La corrupción de los funcionarios de gobierno y de las instituciones públicas no es un asunto del pasado, no pertenece a la historia de gobiernos anteriores, sino al presente; ha sido desterrada formalmente, solo en palabras ha sido arrancada de raíz por el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), pero en los hechos aún está vigente, se niega a desaparecer o siquiera a ocultarse. Aunque el Presidente de la República haya declarado en distintas formas su triunfo sobre los vicios del pasado, como si fuera un fantasma que lo persigue, la corrupción se le ha aparecido en cada momento; desde su mandato como Jefe de Gobierno del Distrito Federal hasta su ejercicio como primer mandatario del país, abundan las acusaciones contra sus colaboradores más importantes, las imágenes de miembros de su propia familia recibiendo dinero o beneficios personales, difundidas a través de los medios; pruebas de la corrupción o la negligencia de distinguidos funcionarios de su entera confianza que han usado los puestos públicos para favorecer sus intereses personales y las pruebas que hoy exhiben investigadores y analistas de las finanzas públicas, consultados por buzos, acerca de las adjudicaciones directas en los contratos de obras, servicios y adquisiciones que favorecen a un reducido grupo de empresas preferidas del Gobierno Federal.

Procurando no hacer demasiado ruido, el Presidente envió hace pocos días otra iniciativa de reforma con el objetivo principal de descentralizar las decisiones y la supervisión de las adquisiciones que realiza la Administración Pública Federal, poniéndolas en manos de la Secretaría de la Función Pública, que se encargaría de coordinar y operar las unidades de administración financiera de las dependencias y organismos descentralizados y paraestatales; en realidad, el Ejecutivo pretende con ello crear una supersecretaría que coordine casi todo lo relacionado con los renglones mencionados.

En opinión de analistas especializados en el tema de las asignaciones directas y de la licitación pública, esta centralización en una misma oficina conlleva graves peligros de corrupción de los que se ocupa nuestro Reporte Especial de esta semana, que pone al descubierto los abusos cometidos por las dependencias del Gobierno Federal al privilegiar los contratos particulares, adjudicar la construcción de obras, contratar servicios y realizar miles de compras sin que medie ningún concurso, ninguna licitación pública, sino mediante concesiones directas entre unos pocos invitados o uno solo, preferido de la dependencia.

La adjudicación directa es un abuso y representa un acto de corrupción; lesiona los intereses de la administración pública y de la sociedad en su conjunto y contradice el discurso oficial, cuya bandera es el combate a la corrupción. La iniciativa enviada por el Presidente parece no tomar en cuenta el riesgo de corrupción que advierten los especialistas.

La corrupción no ha dejado en paz a Andrés Manuel López Obrador desde su gestión como Jefe de Gobierno del Distrito Federal hasta su mandato como Presidente de la República y no parece estar dispuesta a abandonarlo; ahora lo amenaza, como una maldición inseparable, desde las adjudicaciones directas en las megaobras del sexenio y en su última iniciativa de reforma.