En medio de una aguda crisis sanitaria y económica, el Gobierno Federal sigue recortando el presupuesto de los dos mil 458 municipios del país –incluidas las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX)– de por sí en grave situación financiera.

Cabildos y ediles han dado a conocer que la mayoría de sus instituciones políticas está en “quiebra técnica” y algunas, incluso, podrían colapsar; tal es el caso de varios ayuntamientos en Puebla, Oaxaca y Michoacán, donde la población sufre alta marginación socioeconómica.

Durante el encuentro público sostenido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado 16 de julio en Zapopan con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro –asiduo crítico de su administración–, reiteró la demanda de mandatarios estatales y alcaldes para establecer un nuevo pacto fiscal y una distribución más justa y equitativa del presupuesto federal, hoy más urgente, por al desplome económico propiciado por la pandemia del Covid-19.

Con un inusual trato conciliador, AMLO consideró legítima la convocatoria de las autoridades locales, pero aclaró que su administración ya les había entregado sus participaciones completas, sin quedarles a deber nada, negándoles así, implícitamente, el apoyo financiero indispensable para enfrentar la emergencia sanitaria y económica.

La respuesta textual del Presidente fue ésta: “Entiendo que lo que se busca es un nuevo pacto fiscal para que lo que se recauda a nivel nacional se distribuya con una nueva fórmula, eso lo vamos a analizar y es, repito, una demanda legítima de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales… en nuestro caso no le hemos quitado recursos a los estados, se les ha entregado lo que por ley les corresponde, y de manera puntual, es decir no tenemos deudas, estamos al día, al corriente en la entrega de recursos de la federación, también puedo probar que ha ido en aumento”.

Entrevistado por buzos, Kristóbal Meléndez, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), comentó: “el problema es estructural, es decir, desde la misma Constitución, les quedan muy pocos ingresos realmente municipales, como el predial, pero lo central son los ingresos federales y realmente los municipios viven de las transferencias federales a las entidades. Entonces lo que les queda para obtener mayores ingresos es subir el predial, por ejemplo; pero en un momento de pandemia es difícil tomar ese tipo de medidas”.

El analista explicó también que el margen de maniobra financiera de los estados y los municipios es muy corto. En el caso de los gobiernos estatales, el 15 por ciento de sus ingresos son propios, como el cobro del predial y el 85 por ciento proviene de ingresos federales; y en el de los municipios, el margen es todavía más estrecho, porque medularmente viven de ingresos federales y estatales.

Municipios, los más afectados

Enrique Vargas del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac), reveló el 14 de julio, en una videoconferencia de prensa, que la mayoría de los municipios podrían considerarse en “quiebra técnica” porque, al mes de mayo, habían padecido una reducción presupuestal de más de 76 mil millones de pesos (mdp).

“Más del 85 por ciento de los municipios están en una quiebra técnica, nada más tienen para pagar sueldos, y en este segundo semestre del año es cuando más se gasta por aguinaldos y los municipios no van a tener para pagar las gratificaciones a las que los trabajadores tienen derecho”, detalló.

Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huixquilucan, Estado de México (Edomex), mencionó que la situación es tan grave que algunos ayuntamientos carecen de dinero, incluso para cubrir los servicios básicos de agua, luz y seguridad pública. Afirmó que éste sería el momento adecuado para definir un plan gubernamental de apoyo a los municipios donde se incluyera el diferimiento de pagos pendientes de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Pero hasta ahora, los municipios más afectados por la crisis económica, de acuerdo con fuentes locales y organizaciones de ediles, se han localizado en los estados de Puebla, Oaxaca y Michoacán, donde la caída de los ingresos presupuestales es mayor, incluso al 40 por ciento. Les siguen los del Edomex, Hidalgo, San Luis Potosí y Guanajuato, que reportan un desplome del 35 y el 40 por ciento.

Los alcaldes poblanos denuncian que, hasta el seis de julio, habían sufrido un recorte de 400 millones 500 mil pesos, que ha afectado directamente a los habitantes de éstos por vía del deterioro o la parálisis parcial de servicios básicos y obras públicas, y apoyos sociales brindados por las autoridades municipales.

El ingeniero Juan Manuel Celis Aguirre, dirigente del Movimiento Antorchista en Puebla, al que pertenecen ediles poblanos, destacó que la reducción presupuestal es histórica por su magnitud y que se hace en un momento crítico como el generado por la contingencia sanitaria. “Dejan sin recursos a decenas de municipios cuyos presupuestos son de por sí muy bajos, y afecta principalmente a los ciudadanos que necesitan atención de sus problemas”, explicó Celis.

Genoveva Huerta Villegas, dirigente panista en Puebla, alertó el ocho de julio que los recortes presupuestales aplicados a los ayuntamientos de la entidad agudizarían el rezago social de los habitantes. Explicó que el recorte presupuestal de hasta el 60 por ciento ha obligado a varios municipios a suspender programas sociales municipales y obras de infraestructura pública y a debilitar las tareas de seguridad pública.

Huerta Villegas advirtió que estas disminuciones colocan a los ayuntamientos al borde del precipicio, porque dependen en un 90 por ciento de participaciones presupuestales de los gobiernos Federal y estatal. Los gobiernos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), denunció, “parecen empeñados en estrangular a los municipios poblanos a pesar de son base política de la estructura nacional”.

Los municipios del Edomex han denunciado también una drástica disminución de sus recursos financieros destinados a servicios básicos desde 2019, de acuerdo con expresiones reiteradas por la presidenta municipal de Ixtapaluca, Maricela Serrano Hernández.

El cuatro de marzo de 2020, Serrano denunció un recorte de 80 mdp al presupuesto integral de su alcaldía; dos más, uno de 10 y 22 millones de pesos, en dos programas específicos y un cuarto de 23 millones relacionado con el apartado presupuestal Ramo 28.

La capital de la República

En el caso de la CDMX, hasta la tercera semana de julio, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) contemplaba un plan para reducir, en las 16 alcaldías, el ocho por ciento, equivalente a tres mil 497 millones 422.7 mil pesos. El argumento, divulgado el 12 de junio, fue que ha habido una sensible baja en la recaudación de impuestos y un alza en los gastos del gobierno central por la crisis sanitaria.

Según el presupuesto aprobado por el Congreso de la CDMX, las 16 alcaldías recibirían este 2020 una cantidad global de 43 mil 717 millones 783 mil 860 pesos, de los cuales mil 420 millones 827 mil 475 pesos están etiquetados como “presupuesto participativo”.

Este programa de gasto se aplica conforme a la Ley de Participación Ciudadana (LPC), la cual establece que son los propios ciudadanos quienes definen a qué obras y servicios deben ser destinados esos recursos. Con la misma práctica con que se saca de una bolsa una cosa para ponerla en otra, los diputados locales morenistas pretendían modificar la LPC para que los alcaldes puedan usar esa partida presupuestal “ciudadana” para sus necesidades políticas.

Esta política ha sido utilizada por el gobierno de AMLO para recortar presupuestos a las administraciones locales y pasar esos recursos a la “bolsa” federal. Por esta misma vía, en 2019, desapareció el ramo 23 del Presupuesto Federal, con el que se aseguraban obras y servicios públicos prioritarios en los municipios.

En un programa de televisión divulgado el ocho de enero de 2020 por Alcaldes TV por Internet, se pronosticó para finales de año una severa crisis financiera en los municipios debido a su problema estructural en la captación de recursos. Esto ocurrió mucho antes de que aumentara la pandemia de Covid-19.

En esa emisión, Salvador Zamora Zamora, alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, (Movimiento Ciudadano), mencionó: “La mayor parte de los municipios no tienen la capacidad de recaudación y finanzas sanas, el trabajo que se hace para ello lleva años para poner en condiciones económicas que puedan enfrentar los recortes federales… la determinación de las reglas de operación de la Secretaría de Hacienda para las aportaciones a los municipios son en función de su tasa poblacional y la actualización es cada cinco o diez años y eso perjudica su crecimiento”.

En esa misma ocasión, Úrsula Carreño Colorado, subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda hasta 2018, hizo un diagnóstico similar: “Se ve complicada la situación para los estados y municipios, sobre todo porque desaparecieron programas de subsidios que tradicionalmente se utilizaban para ayudar a los estados y municipios. A partir de 2019 y también en este 2020, vemos que no existen éstos, que estaban dentro del ramo 23; fortalecimiento financiero, programas regionales, eran tradicionalmente recursos que se iban a infraestructura para estados y municipios, éstos no están contemplados en el Presupuesto de la Federación para el ejercicio 2020; tampoco lo estuvieron en 2019”.

Injusto cambio de reglas

Un número importante de gobernadores estatales y ediles demandan la realización de una Convención Nacional Hacendaria (CNH) lo más pronto posible. El 13 de julio, los integrantes de la Alianza Federalista (AF), integrada por los mandatarios estatales de Chihuahua, Colima, Jalisco, Coahuila, Michoacán, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Nuevo León, Guanajuato y San Luis Potosí, exigieron esa convención para actualizar y definir nuevas reglas con las que se obtengan mayores recursos públicos para sus entidades.

Durante la sesión de trabajo de la AF realizada en Durango, el gobernador michoacano Silvano Aureoles advirtió que, con el esquema de distribución actual, vigente desde el sexenio de José López Portillo (1976-1982), el Gobierno Federal se queda con el 80 por ciento de la recaudación de impuestos y solo reparte el 20 por ciento a estados y municipios. Explicó que con base en este sistema hay entidades federativas que reciben casi 11 mil pesos por habitante, mientras que otras solo perciben cinco mil pesos por ciudadano.

El secretario de Finanzas del gobierno de San Luis Potosí, Daniel Pedroza Gaitán, indicó, el 13 de julio, que los recortes presupuestales aplicados por el Gobierno Federal a los municipios podrían subsanarse, al menos durante este año, con base en la distribución del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) a partir de julio. Este fondo tendría 63 mil mdp, aseguró.

Kristóbal Meléndez, analista del CIEP, explicó a buzos “si hay una caída en las participaciones se compensan con ese fondo. En este momento no se ha utilizado a pesar de la pandemia, pero se espera que cuando los efectos de la pandemia se alcancen a ver, se usarían estos recursos.

“Las participaciones se distribuyen conforme a la recaudación federal participable, si ésta disminuye, automáticamente se ven reducidas. Estos recursos estarían compensados con este fondo (FEIEF), se espera también que se potencialice y que el propio Gobierno Federal contribuya con recursos adicionales a fortalecerlo; entonces, por todo este año estarían respaldados.

“Habrá que esperar a septiembre para ver cómo viene el presupuesto 2021, cuando habría estos recortes; se verían las reducciones, en qué conceptos va a haber ajustes, recortes, y de esa manera se podría ya estimar cuáles son las medidas que se requieren para poder completar los ingresos, si los municipios tendrán que incrementar el predial o si, por los mecanismos que establezcan el Gobierno Federal y las entidades federativas, podrían solventar la crisis”, precisó el especialista.

Los ediles han demandado también que el Subsidio para el Desempeño en Materia de Seguridad (Fortaseg) tenga un incremento de seis mil mdp y que amplíe su cobertura a todos los municipios, ya que no todos lo reciben para afrontar los problemas de inseguridad que se registran en sus territorios.

Belem Barrera González, investigadora especialista en temas de corrupción y seguridad pública, explicó a esta revista que el presupuesto destinado al Fortaseg se ha reducido paulatinamente. “De 2018 a 2019, se redujo 24 por ciento, es decir, se recibió un peso de cada cuatro, una cuarta parte. De 2019 a 2020 se redujo el tres por ciento; es poco, pero al final de cuentas sigue representando una disminución.

“Los recursos de Fortaseg siguen siendo insuficientes para atender la seguridad. Éstos se utilizan generalmente para capacitación e infraestructura, pero quedan desprotegidas otras áreas. Hay algunos municipios que se quedan sin los recursos Fortaseg. Un ejemplo es el municipio de Bocoyna, Chihuahua, en donde se han visto casos de renuncias grupales de policías, 20, luego 40. Son municipios que no reciben recursos de este fondo”.  

Belem Barrera, investigadora de la organización Causa en Común (CC), criticó esta práctica de AMLO, que consiste en “bolsear” a los gobiernos locales sin considerar las afectaciones que provoca en ellos: “actualmente ha habido un problema, porque salió una circular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de que los recursos Fortaseg se podrían utilizar para atender necesidades relacionadas con el Covid-19. El problema que esto genera es que de por sí los recursos Fortaseg ya son muy pocos para los municipios, pues apenas medio les sirven para comprar algunos uniformes y pagar algunos sueldos, ¡y ahora quieren utilizarlos para otras necesidades!”.  

El 22 de octubre de 2019, un centenar de alcaldes se manifestó ante el Palacio Nacional para solicitar audiencia con AMLO, con el objetivo de exponer la delicada situación financiera que enfrentan sus administraciones. Los ediles, de filiación priista, panista y perredista portaron una gran manta con la frase “Salvemos a los Municipios”.

La manifestación fue infructuosa, pues los guardias les arrojaron gas lacrimógeno por debajo de los portones de Palacio Nacional para impedir que intentaran acercarse e insistieran en ser escuchados.

“Siguen echando gas lacrimógeno aquí atrás (de la puerta de acceso al palacio en donde se encontraban) a las y los presidentes municipales, y pueden grabar los medios. Estamos en pie de lucha, que le quede muy claro al Presidente de la República”, señaló en ese momento Enrique Vargas, dirigente de la ANAC.