El Poder Judicial de Jalisco (PJJ) es un monumento a la impunidad, la corrupción y el abuso de poder contra la sociedad, por lo que ciudadanos, abogados e investigadores sociales demandan que se modernice y realmente haga justicia.

Luis Octavio Cotero Bernal, director del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdG), aludió humorísticamente al PJJ como “el consejo de la caricatura” y advirtió que representa un negocio del consejero Iván Novia, quien fue electo por el Congreso de Jalisco porque “maneja los negocios del gobernador Enrique Alfaro”, pese a que reprobó el examen de conocimientos e imagen pública.

El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco (CJEJ) tiene a su cargo la Ciudad Judicial y a todos los juzgados de primera instancia en el estado; lo integran cinco consejeros y lo encabeza el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), el magistrado Daniel Espinosa Licón.

Los otros integrantes del CJEJ son Gabhdiel Novia Cruz, José de Jesús Becerra Ramírez, Claudia Esperanza Rivera Maytorena y Tatiana Esther Anaya Zúñiga, que a su vez encabezan las comisiones de administración, capacitación, jurisdicción de jueces y partidos judiciales, así como los juzgados especializados.

El más señalado como corrupto es el consejero Gabhdiel Novia Cruz, quien llegó al CJEJ electo por el Congreso del Estado en un proceso que abogados e investigadores describieron como “reparto de cuotas” porque el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) fue el que realizó los exámenes y los diputados eligieron a quienes no obtuvieron las mejores calificaciones.

“Él controla a todos los jueces; él va, se impone, controla, cambia de adscripción, pero además da instrucciones para resolver asuntos”, denuncia Cotero Bernal, quien además de abogado ha sido jefe de peritos en el gobierno; y advierte que es urgente que se nombre a jueces profesionales y de probada honestidad para que “no vendan la justicia al mejor postor”.

El académico de la UdG afirma que los jueces de consigna obedecen instrucciones del Fiscal General del Estado (FGE) y, por ende, del gobernador Enrique Alfaro, y acuerdan ordenes de aprehensión y autos de vinculación a proceso contra los enemigos políticos de éste, lo que ha aumentado gravemente el desprestigio de la administración de justicia en Jalisco.

Protegidos del gobernador

Los presidentes de los cinco colegios de abogados en la entidad, encabezados por José Luis Tello Ramírez, del Colegio de Investigaciones Jurídicas, presentaron otras tantas demandas de juicio político contra los consejeros Gabhdiel Novia Cruz, José de Jesús Becerra Ramírez, Claudia Esperanza Rivera Maytorena y Tatiana Esther Anaya Zúñiga, a quienes acusan de desvío de recursos.

En su denuncia común ante la Oficialía de Partes del Congreso de Jalisco aseguran que, desde el ejercicio fiscal de 2021, los cuatro consejeros desviaron recursos financieros destinados a proyectos de digitalización y juicios en línea, con lo que se impidió acabar con el rezago jurídico. Tello explicó que los abogados confían en que la recién integrada legislatura de Jalisco combata ahora sí la impunidad que existe en el PJJ, ya que ninguna denuncia prosperó y se dejó en estado de indefensión a la sociedad.

Inclusive aseveró que, “por el nivel de corrupción que existe en los tribunales del Poder Judicial de Jalisco y la inacción por parte del Consejo de la Judicatura para combatir estas acciones, el Consejo de Colegios de Abogados de Jalisco se unió en su contra y acudió al Poder Legislativo para denunciarlo”. Por ello, agregó, “Jalisco ocupa el séptimo lugar nacional en corrupción, según el Índice de Corrupción”.

El abogado e investigador detalló que tanto jueces, como secretarios y notificadores “hacen su agosto”, ya que una notificación, cuya entrega les corresponde, cuesta 500 pesos a los abogados y ciudadanos; cotizan en 10 mil pesos un acuerdo y las sentencias definen su monto según sea el caso.

La corrupción inicia con el pago de 20 pesos por cada hora de estacionamiento en la Ciudad Judicial; sigue con el cobro de 1.50 pesos por cada hoja de fotocopia, las copias certificadas y recibos de pago. “Es lamentable que Jalisco no lo haya superado para que se pueda llevar a cabo el sistema de digitalización en los sistemas judiciales para que los justiciables y abogados tengamos ese beneficio y podamos trabajar en línea.

“Hemos sido precavidos para efecto de que en la pandemia tengamos ciertas medidas de restricciones sanitarias, pero lamentablemente crece el rezago de los expedientes de los juzgados civiles, familiares, mercantiles y penales por la negligencia y omisiones que han tenido los jueces, secretarios y notificadores”, puntualizó Tello.

Pese a que el Poder Legislativo autorizó una partida presupuestal de casi mil 599 millones de pesos (mdp) para digitalizar todos los procesos judiciales, esa tarea se suspendió desde agosto de 2020; y de 2017 a la fecha se han registrado más de mil quejas contra el sistema judicial, jueces secretarios y notificadores.

“Hay un término para que los jueces puedan dictar una sentencia que va de ocho a 30 días, para dictar un auto son tres días; el notificador tiene hasta siete días y lamentablemente no lo hacen porque no hay quien los vigile ni sancione” explicó Tello.

Jalisco, el más rezagado en justicia digital

Por su parte, la maestra Pamela Karina Vega Hernández, presidenta del Colegio de Abogados Jus Semper Loquitur, denunció que el rezago en la administración de la justicia es producto de los compromisos políticos y económicos de cuatro de los cinco consejeros que integran el CJ: Tatiana Esther Anaya Zúñiga, Claudia Esperanza Rivera Maytorena, José de Jesús Becerra Ramírez y Gabhdiel Iván Novia Cruz.

En el pleno del 13 de agosto de 2020, el CJ acordó solicitar al Congreso del Estado un presupuesto de mil 592 mdp destinado a digitalizar la administración de justicia digital, abrir nuevos juzgados, contratar más personal e intensificar la capacitación; pero hasta ahora no se ha aplicado un solo peso en estos proyectos, ni siquiera en el programa de digitalización pese a que tuvieron un año para utilizar parte de esos recursos.

Además, en 2018, se anunció la habilitación del tercer piso de Ciudad Judicial, espacio donde habría juzgados de apoyo para atender el incremento en las demandas de justicia; albergar nuevas oficinas del CJ y adquirir equipos de cómputo, muebles y personal para los juzgados en los partidos judiciales y en los municipios ajenos a la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy ese tercer piso se halla en obra negra pese a que ya se “inauguró”.

En Jalisco, según el acuerdo del primero de abril de 2019, la administración de la justicia está distribuida en 32 partidos judiciales, 192 juzgados, de los cuales 52 están especializados en la rama civil, 17 en la familiar, 20 en la mercantil y 17 en materia penal. También cuenta con un juzgado de ejecución de penas, otro especializado en infractores adolescentes, 58 juzgados en menores y 22 de paz.

Luis Iván Santana Ballesteros, integrante del Consejo de Colegios de Jalisco, advirtió que también se acordó un presupuesto para atender la pandemia de Covid-19, pero denunció que las medidas sanitarias en la Ciudad Judicial son mínimas, porque es notoria la concentración de personas en los juzgados.

La pandemia paralizó la justicia en 2020 y 2021; en lo que va de 2022, la atención a los ciudadanos sigue lenta; notoriamente grave es el nulo avance de los procesos, hecho atribuible a las prácticas de tráfico de influencia de jueces, secretarios y notificadores.

Vega Hernández consideró que los consejeros de la JC violan la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que están obligados a rendir informes mensuales del gasto corriente, el mantenimiento y proveeduría de los juzgados de Jalisco; pero solo cumplen con la publicación de la nómina de los funcionarios y empleados del Poder Judicial.

En octubre de 2021, la organización Abogados en Pro de la Administración de la Justicia se sumó a las denuncias del PJJ cuando clausuró simbólicamente Ciudad Judicial en octubre; y difundió una serie de demandas que hasta el momento no han tenido respuesta.

Los abogados piden a las autoridades judiciales que se sensibilicen y resuelvan pronto sus demandas mediante la inmediata reapertura de los juzgados y la agilización de trámites para superar el gran rezago que existe en los archivos.

Denunciaron también que algunas resoluciones en materia penal llegan a retrasarse hasta seis meses, cuando normalmente deberían tardar tres meses; y que, en materia familiar, un reclamo de pensión alimenticia es resuelto entre dos o tres meses, pese a que el dictamen solo llevaría 15 días.

Insistieron en que ante este tipo de procesos no deberían existir rezagos y que la manifiesta opacidad con que actúan los juzgados está convirtiendo la administración de justicia en “una olla exprés a punto de estallar” debido a la inconformidad de la gente.

Alrededor de 150 abogados del colectivo cerraron uno de los accesos, colocaron consignas impresas, pegaron calcomanías y, con una manta, simbolizaron la clausura de la Ciudad Judicial, que solo estuvo en exhibición unos minutos.

Opacidad rampante

El doctor Rogelio Barba Álvarez, catedrático e investigador de la UdG, advirtió que “no se han alcanzado las expectativas del nuevo Consejo de la Judicatura, cuyos integrantes presumen de justicia digital, pero del que ni siquiera existe un proyecto; simplemente se ha dicho, pero es claro que no están preparados ni técnica, ni físicamente, porque ya se observa el incremento de expedientes”.

Consideró muy grave la injerencia del Congreso del Estado en la elección de los consejeros de la Judicatura, porque los recién nombrados no han respondido a las expectativas en torno a que habría una justicia en línea más eficiente y rápida.

“El Poder Judicial tiene que asumir el compromiso de modernizar la administración de justicia en Jalisco, ya que tiene la nómina más obesa del país y su gordura es un retroceso a los avances que se han conseguido en otros estados”, apuntó Barba, quien también responsabilizó a los consejeros de responder más a sus compromisos políticos que a la justicia.

El investigador afirmó que fue evidente la protección del Congreso del Estado al consejero Gabhdiel Iván Novia Cruz, a quien se le sorprendió cometiendo delitos graves contra la administración de justicia y no aprobó una propuesta para llevarlo a juicio.

La misma línea de complacencia o tibieza caracteriza al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJE), Daniel Espinoza Licón, quien informó que durante su gestión –un año al frente– se han recibido quejas contra 274 funcionarios, de las cuales ya fueron sancionados 40 de los responsables, entre los que se encuentran ocho jueces, 21 secretarios, ocho notificadores, encargados de sala y dos jueces fueron suspendidos.

 Espinoza Licón negó que el STJE intente ocultar los presuntos actos de corrupción de los impartidores de justicia, pero no mencionó uno de los escándalos más relevantes en el último año: el caso del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, de la Quinta Sala Civil, quien está acusado de agredir sexualmente a una adolescente y hoy se encuentra prófugo de la justicia.

Sin embargo, advirtió que si algún juez incurre en un delito, una falta, una irresponsabilidad “no vamos a tocarnos el corazón y tendrán que ser sancionados”. En el informe de su primer año de gestión, Espinoza destacó la restructuración del STJE mediante la eliminación de áreas y dependencias que restaban dinero de su presupuesto.