El discurso del combate a la corrupción se escucha en cada escenario que pisa el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sin que al parecer se dé cuenta de los costos que para su gobierno puede tener la manifiesta omisión en que incurre al no hablar de otros problemas sociales más graves que aquejan a la mayoría de los mexicanos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el 14 de febrero, los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en México (ENOE) sobre el último trimestre de 2018. El mercado laboral es la cepa del drama que padece nuestro pueblo, ya que es en las relaciones de producción donde se siembra la semilla de la injusticia socioeconómica que caracteriza a nuestra sociedad. Las cifras de la encuesta describen un panorama desastroso y aunque ciertamente esto no es nuevo, sí lo es en cambio que el Gobierno Federal lo soslaye u opaque para darle prioridad a su discurso político de combate a la corrupción con acusaciones altisonantes.

La población ocupada que percibe ingresos (PO) suma 52 millones; de éstos, 37 millones son empleados, tres millones son empleadores y los 12 millones restantes son trabajadores sin empleador y sin empleados. Los problemas más graves que muestran los resultados de la ENOE son, por un lado, la falta de empleo suficiente y, de otro, la generalización y agudización de las malas condiciones laborales. De la falta de empleo dan cuenta tres componentes: primero, los desempleados, es decir, quienes buscan y no encuentran empleo, que suman 1.8 millones; segundo, la población que ha dejado de buscar empleo porque sabe que no lo hallará; según la encuesta, la participación laboral de la población en edad de trabajar no rebasa el 60 por ciento y del 40 por ciento restante hay 5.8 millones que están disponibles pero han “decidido” no buscar empleo; y tercero, los 3.7 millones de población con empleo, quienes estarían dispuestos a emplearse por más horas pero no encuentran empleador.

La suma de estos tres componentes da como resultado la existencia en México de 11.3 millones de brazos dispuestos a trabajar, sin que la economía nacional pueda ofrecerles una salida laboral. La misma fuente, por otro lado, nos ofrece un par de datos reveladores sobre las condiciones laborales que prevalecen en el país: el salario mensual promedio de la población ocupada es de seis mil 189 pesos, monto cuya distribución por hora equivale a dos dólares, aunque este promedio no es extensivo a la mayoría de los trabajadores, ya que 8.7 millones de éstos ganan hasta un salario mínimo (0.63 centavos de dólar por hora) y solo 2.2 millones perciben más de cinco salarios mínimos. Mención especial merecen los 30 millones de trabajadores informales que no cuentan con ninguna garantía en sus condiciones de trabajo.

Es sabido que las condiciones laborales en México son mínimas, pues los gobiernos federales pasados apostaron a la devaluación del trabajo mediante la reducción de salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, hasta el momento la política laboral del nuevo gobierno no se ve clara. Además del incremento del salario mínimo (que solo benefició a 4.4 millones de trabajadores, pues la otra mitad de los 8.7 millones con ingresos de hasta un salario mínimo son trabajadores por cuenta propia), solo puede hablarse de algunos programas asistencialistas, como es el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a los jóvenes de entre 18 y 29 años.

Según los reportes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), se registraron 1.1 millones de jóvenes (quienes trabajarán en empresas privadas pero serán pagados con dinero del erario). Otras medidas instrumentadas, como la de los mil 600 choferes de pipas que distribuirán gasolina, son insignificantes en relación con el problema del empleo. Pero, por otro lado, hay que considerar los costos asociados a la política de austeridad del Gobierno Federal, que es común a los gobiernos neoliberales. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la austeridad cuesta a los países una gran cantidad de empleos que dejan de ofrecerse y crearse porque el Estado deja de atender necesidades de la sociedad.

El costo no se puede cuantificar todavía, pero en los medios de información ya puede avizorarse algo en la pérdida del empleo de los trabajadores de las estancias infantiles, en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), etc. El discurso anticorrupción ha dejado de lado problemas económicos y sociales cuya solución es vital para la población mexicana, entre ellos el empleo y el ingreso laboral, por lo que es necesario que ésta reclame al actual gobierno la debida atención a este problema.