En días recientes se ha polemizado sobre la reforma a la leyes electorales y a la Carta Magna, con lo que se vislumbra que el partido en el poder tendrá más herramientas que le sirvan en el juego de la “democracia” y para condicionar a la “competencia política” (las elecciones) pero, sobre todo, para tomar ventaja y asegurar mejores condiciones que los otros partidos políticos; la reforma electoral realmente será una clara imposición de Claudia Sheinbaum Pardo y su gobierno, pero el pueblo no recibirá ningún beneficio.

Llama la atención que esta “reforma” siga el mismo camino que muchas otras: la estructura morenista, con Pablo Gómez, realizó supuestas reuniones en los estados donde, según eso, se “escuchó a los ciudadanos”; pero como ya es sabido, todo eso es una faramalla y sólo sirve para que, desde el gobierno, puedan “argumentar” que el pueblo se manifiesta a favor de los cambios, y que el gobierno sólo “cumple lo que el pueblo manda”, a pesar de que no existe una base real para demostrar que se haya escuchado a todas las expresiones políticas de México.

En la propuesta de la reforma oficialista (que será discutida y analizada) hay aspectos que, a simple vista, parecen atractivos y quizá “positivos”; sin embargo, al reflexionar en ellos, muestran también aspectos negativos. Por ejemplo, en lo referente a la reducción de las prerrogativas y el financiamiento a los partidos políticos… parece sensato darles menos dinero; pero algunos analistas opinan que se corre el riesgo de que ahora, con otros financiamientos, como del crimen organizado o capitales privados, sea más directo y con un interés particular en cada candidato.

La reducción de 132 legisladores plurinominales es otro punto contemplado por la reforma; y lo negativo, si se aprueba, radica en que la representación se acotaría más, es decir, que habría partidos sin representante; y aunque esto siempre ha sido así, porque la representación plurinominal no es tan real, ahora sería muy explícito: beneficiaría a una sola parte política.

En el planteamiento que se hace con respecto a los Organismos Públicos Locales Electorales, que organizan las elecciones estatales, ya no se pretende desaparecerlos, pero sí acotarlos y destinarles menos recursos; con lo que se estaría encaminando a llevar un control centralizado y absoluto del gobierno de Sheinbaum; pero, además, en las elecciones, el conteo de votos podría ser más lento y poco eficiente, tal como lo ha advertido el mismo Instituto Electoral de la Ciudad de México; por lo que acotarlos o darles menos recursos tampoco parece una buena medida.

La Presidenta está empeñada en sacar la reforma prometida a AMLO, en cuya lista de 100 compromisos corresponde al 10° punto; por otro lado, indudablemente, el interés por la reforma electoral cobró más fuerza tras la elección del dos de junio de 2024, cuando Morena y la 4T observaron un “mayor golpeteo” provenientes de algunos Consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Los matices y cambios propuestos por Sheinbaum Pardo serán pocos o nulos; y luego, tras la aprobación, las mejorías en materia electoral serán irrelevantes y más bien una imposición del plan promovido por el gobierno de Morena para convertirse en el partido “único”, sin competencia que le haga sombra. Sin considerar seriamente a los partidos políticos, grupos y organizaciones políticas, instituciones y, desde luego, a los mexicanos, el resultado no mejorará el modelo electoral para que funcione con pocos recursos y que sea confiable, sino todo lo contrario.

El verdadero objetivo de la reforma electoral se debe al interés de Morena y la 4T de perpetuarse en el poder mediante el sometimiento de todas las instituciones y órganos electorales, donde el pueblo, una vez más, está excluido y no obtendrá ningún beneficio, ni para escoger a sus verdaderos candidatos o representantes… mucho menos en las votaciones. Por el momento, querido lector, es todo.