La desigualdad económica, es decir, la concentración de la riqueza social en manos de un pequeño grupo de individuos que podrían contarse con los dedos de las manos y que por el privilegio de ser propietarios de los medios de producción cuentan con la protección del Estado y de las leyes, es causa de la desigualdad social, esto es, de la existencia de millones de personas que tienen que pagar las costosas consecuencias: carencias en alimentación, vivienda, vestido, salud, educación, cultura y en la seguridad y la protección que las autoridades deberían brindarles.

En los países capitalistas, lo que producen millones de trabajadores del campo y la ciudad se lo embolsan unos cuantos poderosos empresarios que no podrían producir ni siquiera una hoja de papel, pero que gozan del privilegio de ser los propietarios de toda la riqueza y contar con la protección y la garantía del Estado, de las leyes que establecen como justa esta desigualdad y sus consecuencias. La satisfacción de las necesidades básicas, la protección en casos de conflicto, abusos o atropellos de cualquier naturaleza y el acceso a la justicia ágil y eficaz, son derechos humanos fundamentales y constituyen el tema que se trata esta semana en nuestro Reporte Especial.

Especialistas, investigadores universitarios y de organizaciones civiles aseguran que en México ha aumentado la desigualdad en la aplicación de la justicia; que este derecho no lo pueden ejercer los ciudadanos pobres, los grupos vulnerables, los que no tienen posibilidad de pagar los costos de la defensa y el precio de la justicia, que se ha convertido en una cara mercancía.

El problema se ha agravado a pesar de las reformas aprobadas en lo que va de este siglo. Los procedimientos para la aplicación de la justicia son los mismos que las reformas pretendían actualizar y mejorar; las fiscalías, que sustituyeron a las procuradurías, están en crisis por la corrupción que ha penetrado en ellas; por la incapacidad para atender el gran número de denuncias; por no investigar ni judicializar los casos; y también porque en vez de dar resultados, se limitan a abrir carpetas de investigación y a archivar miles de denuncias, especialmente las de los ciudadanos más pobres.

Aunque las cifras oficiales son optimistas y hablan de una mejoría en el sistema de justicia, los investigadores independientes las desmienten, mientras afirman y demuestran que no son más que un maquillaje para ocultar la realidad; que los pobres ya no denuncian los delitos de que son víctimas y ya no acuden ante las autoridades porque desconfían de ellas debido a su lentitud, falta de resultados y a la corrupción de los funcionarios.

Además, la ausencia de defensores de oficio afecta a quienes no pueden contratar a un abogado que los defienda con éxito en caso de ser acusados o encarcelados injustamente. La ineptitud con que obran las fiscalías causa un doble daño a las víctimas, que no pueden recibir justicia expedita y reparación del daño.

La justicia es selectiva; como es una mercancía muy costosa, las personas de escasos recursos no la pueden adquirir, su aplicación está en manos de funcionarios corruptos y, por lo tanto, es cada día mayor el número de delitos no juzgados mientras la impunidad resulta casi absoluta.