• Con la austeridad republicana mineros siguen sumidos en la pobreza y abandono laboral.
• Necesario que los obreros se organicen y luchen para cambiar sus condiciones de miseria.

Ciudad de México. El analista político Aquiles Córdova Morán, llamó a la clase trabajadora de México a romper la cadena de miseria, trabajo monótono, salarios de hambre y los abusos por parte de los patrones y el Gobierno, para así crear mejores condiciones de vida para las generaciones venideras y darles un ejemplo de libertad y dignidad.

Este llamado se ve potenciado por la tragedia ocurrida el pasado 3 de agosto, donde 10 mineros quedaron atrapados por un derrumbe en la mina “El Pinabete” ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila, y cuya operación de rescate se ha visto obstaculizada por los intereses de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de los poderosos empresarios del sector carbonífero.

El líder social hizo hincapié en que esta tragedia no puede ser atribuida únicamente a un accidente imposible de prever, ya que exhibe las precarias condiciones laborales en las cuales los mineros tienen que trabajar. En el caso de “El Pinabete” no se trata de una verdadera mina con tecnología moderna y con todas las medidas de protección y seguridad para sus obreros, sino de una explotación rudimentaria cuyo funcionamiento lo debe al impulso que recibe de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a sus bajos costos de producción, generados a base de la nula compra de material para la protección de sus trabajadores y al escaso conocimiento de las condiciones geológicas y supervisión de expertos.

Estas inhumanas condiciones laborales, se dice, son comunes en el sector, el cual impulsa métodos artesanales y la proliferación de “pocitos” con tal de generar más ganancia, todo siendo del conocimiento de los gobiernos de Coahuila y del país, que desde hace varias décadas no toman medidas para regularlas, sumado a que la CFE les da un trato preferencial mediante contratos multimillonarios en detrimento de explotaciones de carbón más modernas y con una mayor supervisión de sus condiciones de operación.

Otro factor más reciente, a decir de diversos expertos como Cristina Auerbach, directora del grupo Familia Pasta de Conchos, es la austeridad republicana impuesta por el presidente López Obrador, y consecuencia indudable de los “ahorros” de la empresa responsable de la mina, que incluyen la falta total de preparación de sus obreros y de estudios geológicos necesarios para detectar bolsas de gas o agua como la que atrapó a los mineros de “El Pinabete”.

La prueba de que el caso de Sabinas no fue un simple accidente está demostrada por expertos como Delfino Hernández, académico de la UNAM, quien aseguró que no hay planos de la mina, bitácoras para monitorear el trabajo de los mineros ni documentos que acrediten que se haya cumplido con los protocolos o que se les haya capacitado para responder a una emergencia.

Otra irregularidad es el presunto dueño de la mina, Cristian Solís Arriaga, quien da señales de ser un prestanombres, situación que ni el presidente ni la Fiscalía terminan por confirmar. Esta situación recalca también la opacidad con la que se ha llevado la operación de rescate, ya que en principio la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo a los familiares de las víctimas que había toda la voluntad y recursos para rescatarlos con vida y que los trabajos solo se llevarían horas, sin embargo, a casi un mes no hay ningún avance significativo.

Los vecinos también han denunciado esta situación, ya que cae la posibilidad de rescatar con vida a los mineros desaparezca; destacan la ineptitud del personal de protección civil y la soberbia del gobierno de AMLO que se negó a solicitar la colaboración de los mineros expertos en rescates e incluso de especialistas extranjeros. Las operaciones se ocultaron desde un inicio para evitar que las familias afectadas se manifiesten, incluso evitaron su acercamiento con López Obrador, que cinco días después de la tragedia se reunió brevemente con el equipo de rescatistas “para acelerar las labores”, pero sin hablar con los parientes de los obreros atrapados, quienes opinaron que “solo vino a hacerse la foto y se fue”. Tras semanas de promesas de rescate el Gobierno y las autoridades han cambiado la tónica, dejando en manos de los familiares la decisión: “100 mil pesos o sacar los cuerpos”.

Esta actitud de negligencia es característica del gobierno Federal, que sigue con su política de “austeridad republicana”, la cual ha generado, por ejemplo, que los recursos para supervisar las minas en Coahuila vayan en declive desde 2018, que el número de inspectores laborales dedicados a revisar minas y diversos tipos de industrias en Coahuila se haya reducido en 40 por ciento entre 2018 y 2022 y que los mineros sigan sumidos en la pobreza y abandono laboral, enfrentados a enfermedades crónico-degenerativas y jornadas que rebasan hasta las 12 horas diarias.

Ante esta situación el también líder nacional del Movimiento Antorchista Nacional llamó a los obreros de todo el país a darse cuenta del peligro que corren sus vidas y las de sus familias, por lo que es necesaria su unidad ideológica –que les inculca la forzosa cooperación diaria en el trabajo– y la unidad organizativa –que les falta y es indispensable para la unidad de acción y golpear al unísono–.

Lo anterior para romper la cadena de miseria, trabajo monótono, salarios de hambre y los abusos por parte de los patrones y el Gobierno, para así, crear mejores condiciones de vida para las generaciones venideras y darles un ejemplo de libertad y dignidad.