Nayeli Salvatori y Grace Palomares son investigadas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido tras decir en un podcast que las personas adultas mayores “huelen a baúl” y “ya se están pudriendo”.

La bancada guinda analizará la llamada Ley Trasciende, que busca legalizar la eutanasia y garantizar el derecho a una muerte digna para personas con enfermedades incurables o incapacitantes.

La presidenta mantiene niveles estables de respaldo ciudadano, mientras la seguridad, el crimen organizado y la corrupción continúan como las áreas peor evaluadas.

El partido reprogramó los procesos internos para diputaciones federales, locales y municipios; los registros previstos para el 3 de agosto se recorrerán hasta finales de agosto y septiembre.

Graciela Palomares y Nayeli Salvatori fueron criticadas en redes sociales por expresiones emitidas en un podcast; ambas aseguraron que el video fue editado y sacado de contexto.

Todo indica que intereses políticos y de grupos de poder están detrás de todo esto para desprestigiarla, para introducirse en la institución y menguar su autonomía.

El gobierno estatal negó tener facturas pagadas a empresas fantasma, documento que en suma supera los 115 mil pesos.

En Tabasco más de 40 mil personas no tienen trabajo y sólo 386 mil tienen seguridad social.

El presidente electo de Colombia emprenderá una reestructuración diplomática que incluye cierres de embajadas, consulados y misiones diplomáticas.

Grupos de derecha y gente adinerada claman en México por la intervención yanqui; son partidos y actores políticos que ya estuvieron en el poder.

CNDH y Cámara de Diputados mantienen en secreto los procedimientos promovidos contra su presidenta.

Proyecciones electorales estiman que Morena, PT y PVEM alcanzarían hasta 369 diputaciones si PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no forman una alianza, suficiente para aprobar reformas constitucionales sin respaldo de la oposición.

Legisladores y alcaldes de Morena pidieron un Parlamento Abierto antes de aprobar el proyecto hídrico del Gobierno de Jalisco. Acusan que el SIAPA fue administrado como una "caja chica" y cuestionan la viabilidad del plan.

Más de 5.6 millones de pesos han gastado los legisladores entre septiembre de 2024 y marzo de 2026.

Los habitantes de la entidad más poblada del país aún pagan el costo de un sistema gobernante que sólo cambió de color y partido en el poder, pero continúa sumergido en las peores prácticas.