En el último año y medio se han abierto en Ucrania más de mil 500 casos penales bajo el epígrafe de “alta traición”. Eso supone, de promedio, dos o tres casos penales al día bajo tan seria acusación.

Últimamente, en los periódicos o los informativos de las cadenas de televisión ucranianas vemos con cierta frecuencia, prácticamente a diario, que los servicios de seguridad o la Oficina Estatal de Investigación ha descubierto “traidores al Estado”, sospechosos de actividades contra el Estado y de cometer traición. Por lo general, entre estos traidores se encuentran personas bien conocidas, políticos o figuras públicas en desacuerdo con la política del gobierno, que se manifiestan contra la guerra y a favor de la paz o revelan corrupciones del régimen actual. Más raramente se trata de ciudadanos ordinarios que han cometido “infracciones” menores: comentarios en redes sociales, likes o manifestaciones públicas de su opinión, etc.

Las autoridades persiguen diferentes metas:

1. Desviar la atención de los ucranianos de sus propios errores, delitos y fallos.

2. Crear la imagen de “enemigos del pueblo”.

3. La persecución criminal de adversarios y competidores políticos.

4. La creación y fomento de una atmósfera global de miedo, desconfianza mutua y odio en la sociedad ucraniana (siguiendo el principio de “divide y vencerás”).

Los puntos uno, dos y cuatro buscan conseguir resultados psicológicos, como el engaño masivo de la sociedad, arrojándola al abismo del miedo y la desconfianza y desviando su atención de la realidad. El punto tres permite a las autoridades lidiar con los oponentes, apartándolos del plano político y arrojándolos a las prisiones, mutilarlos o incluso matarlos con el fin de perseguirlos y arrebatarles sus posesiones y negocios.

No hay duda de que los no iniciados se plantearán una pregunta: ¿por qué los adversarios de las autoridades y otras personas son acusadas del crimen de alta traición bajo dicho artículo del código penal? La respuesta es la siguiente: la propia formulación del crimen de “alta traición” en el artículo 111 del código penal de Ucrania es muy vaga y abstracta, lo que permite al sistema punitivo la oportunidad de aplicarlo de distintas maneras dependiendo de lo que se propongan las autoridades o de las instrucciones recibidas desde arriba.

A fin de cuentas, no se puede disentir de que el concepto de “un acto cometido en detrimento de la soberanía, la integridad e inviolabilidad territorial, las capacidades de defensa y la seguridad económica o de información del Estado” puede ser interpretado de cualquier manera y que cualquiera puede ser inculpado bajo dichos términos. Lo principal es saber quién tiene el derecho a interpretar y evaluar hoy en día en Ucrania lo que implica dicha acusación. Obviamente, no son los tribunales, sino los fiscales y servicios especiales, ambos absolutamente dependientes, nombrados y destituidos por el presidente o las estructuras que de él dependen. Una vez asumido el poder, Zelensky hizo todo lo posible por influir en el nombramiento de todos los jefes de las fuerzas del orden y colocar ahí a su gente. Ahora, durante la guerra, se las ha arreglado para concentrar todo el poder sobre la justicia en sus manos, aunque eso sea absolutamente contrario a las disposiciones de la constitución ucraniana.

La dirección de las instituciones de investigación (GBI, SBU, oficina del fiscal, policía, BEB) y del sistema judicial están ahora completamente controladas, nombradas y destituidas por la oficina del presidente.

Además, la traición al Estado es un crimen particularmente grave y la sanción del artículo 111 supone penas de prisión de hasta 15 años, mientras que la ley de procedimiento criminal permite el arresto de sospechosos bajo este artículo sin derecho a libertad bajo fianza.

Indudablemente, cualquier abogado sensato de un país democrático, que posea un sistema judicial independiente y relativamente justo e imparcial, se plantearía la siguiente objeción: pero para demostrar la culpabilidad de una persona en un delito tan grave es necesario contar con pruebas obvias e irrefutables, recopiladas de un modo absolutamente legal, tales como conversaciones intervenidas, correspondencia, resultados de vigilancia, registros de audio y video, reuniones, acciones, pruebas físicas o informes de agentes cualificados, entre otras. Y sólo sobre la base del conjunto de dichas pruebas y de su minuciosa evaluación en los tribunales sería posible emitir una decisión judicial justa y objetiva sobre la culpabilidad o inocencia de la persona acusada. Y ese abogado tendría toda la razón…

Sólo es preciso hacer una salvedad: eso ocurriría en su país, pues en su sistema judicial es necesario demostrar minuciosamente la culpabilidad de una persona para someterla a la acción de la justicia. Pero en Ucrania, desde el inicio de la guerra, eso no es necesario. En absoluto. Basta con detener al adversario de las autoridades (a la víctima) y llevarla a custodia; eso es todo. Posteriormente, en el centro de detención, se le somete a condiciones insoportables, tortura, chantaje y malos tratos, y se le deja ahí indefinidamente. El caso es investigado, por así decirlo, de forma pausada, sin prisas, e incluso si llega a los tribunales, la persona detenida sigue bajo custodia. Éste es el caso hoy en día. Todo el mundo conoce la terrible situación de los activistas de izquierda y antifascistas, los hermanos Alexander y Mikhail Kononovich, el publicista y bloguero Dmitry Skvortsov, la abogada y activista de derechos humanos, conocida por su posición antifascista, Elena Berezhnaya, y muchas otras personas públicas que hablaban desde posturas de oposición.

Pero el lector se preguntará: ¿es posible detener y mantener a la persona tras las rejas, acusándola de uno de los más graves crímenes contra el país, como hacía la Gestapo en la Alemania nazi, sin las mínimas razones o fundamentos? Es posible, hoy en Ucrania es posible, pero para dar la apariencia de, al menos, cierta legitimidad a la ilegalidad y anarquía en curso, las autoridades fiscales (SBU, SBI, fiscalía) han aprendido –¡atención!– a realizar “exámenes periciales” de las palabras y declaraciones de una persona, de sus comentarios y publicaciones en las redes sociales.

Para ello, los fiscales toman las palabras de cualquier opositor al actual gobierno, ya sea un post en las redes sociales, un discurso en televisión, un artículo en un periódico, y designan y realizan un examen lingüístico forense especial, en el que un experto lingüista responde a las preguntas que le plantea la investigación:

1) ¿Encierran algo malo contra Ucrania estas palabras?

2) ¿Hay algo en ellas que indique que la persona apoya indirecta o directamente al enemigo?

3) ¿Hay alguna relación causal de esas palabras con alguna consecuencia? Y así sucesivamente. Como pueden ver, cualquier palabra, posición o declaración puede considerarse “mala”, porque eso es algo extremadamente relativo, una percepción totalmente subjetiva, evaluada por un experto forense. Y la cuestión principal en tal caso es encontrar al experto “adecuado” que evaluará “correctamente” las palabras de la víctima del régimen y escribirá la peritación “correcta”.

¿De dónde proceden estos expertos? ¿Cómo se formaliza esta competencia? Y aquí está lo más interesante para aquellos que no han experimentado el trabajo del actual sistema de persecución de la disidencia en Ucrania. Parte de la prueba pericial se puede realizar en los institutos estatales de peritaje forense, donde el perito recibirá una orden del director del instituto, y la cumplirá y escribirá lo que sea necesario. Porque ahora en Ucrania los peritos no tienen ninguna responsabilidad, pueden escribir lo que quieran.

Además, existen simplemente expertos “designados”, creados ad hoc, a los que el sistema estatal de persecución ayudó a obtener la licencia necesaria del Ministerio de Justicia de Ucrania, que les permite realizar exámenes lingüísticos. Son mantenidos por la fiscalía del Estado y reciben buenos honorarios, por lo que se limitan a “sellar” el peritaje requerido por el sistema. Si necesitan una evaluación mala, escriben una mala, si necesitan una buena, escriben una buena. Luego las conclusiones del peritaje se utilizan como base para la persecución y se convierten en el fundamento para la sospecha, la lista de buscados, la detención, el arresto, el encarcelamiento, etc.

En el último año y medio se han abierto en Ucrania más de mil 500 casos penales bajo el epígrafe de “alta traición”. Eso supone, de promedio, dos o tres casos penales al día bajo tan seria acusación.

Digámoslo de nuevo: según la ley, las conclusiones del organismo de investigación no pueden ser definitivas para el tribunal y no son prueba de la culpabilidad de una persona. Hasta que el caso no se examina en el tribunal, ninguna prueba es determinante, sólo las pruebas obtenidas en el tribunal o investigadas por el juez durante el juicio. Pero para que exista la sospecha de que se ha cometido un delito, el órgano de investigación/fiscalía debe recopilar al menos algunos datos que indiquen de algún modo que la opinión del órgano de investigación/fiscalía sobre la culpabilidad de una persona es correcta. Precisamente por eso son necesarios esos peritajes deliberadamente falsos sobre supuestas declaraciones de una persona contra el Estado.

Esto no significa en absoluto que todas las personas acusadas vayan a ser condenadas y declaradas culpables. Más bien al contrario, un tribunal normal los declarará inocentes y su culpabilidad no probada. Pero esto no ocurrirá pronto, obviamente, cuando cambie el régimen actual. Quién de los actuales presos políticos vivirá para verlo es, por desgracia, una pregunta retórica…

¿La información sobre la paz y a favor de la paz es información antiucraniana? Para el gobierno actual, el “partido de la guerra”, los que quieren que la guerra continúe, los que ganan dinero con ella o prolongan su ciclo de vida política, sí: declaran a los detenidos enemigos y traidores a la patria. El régimen lo hace de la mano de agentes de los servicios especiales, fiscales, investigadores, jueces, dándoles las instrucciones oportunas. Pero pregúntense los susodichos, que llevan a cabo estas instrucciones ilegales y criminales: ¿qué harán entonces, cuando cambie el poder en el país? Es poco probable que muchos de ellos consigan escapar de Ucrania y es poco probable que ningún país civilizado proporcione ayuda y refugio a los perpetradores. Piensen en ello antes de ejecutar otra orden criminal.