El 16 de mayo de 2016 publiqué en este mismo espacio un artículo titulado Huitzilan de Serdán, un caso exitoso de desarrollo en municipios indígenas, donde presentaba datos, algunos de los cuales me permito recordar aquí, por la razón que el lector verá enseguida. Los habitantes de este pequeño municipio predominantemente indígena, náhuatl, enclavado en la Sierra Norte de Puebla, se han organizado mayoritariamente con el Movimiento Antorchista desde 1984, y la población en general ha elegido democráticamente presidentes municipales, todos de su etnia y pertenecientes a la misma organización, respaldando así un proceso admirable de desarrollo que dura ya 37 años; igual volvió a ocurrir el pasado seis de junio, cuando la población mayoritariamente eligió a uno de los suyos, el profesor Josué Elías Velázquez Bonilla. Para mayor concreción, cito aquí algunos párrafos de aquel escrito, que dejan ver admirables progresos sociales, no obstante los limitados recursos.

“[…] Según Inegi, en 1970 había en Huitzilan seis mil 197 habitantes y mil 482 viviendas, de las que solo 222 (15 por ciento) tenían energía eléctrica y agua entubada; únicamente diez estaban conectadas al drenaje público: hoy, el 90 por ciento; en algunas comunidades, por lo irregular del terreno y lo disperso de las viviendas, es difícil proveer el servicio. Por habitantes, mil 124 no tenían energía eléctrica (…) De las 28 comunidades, 26 tienen agua potable entubada (…) En 1984 Huitzilan estaba comunicado con la carretera interserrana mediante una brecha de terracería intransitable en tiempos de lluvias; hoy existen en su lugar dos conexiones: una carretera asfaltada de cinco kilómetros, y otra de cuatro kilómetros, vía Pahuata, con concreto hidráulico (falta pavimentar el tramo que cruza el municipio de Xochitlán); así, Huitzilan viene superando su ancestral aislamiento, condición idónea de cacicazgos. Había en 1984 solo un kilómetro de calles empedradas; hoy es uno de los municipios de la Sierra Norte con más calles con concreto hidráulico: 90 por ciento. En materia económica, había dos tiendas de raya controladas por los ricos del pueblo: hoy existen más de cien negocios; se ha entregado a los pequeños productores de café más de un millón de plántulas para renovar sus plantaciones (Fuente: presidencia municipal)”. Y decía, además:

“En total, la oferta educativa se reducía a tres jardines de niños, cuatro primarias y una telesecundaria. Actualmente, según datos reportados por Manuel Hernández Pasión, actual presidente municipal, en artículo del tres de febrero pasado, todas las comunidades tienen escuela, si su población lo justifica, según la norma oficial. Existen 19 preescolares, 18 primarias, siete secundarias y cinco bachilleratos (…) en total 50 planteles, en un municipio de trece mil habitantes (quizá un poco más). Para fortalecer la infraestructura educativa, solo entre 2014 y 2015 se construyeron 14 aulas. En cultura y deporte, el 30 de abril de 2015 se inauguró una unidad deportiva con un costo de 15 millones…”. Datos actuales indican un total de 33 aulas construidas y equipadas. Finalmente:

“… solo existía una clínica del IMSS, en Totutla; en 1985 se construyó la de Huitzilan. Recientemente, el 30 de abril de 2015, se inauguró un hospital, el Centro de Salud con Servicios Ampliados, de primer nivel, que otorga consulta externa (ésta ya se ofrecía en la antigua clínica, lo nuevo es el servicio de urgencias las 24 horas los siete días de la semana). Costó 58 millones y cuenta con ocho camas, sala de expulsión, rayos X, ultrasonido, laboratorio, ambulancia equipada y farmacia; conforman el personal médico siete doctores, ocho enfermeras, un odontólogo, una química y un radiólogo; en el territorio municipal existen, además, tres clínicas y 19 casas de salud (Manuel Hernández Pasión, Primer informe de gobierno)”. De todo esto puede cerciorarse quien lo desee, pues las obras mencionadas están a la vista.

Y el desarrollo continúa. Para 2020, según Inegi, Huitzilan tiene poco menos de 16 mil habitantes; 97.8 por ciento de sus casi cuatro mil viviendas cuentan con energía eléctrica, y 96.4 con agua potable. Entre 2014 y 2018 se realizaron tres mil 300 acciones de apoyo a la vivienda. Está en proceso de construcción la casa de la cultura, un auditorio con capacidad para siete mil personas, una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), cuyo personal es pagado por el municipio, y que cuenta además con una ambulancia y una unidad de traslado gratuito para discapacitados. Durante la pandemia, el municipio ha brindado apoyo alimenticio a las familias con pacientes Covid. En materia deportiva, de las 28 comunidades, todas cuentan con canchas techadas. Además, existe una unidad deportiva techada, con gradería, pista de atletismo, gimnasio, así como una cancha de futbol rápido con pasto sintético. En apoyo a productores de café se han realizado cuatro mil 342 acciones.

Pues bien, esta ruta de progreso logrado por la comunidad, su organización y sus autoridades, se refrendó el seis de junio. El profesor Velázquez Bonilla triunfó con tres mil 611 votos, 51 por ciento de la votación, contra dos mil 689 de Morena, partido que hoy impugna la elección, sin incidencia alguna durante el proceso que lo justifique; por el contrario, sí hubo acciones intimidatorias de los Servidores de la Nación sobre beneficiarios de programas asistenciales, sobre todo adultos mayores, a quienes casa por casa se les advertía que si no votaban por Morena se verían afectados. Estos hechos fueron pública y oportunamente denunciados. Al profesor Josué le fue otorgada su constancia de mayoría el nueve de junio. Sin embargo, Morena hoy impugna argumentando una supuesta violación del tope de gastos de campaña, pero en su momento el INE, en el informe consolidado de gasto de campaña, no emitió ninguna observación al respecto. Ante la incapacidad de precisar y sustentar ni una sola causa concreta de impugnación, de las 11 contempladas en la ley, Morena y sus aliados echan mano de una acusación de lo más genérica, y absurda: ¡“irregularidad generalizada”! Por si faltara, la impugnación no fue presentada ante el Consejo Municipal Electoral, como manda la ley, sino directamente ante el TEEP y el Instituto Electoral del Estado (IEE), donde, obviamente, saben que encontrarán el brazo protector del gobierno. Esto se deja ver claramente en que, además de Huitzilan, está siendo impugnado el triunfo de otro candidato antorchista: en Ocoyucan.

Aquí, con una participación de 65.38 por ciento del electorado, el candidato Rosendo Morales Sánchez, con cinco mil 830 votos, venció al panista Jesús Giles, quien logró cuatro mil 188 votos, quedando Morena en un lejano tercer lugar. El 10 de junio, Morales recibió su constancia de mayoría, que lo declara triunfador. Los perdedores tenían de plazo hasta el día 12 para presentar impugnaciones ante el Consejo Municipal; para esa fecha ello no ocurrió, lo cual fue certificado por el secretario del Consejo. Tuvieron que transcurrir seis días más para que se supiera que ¡había tres! Pero, igual que en Huitzilan, presentadas no ante el Consejo, sino directamente ante el IEE, en clara contravención del procedimiento; además, este organismo no notificó de inmediato al Consejo Municipal.

Estamos ante una desaseada y burda maniobra legaloide de despojo. Juzgue usted, amable lector. Una impugnación es del PAN, otra de Morena y una más de la candidata de Nueva Alianza (que obtuvo 50 votos). Sospechosamente, las tres presentan sorprendentes similitudes, que revelan una misma mano negra moviendo los hilos: igual formato, un abogado único, la misma queja y ¡la misma letra! Por si faltara, las de Morena y Nueva Alianza presentan el mismo domicilio para notificaciones. Todas piden revocación de la constancia de mayoría. No olvidar que ya en 2018 el IEE anuló la elección, por impugnación del PAN, y debió realizarse una extraordinaria que ganó, nuevamente, Rosendo Morales.

En ambos municipios, habría que ser muy inocente para no descubrir que tras de las maniobras está el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien desde su campaña declaró una guerra de exterminio contra el Movimiento Antorchista, y la ha emprendido, logrando órdenes de aprehensión contra líderes (como el caso de Rosario Hernández), calumniando, amenazando, tomando con la fuerza pública instalaciones comunitarias, bloqueando legítimas demandas de pueblos y colonias. Su más escandaloso atropello fue impedir, a través del IEE, el registro del Movimiento Antorchista Poblano como partido político local. Esta persecución cuenta sin duda con el beneplácito del Gobierno Federal, inspirador de este ambiente de linchamiento y liquidación, frente al que todo ciudadano debería alzar la voz. Deben respetarse la legalidad y la voluntad popular en Huitzilan y Ocoyucan. La fuerza del Estado no debe violentarlas. La indiferencia solo legitimará que sigan perpetrándose estos abusos de poder y la flagrante violación del Estado de Derecho. El silencio consolidará la dictadura en México; y los omisos de hoy, lamentablemente, quedarán expuestos a recibir igual trato el día de mañana.