El despojo de patrimonio representa un 26 por ciento de las solicitudes de apoyo de las personas adultas mayores, lo que lo convierte en la demanda número uno desde 2018, aseguró el diputado local Pablo Trejo, quien presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) a reforzar sus acciones y atender este problema.

Durante su intervención, también demandó la implementación de un programa especial para la regularización y escrituración de las viviendas y demás bienes de las personas de 60 años y más.

Trejo informó que, en el Plan de Política Criminal 2023 de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, se detectaron casos de compraventa de inmuebles mediante contratos apócrifos, cesiones en pago y juicios civiles con documentación falsa, delitos que afectan principalmente a adultos mayores, quienes constituyen las principales víctimas de cinco modus operandi identificados.

Asimismo, el legislador recordó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020, el 8 por ciento de la población mexicana tenía 65 años o más, un porcentaje que se duplicará para 2050 y superará el 30 por ciento hacia finales de siglo.

Destacó que la Ciudad de México cuenta con un 16.2 por ciento de personas mayores, lo que representa un millón 491 mil 619 adultos mayores y una proyección cercana a los 2 millones para 2050.

Además, señaló que el 45 por ciento de los abusos hacia este grupo provienen de familiares cercanos, como hijos o parejas; por lo que el aumento del número de personas mayores plantea un reto para el Estado, que debe garantizar su acceso a servicios de salud, empleo, vivienda, bienestar emocional y justicia.

A pesar de las políticas públicas existentes, como la Línea de Atención a la Persona Mayor y el Instituto para el Envejecimiento Digno (INED), el diputado subrayó la necesidad de un mayor enfoque en el despojo patrimonial, documentado en diversos casos que dejan a las personas mayores en situación de vulnerabilidad e indefensión.

Finalmente, pidió que se exhorte al Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México para reforzar las medidas de canalización a la fiscalía en casos de despojo patrimonial y a remitir un informe sobre la situación de este delito en la capital del país.