datos oficiales de la STPS consignan que solo dos de cada 10 beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro se han quedado a trabajar en la empresa donde se capacitaron; el 25 por ciento busca empleo; uno de cada 10 regresó a estudiar y el 40 por ciento intenta emprender un negocio.

Las fallas del programa

El programa estelar de AMLO está plagado de fallas desde su origen. Una fue detectada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): Jóvenes Construyendo el Futuro carece de los parámetros para medir su funcionalidad y si efectivamente está cumpliendo sus metas. El Coneval también ha advertido que el programa está orillando a los jóvenes a la deserción escolar porque prefieren recibir los cuatro mil 310 pesos en lugar de los dos mil 400 mensuales que otro de los programas asistencialistas provee a quienes realizan estudios de preparatoria y universitarios.

En febrero de este año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados anunció, en su III Informe de resultados de Cuenta Pública 2019, tres auditorías al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en las que se revelan varias irregularidades, entre ellas la entrega de dinero a personas fallecidas, centros de “trabajo fantasma”, entrega de “becas” a personas que no cumplen los requisitos para recibir el beneficio o que ya obtienen recursos del gobierno por otro concepto.

La ASF destacó, además, que estas irregularidades evidencian “la falta de acciones para verificar, monitorear y dar seguimiento al desempeño del Programa” y que el daño a las arcas públicas, en ese lapso, ascendió a 57 millones 90 mil 400 pesos. De esta cantidad, 48 millones se destinaron a tres mil 188 personas que no eran candidatos a beneficiarios, porque incumplían con las normas básicas del programa.

La misma institución detectó que 2.5 millones de pesos fueron entregados a 183 beneficiarios que estaban inscritos también en el Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI), perteneciente al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Es decir, recibían doble apoyo. El organismo reportó que 68 personas fallecidas habían “recibido” dinero, a través de cuentas bancarias, por un monto de 482 mil 400 pesos; sin embargo, la STPS no aclaró esta información y se limitó a responsabilizar de estas anomalías a los Centros de Trabajo.

Además, no existían cuatro de las siete empresas que los auditores decidieron visitar de manera aleatoria y las otras tres –entre ellas una registrada con el nombre INAEP, S.A.S. de C.V– resultaron ser una bodega de artesanías abandonada, un taller mecánico y un piso de oficinas vacías.

La compañía Construcciones y Servicios Lukman, S. A. de C. V. era una casa-habitación inhóspita y sin espacios para que en ella trabajaran 129 jóvenes, a quienes supuestamente capacitó. La Auditoría 104-DS detectó apoyos a 35 mil personas que no cumplían con la edad establecida por el propio programa y la Auditoría 105-DS encontró que 736 “beneficiarios” cobraron un total de seis millones 960 mil pesos, sin que se identificara a los jóvenes.

Según el padrón del programa, los cinco estados con mayor concentración de aprendices fueron Chiapas, con 161 mil 133; Tabasco, con 128 mil 809; Veracruz, 128 mil 113; Estado de México, 100 mil 363 y Guerrero, con 82 mil 875 beneficiarios, que representaron el 49.63 por ciento del total de beneficiarios.

Sin embargo, en la plataforma del programa se han registrado denuncias de fraudes. En febrero pasado, el alcalde morenista de Juchitán, Oaxaca, Emilio Montero Pérez, denunció que casi 900 estudiantes recibieron solo la mitad de los cuatro mil 310 pesos que les corresponde; y que otros 400 jóvenes registrados no tienen acceso al apoyo a pesar de asistir y trabajar en su centro de capacitación respectivo.

“Hemos documentado que los representantes de esas supuestas empresas, como talleres de soldadura, de carpintería, bordados y otras artesanías, dieron de alta a casi 900 jóvenes y que solamente recibieron mensualmente la mitad del apoyo federal que asciende a la cantidad de cuatro mil 310 pesos. La mitad restante fue a parar al bolsillo del dueño del taller”, denunció el alcalde. “Por eso pedimos que auditen ese programa. No vamos a tolerar que algunos vivales se roben el dinero de los jóvenes”, insistió.

En otros casos, algunas empresas denunciaron el uso indebido de su nomenclatura oficial. La ASF citó a las compañías Barista Factory, S.A.S. de C.V. y Technogourmet, S.A.S. de C.V, cuyos dueños o gerentes acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar la usurpación de sus nombres, los cuales fueron utilizados en el programa con el supuesto de que en ellas se capacitaba a 179 y 198 becarios respectivamente. Las personas que usurparon estas razones sociales recibieron cinco millones 396 mil 400 pesos.

Del futuro, nada…

Los interesados en este programa deben elegir un centro de trabajo de su interés, el cual debe aparecer en el registro, mismo que previamente fue avalado por la STPS. Si cumple con los requisitos –principalmente que no estudie ni trabaje– recibirá la capacitación técnica del responsable o “tutor”: la empresa. Una vez habilitado en ésta, el beneficiario del programa tiene derecho a recibir un apoyo económico de cuatro mil 310 pesos durante 12 meses, así como seguro médico. Estos gastos son cubiertos con los impuestos de los mexicanos.

La STPS da seguimiento a los centros de trabajo para revisar que se cumpla el proceso de capacitación. Pero en la realidad no ocurre así, como lo constató la ASF al destacar, en una de sus auditorías, que “no se proporcionó información justificativa y comprobatoria de las visitas realizadas a todos los Centros de Trabajo”, razón por la que emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa para que el Órgano Interno de Control de la STPS investigue a los funcionarios de la institución por probable daño al erario.

El beneficiario del programa puede cambiar de centro de trabajo solo una vez. En su segunda oportunidad, se capacitará el tiempo restante hasta cumplir los 12 meses que ofrece el programa. En caso de desvincularse de su segunda oportunidad, el joven será dado de baja.

Las empresas deben comprometerse a mantener registrado al “aprendiz” y a capacitarlo durante el tiempo acordado. Al cumplir un año deben contratarlo, al menos eso es lo que afirman los requisitos. En la realidad, eso no ocurre; y el porcentaje de contratados es muy bajo con respecto al número de los que se quedan sin trabajo y la beca, pues las empresas no están obligadas a contratar a todos los que tienen registrados.

No solo las empresas privadas pueden recibir “aprendices”, que como máximo pueden ser 20. También las instituciones públicas federales pueden hacerlo y recibir hasta un máximo de 50 jóvenes; las estatales, cinco; las personas físicas y los grupos de la sociedad civil, cinco. La base de datos de la STPS señala que América Mobil, Coca-Cola México, Bimbo, Lala, Liverpool, Sears, Cemex, Oxxo y Aeromexico son compañías que participan en el programa, así como varias asociaciones y cámaras de comercio.

Más de un “aprendiz” ha buscado ingresar a una de las empresas grandes, pero no existe un registro claro del número de beneficiados por ellas, en contraste con los que se han colocado en talleres y pequeños negocios familiares; así, es dentro del marco limitado del “changarrismo” como el gobierno de AMLO asegura que está rescatando a los ninis y resolviendo los graves problemas de pobreza y desempleo que agobian a México; sin embargo, la realidad es muy diferente.