Elementos de la Secretaría de Marina mexicana acudieron al sitio y se mantuvieron en observación, sin intervenir directamente.
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Foto: Internet
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) informó que en México se pierden cada año más de 97 mil millones de pesos por la tala ilegal, cifra que representa el 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Agregó que la tala ilegal supera a la regulada y afecta la competitividad del sector forestal. Además, este delito se genera por la corrupción, falta de vigilancia, debilidad del estado de derecho y participación del crimen organizado.
Cabe destacar que la tala clandestina trae como consecuencia la pérdida de biodiversidad, erosión del suelo, intensificación del cambio climático, pérdida de empleos verdes y competencia desleal.
Ante este panorama, el INECC propone reforzar el estado de derecho, aumentar la vigilancia, aplicar la ley con rigor y establecer controles obligatorios sobre el consumo de madera ilícita.
Por su parte, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) declaró que impulsa programas para detener la deforestación, mientras la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realiza operativos en zonas críticas del país.
Elementos de la Secretaría de Marina mexicana acudieron al sitio y se mantuvieron en observación, sin intervenir directamente.
Morena y sus aliados aprobaron en “fast track” la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, pese a la inconformidad de productores.
Ambos casos se suman a la lista de funcionarios mexicanos a los que Washington ha revocado permisos para ingresar al país.
Disminuye el número de sesiones; pero, aumenta el número de jóvenes con la obligación de cumplir.
Padres hacen fila y listas de espera para conseguir los biológicos en Centros de Salud.
Algunos legisladores señalaron que el procedimiento funcionó más como una “simulación legislativa”.
El aumento en pensiones acelera la saturación del gasto obligatorio y reduce en rubros prioritarios.
Entre las principales irregularidades destacan la asignación unilateral de plazas y ascensos sin respetar la antigüedad ni la participación del sindicato.
El alza salarial mejora el poder de compra, aunque introduce riesgos para inflación y actividad económica.
Se busca que en 2027 la jornada se reduzca a 46 horas semanales, en 2028 a 44 horas, en 2029 a 42 y finalmente, en 2030, alcanzará las 40 horas.
Desabasto de medicamentos e insumos, sustancias de laboratorio insuficientes y equipos descompuestos son sólo algunos de los problemas en el nosocomio.
De 2024 a 2025, el promedio mensual de reportes por agresiones se incrementó de 74 a 95 casos.
Dada su magnitud, no requirió la activación de la alerta sísmica.
Los campesinos se dirigen al Congreso para protestar contra la nueva Ley de Aguas.
Quienes no completen el proceso enfrentarán restricciones inmediatas, como la suspensión de depósitos hasta confirmar la identidad.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera