Los mexicanos de escasos recursos económicos son quienes resultan más afectados por la crisis de las fiscalías, ya que enfrentan todo tipo de obstáculos para hacer cumplir su derecho humano fundamental a una justicia ágil y eficaz, carencia que se suma a las desigualdades sociales reinantes en el país.

 “Las personas pertenecientes a grupos en condiciones de vulnerabilidad enfrentan barreras para acceder a la justicia que se traducen en desigualdades para el ejercicio de este derecho, que permite la garantía de otros derechos humanos”, reveló María Elisa Franco Martín del Campo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en diciembre de 2025.

A las complicaciones para un ciudadano cuando denuncia un delito, se añaden los “costos ocultos” que representan el pago de corruptelas y los honorarios de abogados privados, porque al igual que las fiscalías, la “Defensoría de Oficio”, que es un servicio público de litigantes para pobres, está totalmente colapsada, destacaron organizaciones especializadas en justicia.

A decir de la agrupación México Evalúa, tras la reforma a la justicia penal 2008-2016, “la asimetría entre las capacidades de las fiscalías y las defensorías públicas no se ha remediado; al contrario: se ha acrecentado”.

“El presupuesto para el sector es prueba de ello: las defensorías públicas reciben, en promedio, seis centavos por cada peso que reciben las fiscalías para operar. Además, destinan la mayoría de sus recursos a financiar nóminas o gasto corriente, cancelando la posibilidad de aumentar su capacidad instalada o de invertir en su modernización”.

Fernando Escobar Ayala, investigador de la organización Causa en Común, explicó a buzos: “hay una responsabilidad, sin duda, en los órganos de defensoría pública que sería importante revisar”, porque las personas de escasos recursos “no cuentan con una defensa adecuada”.

Sobre los llamados “costos ocultos” para acceder a la justicia, Escobar advirtió que “dentro de la misma lógica de las fiscalías se han incrustado todos estos factores perjudiciales como la corrupción, pero también, sin duda, el uso político, faccioso, de las propias fiscalías”; su fortalecimiento y desarrollo “tiene también la erradicación de estos fenómenos de corrupción como natural complemento”.

“El actuar corrupto que, sin duda existe en algunos funcionarios, se ha inscrito ya como un engranaje más de las instituciones que, a la falta de políticas realmente interesadas en fortalecerlas, en desarrollarlas, se han convertido en la base de su operación cotidiana”, apuntó el especialista de Causa en Común.

La percepción de corruptelas en las instituciones investigadoras se ha traducido en desconfianza ciudadana, principal factor que desalienta la denuncia oficial de delitos, como lo describió México Evalúa en un reciente informe.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025 señala que “las fiscalías estatales se encuentran entre las instituciones con mayor percepción de corrupción en el sistema de seguridad y justicia. Es decir, hay un problema estructural de confianza ciudadana”, apuntó.

Esto es: seis de cada 10 mexicanos (62.9 por ciento) perciben corrupción entre los Ministerios Públicos y policías de investigación de las fiscalías, consideración social que se ha mantenido prácticamente sin cambios durante la última década.

México Evalúa también reporta que nueve de cada 10 delitos cometidos no se denuncian por la desconfianza ciudadana en las instituciones encargadas de investigar los delitos; mientras que, de las presentadas, nueve de cada 10 quedan archivadas e impunes.

Estos datos revelan que, en México, existe una justicia selectiva, en la que, por un lado, la corrupción en las fiscalías y por otro, los delitos no denunciados se añaden a la población interna de las cárceles que, al cierre de este año, sumaron 265 mil 874 personas, según datos del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OAPRS) analizados por el diario Milenio.

De esta cifra, al menos 90 por ciento de las personas privadas de su libertad no han sido sentenciadas, es decir, fueron presentadas ante un juez, pero no existe un juicio de por medio para comprobar la comisión de algún delito.

Desconfianza social

Fernando Escobar, de Causa en Común, expuso a este semanario que el temor y desconfianza ciudadana en las fiscalías “está fundada en el propio actuar de tales instituciones que, conforme a datos oficiales, son completamente deficientes, están colapsadas”, sentenció.

Sobre el dato de que nueve de cada 10 delitos no son denunciados por desconfianza ciudadana en las fiscalías, Escobar destacó: “desmantela por completo la pretensión oficial de muchos gobiernos de presentar las cifras de carpetas de investigación abiertas como un sinónimo de éxito”.

Expuso que “la inmensa mayoría se van al archivo temporal o son terminadas conforme a criterios administrativos”, por ejemplo, cuando las fiscalías determinan el no ejercicio de la acción penal, es decir, al decidir no continuar las averiguaciones abiertas ni presentar el caso denunciado ante un juez.

“El hecho delictivo denunciado no genera respuestas de las fiscalías para acompañar el caso con acciones de investigación ni acciones periciales que permitan eventualmente transitar a una etapa de judicialización”, a la que solamente llega un escaso porcentaje de las carpetas de investigación abiertas.

Enormes pendientes

Sobre el rezago de averiguaciones penales, en el informe Radiografía de las fiscalías en México, del 10 de junio de 2026, México Evalúa subrayó la existencia de más de 2.6 millones de averiguaciones sin concluir; marco donde nueve de cada 10 ilícitos denunciados quedan impunes, y sólo uno de cada 10 llega a una resolución judicial.

En otro reporte, fechado el 17 de marzo de 2026, esta organización especializada estimó la persistencia de una “cifra negra” o “cifra oculta” de delitos no denunciados por los ciudadanos; de tal manera que 93 de cada 100 ilícitos cometidos en México quedan sin denunciar, de acuerdo con la Envipe.

Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, reportó que la transformación de la justicia no depende únicamente de reformas legales: “fortalecer las fiscalías requiere reconocer sus desafíos operativos y construir soluciones que combinen autonomía, profesionalización, tecnología, evaluación y coordinación institucional”.

El país de las injusticias

“La gente me dice: ʽDéjalo. Estás amenazada. Dios hará justiciaʼ… Yo les digo: ʽHay un Dios, sí. Pero también hay autoridades aquí en la Tierra, ¿por qué no hacen nada?ʼ”, señala una mujer que recibió amenazas de muerte de los presuntos asesinos de su hijo, y luego padeció la indiferencia de la fiscalía de su estado.

El testimonio pertenece a la investigación de dos años sobre la Doble injusticia: Las falencias del sistema de justicia penal de México en la investigación de homicidios, y un informe de 187 páginas que la organización internacional Human Rights Watch (HRW) concluyó en México el 19 de febrero de 2025, en el que desmenuza las carencias de las fiscalías y plantea la urgencia de mejorar el acceso a la justicia cotidiana.

Los activistas entrevistaron a 150 fiscales, policías de investigación de fiscalías estatales, asesores jurídicos de comisiones estatales de víctimas y otros operadores de justicia, así como expertos en el sistema de justicia penal mexicano de 11 estados, además de analizar estadísticas gubernamentales, y la información de más de 300 peticiones oficiales de datos a autoridades estatales y federales.

HRW estableció que la mayoría de los ciudadanos entrevistados narraron que las autoridades tardaron meses o hasta años para empezar una investigación sobre los casos denunciados, “y únicamente lo hicieron como respuesta a la atención mediática negativa o a presiones de los familiares de las víctimas”.

La organización internacional de defensoría de derechos humanos encontró diversas fallas y carencias en las fiscalías mexicanas, causa de entorpecimientos en la investigación de delitos y perjuicios a los derechos fundamentales de las víctimas y sus familiares.

HRW también mostró que la mayoría de las investigaciones en las fiscalías estatales se demoran inicialmente una vez abierta la “carpeta de investigación”, que a menudo se cierra o se archiva sin ejercer ninguna acción penal. Detectó, igualmente, la carencia de plantillas suficientes y calificadas de investigadores, fiscales, peritos, incluso de materiales y recursos básicos para realizar averiguaciones adecuadas, como los casos de estudios forenses.

Además, la existencia de sistemas anticuados para coordinar investigaciones penales arma casos sobre pruebas y testimonios débiles, alterados, fabricados u obtenidos mediante amenazas o tortura.

“Crimen perfecto”

Sumado a otros delitos graves como los homicidios, las desapariciones forzadas causan todavía fuerte impacto e inconformidad social; un ilícito que, de acuerdo con la organización Impunidad Cero, presenta el más alto índice de asuntos sin resolver, con 99 por ciento, prácticamente un “crimen perfecto”.

La citada organización internacional aclaró que México enfrenta “un asombroso nivel de impunidad de 99 por ciento en los delitos de desaparición de personas”. El creciente aumento de delitos de desaparición –detalló‒ sumado a la persistente impunidad que obstruye la investigación y esclarecimientos, ha provocado que México se encuentre “en una grave crisis de derechos humanos”.

Al respecto, Fernando Escobar, investigador de Causa en Común, informó a buzos: “es una impunidad absoluta; y una buena parte de las condiciones que han permitido esto, sin duda, radica en las fiscalías… tienen responsabilidad, inicialmente, en la inaplicación de responsabilidades, ya muy concretas, establecidas en la ley en materia de desapariciones”.

El especialista alertó sobre las insuficiencias en las fiscalías, porque las leyes ahora las obligan a abrir carpetas de investigación inmediatamente después de una denuncia de desaparición forzada, aunque sin garantizar que realmente se investiguen, por carencias en los registros, identificación forense y otras fallas en los servicios periciales (personal técnico que apoya durante las averiguaciones).

En ese sentido, el estudio Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: el drama de los desaparecidos en México, de la organización Causa en Común, del 16 de abril de 2026, expone que de los 132 mil desaparecidos reconocidos por el gobierno, se han abierto solamente tres mil 869 carpetas de investigación.

Maquillajes de las cifras

En Radiografía de las fiscalías en México: evaluar para fortalecer la procuración de justicia, informe presentado el 10 de junio de 2026, México Evalúa expuso que la información pública gubernamental procura destacar una amplia cantidad de carpetas de investigación abiertas, aunque esto no se relaciona con la eficacia de una fiscalía para resolver los casos denunciados.

Medir únicamente la incidencia delictiva o el número de carpetas abiertas –agregó‒ no permite conocer la efectividad de una fiscalía. “Los indicadores deben enfocarse en resultados: casos resueltos, investigaciones judicializadas, sentencias y soluciones que atiendan las necesidades de las personas afectadas”.

En su informe sobre incidencia delictiva 2018-2024, y en su reporte de 2025, la organización especializada Causa en Común señaló también que adicional a las carencias de las fiscalías mexicanas, los informes estadísticos sobre delincuencia se utilizan con fines políticos gubernamentales.

“El análisis de las cifras oficiales sobre inseguridad confirma que éstas no reflejan la realidad; son útiles para efectos de la propaganda gubernamental, pero no para construir política pública. En particular, la eliminación de registros sobre desapariciones demanda un pronunciamiento público y una revisión independiente del Estado”, indicó en su informe 2025.

Las cifras oficiales –destacó‒ “son cada vez más un muestrario de la ineficacia e ineficiencia de las fiscalías, que son las instituciones responsables de recabar las denuncias, procesar las investigaciones ministeriales y enviar los reportes al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)”.

Fiscalías bajo control político

Otro problema está en la conversión de las anteriormente llamadas “procuradurías”, dependientes de los gobernantes, en “fiscalías”, que presuntamente serían autónomas del poder político, aunque esto no ha sido así.

Al respecto, la transformación de Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía General de la República (FGR), y de las 32 procuradurías de los estados en fiscalías locales, se aprobó en el Congreso de la Unión el 10 de febrero de 2014, y pasaron cuatro años para aplicarlas; lo mismo ocurrió con la publicación de la Ley Orgánica de la FGR, el 14 de diciembre de 2018.

México Evalúa denunció las fallas en la implementación de la autonomía, no sólo en los casos de la Fiscalía General y su relación con la Presidencia de la República, sino también de las 32 fiscalías de los estados que supuestamente ya no estarían bajo control de los gobernadores.

“La autonomía formal que han alcanzado 26 fiscalías estatales no necesariamente se ha traducido en autonomía efectiva… persisten retos relacionados con los nombramientos, los sistemas de evaluación , la profesionalización del personal ministerial y la capacidad institucional para tomar decisiones basadas en objetivos claros”, reportó la organización especializada.

Además, indicó que muchas fiscalías del país operan todavía conforme al sistema penal anterior, presuntamente sustituido en 2016, cuando se instauró un “sistema penal acusatorio” basado en procedimientos actualizados y orales para deshabilitar al antiguo “sistema penal inquisitivo” y por escrito.

“A pesar de la implementación del sistema penal acusatorio, que debió consolidarse plenamente desde 2016, muchas fiscalías están operando con prácticas heredadas del antiguo sistema inquisitivo, con estructuras verticales, procesos burocráticos y una lógica centrada en integración de expedientes, en lugar de construir investigaciones estratégicas orientadas a resultados”, reveló México Evalúa.

La organización Causa en Común advirtió que, a pesar de la mencionada reforma, las fiscalías de los estados continúan sujetas a la influencia de los gobernadores debido a las facultades otorgadas a éstos “para designar y remover libremente a los fiscales”. 

Madres buscadoras, prueba de la falta de justicia

Para mostrar internacionalmente el drama por los desaparecidos, sin avances en las averiguaciones, por la ineptitud, carencias y rezagos en las fiscalías nacionales, colectivos de familiares de desaparecidos se manifestaron recientemente en la CDMX, Monterrey y Guadalajara, escenarios del Mundial de Futbol.

“El mundo debe saber que nos faltan más de 130 mil hijos en México”, expresaron durante la jornada “Iluminemos la Búsqueda”, efectuada el 11 de junio de 2026, mientras se desarrollaba la inauguración del Mundial.

Integrantes de colectivos de búsqueda se presentaron en el “Fan Fest”, organizado en el Zócalo capitalino, para exigir la localización de sus desaparecidos; otro grupo marchó por la Calzada de Tlalpan buscando llegar al Estadio Azteca; aunque fueron interceptados en la estación Textitlán del Tren Ligero por un grupo de civiles representantes del gobierno de la CDMX.

 

 

Los buscadores exigieron atención responsable de las fiscalías y autoridades para avanzar en la localización de los desaparecidos; colocaron veladoras encendidas y una cruz con flores de cempasúchil, una especie relacionada con temas funerarios en México.

Mientras tanto, cerca del estadio Monterrey, denunciantes pegaron más de 150 fichas de personas desaparecidas en un puente peatonal, donde exigieron a las autoridades la misma atención a la tragedia de las personas no localizadas, que al evento internacional de futbol.

“Las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León hoy estamos aquí para mostrar al mundo la otra realidad, ésa que no sale en Instagram, que el gobierno no quiere atender, que pretende tapar con macetas gigantes, lonas y vallas”, declaró Martha de Alejandro, vocera de los colectivos movilizados.

También hubo manifestaciones de colectivos en las cercanías del Estadio Guadalajara, donde subrayaron que el estado de Jalisco encabeza el número de desapariciones de personas en México.

En sus protestas llevaron paraguas con fichas adheridas de personas buscadas y pegaron otras más en las cercanías de la sede mundialista, donde criticaron el uso de cantidades ingentes de recursos públicos para apoyar la realización del Mundial de Futbol y nada para agilizar la búsqueda de desaparecidos en las fiscalías.

El 15 de junio de 2026, medios locales en Escárcega, Campeche, evidenciaron la inconformidad de familiares de personas reportadas como desaparecidas ante la Vicefiscalía del estado en esa localidad, porque no presentan avances en las investigaciones ministeriales.

La madre buscadora Guadalupe Hernández, de Escárcega, denunció que sus hijos de 28 y 22 años salieron, el 16 de abril de 2026, a trabajar en la comunidad 18 de Marzo y hasta ese momento no se sabía nada de ellos.

Irene Reynoso, de Candelaria, Campeche, exigió informes sobre su hermano Abraham, funcionario del ayuntamiento, quien fue “levantado” y desaparecido desde hace cinco años, y de quien no se tenía ninguna pista al cierre de la presente edición.

Los integrantes de los colectivos de búsqueda hacen recorridos por centros hospitalarios, servicios médicos forenses, colocan fichas de búsqueda en espacios públicos y exploran terrenos con indicios de personas desaparecidas para localizar restos humanos, actividades que corresponden a las fiscalías, pero no las realizan.